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ene 31, 2018

La UE da siete días a España para presentar planes creíbles de reducción de la exposición de los ciudadanos a la contaminación


La Comisión Europea reconoce estar «frustrada» por los reiterados incumplimientos en los que ha incurrido el Gobierno español en materia medioambiental. Hasta 24 expedientes permanecen abiertos por incumplir la legislación europea, pero uno preocupa especialmente al equipo del Comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella: La contaminación del aire.

El maltés se reunió ayer de urgencia con los responsables políticos de nueve países de la UE para ponerles un ultimátum sobre la mesa. O presentan en el plazo de una semana planes creíbles para reducir la exposición de los ciudadanos a las partículas (PM10) y el dióxido de nitrógeno (NO2) o acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a solicitar sanciones. «No podemos aplazarlo más. Hoy 400.000 personas están muriendo de forma prematura cada año por el fracaso masivo a la hora de afrontar el problema», denunció Vella ante los responsables de medio ambiente de España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia.

La Agencia Europea de Medioambiente cifra en 23.000 las defunciones anuales que se registran en España por la exposición continuada al PM10 y 6.500 por NO2. Insuficiencias respiratorias, cardiovasculares, problemas de fertilidad, problemas neurocognitivos, obesidad, demencia y alzhéimer son algunas de las enfermedades asociadas a estos agentes contaminantes, «los más graves en términos del daño para la salud humana», según el organismo. Sus efectos también repercuten en la economía. La UE pierde cada año 20.000 millones de euros por el coste de los tratamientos vinculados a la contaminación del aire y la bajada de la productividad de los afectados en el trabajo. La OCDE calcula que en el 2060, los países europeos destinarán una media de 2.300 euros per cápita (2 % del PIB de la UE) a contrarrestar sus efectos.

Hay varios núcleos urbanos españoles en el punto de mira. El área de Avilés (Asturias), la más castigada, y Villanueva del Arzobispo (Jaén) están bajo el influjo del PM10, producido por la industria, la agricultura, el consumo de calefacción y el transporte. Otras siete áreas de la geografía española, entre las que se encuentran Madrid y Barcelona, sufren los efectos de los elevados niveles de NO2 derivados del uso masivo de vehículos diésel.

La Secretaria de Estado de Medioambiente, María García Rodríguez, trató de sacudir las responsabilidades del Gobierno central y apuntó hacia tres frentes: Las Administraciones regionales, los ayuntamientos y los propios ciudadanos: «Hacemos un llamamiento a la colaboración y los gestos de cada uno [...]. Todos podemos ayudar con gestos para el cambio hacia una movilidad más limpia», sostuvo tras el encuentro, al que no asistió la ministra de Medioambiente, Isabel Tejerina. García también trató de minimizar el problema asegurando que «estamos en mejores condiciones que el resto de países», defendió. Bruselas no lo ve así. Las medidas presentadas por cada uno de los nueve países no convencen a Vella: «No son lo suficientemente sustanciales. Los estados miembro tienen la responsabilidad de actuar».

El Gobierno culpa a Carmena y Colau

España "no tiene un problema generalizado" de contaminación del aire. Y los expedientes sancionadores pendientes con Europa por exceso de polución son cuestiones "puntuales" culpa de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Ese ha sido el análisis de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, sobre la reunión convocada por la Comisión para advertir a ocho Estados de que incumplen la normativa sobre calidad del aire. Ella no ha acudido y ha hecho su análisis desde el Congreso de los Diputados.

"Está en manos de sus partidos y confluencias arreglar el problema", ha espetado Tejerina al diputado de Equo, Juantxo López de Uralde en referencia a los gobiernos locales de Manuela Carmena y Ada Colau. El problema, general o parcial, las competencias y las herramientas para afrontar la contaminación, también incumben al Ejecutivo de Mariano Rajoy cuya ministra titular del ramo es García Tejerina.

Expedientes heredados

La Comisión tiene abierto un proceso a España por superar el nivel de dióxido de nitrógeno en Madrid y Barcelona. Son dos puntos –tres diferentes zonas– dentro del territorio. Pero todos los expedientes europeos referentes al NO2, como los que se siguen contra Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, son en puntos concretos: aglomeraciones urbanas con fuerte impacto del tráfico. Los germanos tienen 28 zonas, Francia, 19; Italia, 16; y Reino Unido, 12. "Estamos en mucha mejor posición que muchos de los citados", se contentaba la ministra.

La media de todas las estaciones medidoras de España no llega al umbral máximo general de 40 microgramos de NO2 anuales. Las de Madrid y dos de Barcelona, sí. Y empezaron a rebasar el límite nada más entrar en vigor la obligación, en 2010, con, por ejemplo, Ana Botella (PP) como alcaldesa de Madrid. Botella solicitó una prórroga y remitió un plan de choque considerado inválido por la Comisión Europea.

Sin embargo, otro gas nocivo cuya naturaleza hace que se desplace, el ozono troposférico (03) se extiende por grandes áreas y afecta a prácticamente un tercio de la población española. Más de 10 millones de personas soportan niveles excesivos de este oxidante atmosférico. Las concentraciones están más allá de los permisible en un 30% del territorio, 155.000 km2, según las mediciones oficiales.

Subvenciones a combustibles y pocos impuestos verdes

A pesar de culpar a las capitales de que España haya tenido que soportar un rapapolvo en Bruselas y aludir a que ellos son los responsables de la calidad del aire, el Gobierno tiene mucho margen de maniobra. Los impuestos, sin ir más lejos. España está a la cola de la Unión Europea en fiscalidad verde. Y ha sido amonestada en especial por mantener " subvenciones nocivas para el medio ambiente". ¿Cuáles? La Comisión Europea se lo ha marcado desde hace un año: los combustibles fósiles, el carbón nacional, los automóviles de empresa y los motores diésel, entre otras cosas. Todas relacionadas, precisamente, con la contaminación y la calidad del aire.

Solo para los coches gas-oil, "el diferencial diésel-gasolina no está justificado desde una perspectiva medioambiental", ha explicado la Comisión. Hasta un 26% de diferencia para una tecnología que se ha demostrado como gran emisora de NO2 y micropartículas.

La fiscalidad verde es toda aquella que grava actividades dañinas para el medio. En España ronda el 1,8% del PIB, cuando la media de la Unión supera el 2,44%. El proyecto de Plan Nacional de Calidad del Aire prevé "la creación de un grupo de trabajo (...) enfocado a valorar las diferentes posibilidades que existen en relación a la fiscalidad ambiental". La elaboración de una propuesta está agendada para 2019.

Movilidad

Los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente sí han considerado que el Gobierno puede hacer algo para afrontar la contaminación atmosférica desde el punto de vista de la movilidad. El plan estatal incluye, por ejemplo, mejorar el acceso a las grandes ciudades por las carreteras nacionales mediante el transporte público. Contemplan la creación "si fuese necesario" de carriles reservados. Eso sí, en el plan no hay un presupuesto para acometer obras.

Por otro lado, llama la atención que aparezca un apartado estratégico y específico para la bicicleta, bajo la premisa de "promover el uso habitual de la bicicleta como una alternativa de movilidad dentro de una política de transporte saludable y sostenible", cuando el propio Ejecutivo ha excluido a las dos ruedas del plan de movilidad alternativa, que sí tiene fondos para ayudar a la adquisición de coches o motos ecológicos. Ni siquiera la bici eléctrica ha encontrado acomodo en esos fondos.

Cercanías deterioradas y ayuda para cambiar de camión

El tren es una competencia del Ministerio de Fomento. Sobre todo las Cercanías. De hecho, se admite que "posibilitar mejoras de frecuencias y aumentos de regularidad" es un camino para mejorar la calidad del aire. También anuncian que estudiarán "aumentar la capacidad", es decir, duplicar y prolongar vías y líneas ya existentes. Contrasta con el deterioro del servicio que ha llevado a que 10 millones de pasajeros al año padezcan incidencias en este servicio.

Para lo que sí existen fondos cuantificados es para facilitar la renovación de la flota de vehículos pesados de pymes y empresas de hasta 3.000 empleados. Una línea de crédito de 1.300 millones de euros (el 50% lo aporta el Banco Europeo de Inversiones) para cambiar los camiones o grandes furgones utilizados en su actividad empresarial tanto en el transporte de viajeros como de mercancías.

El caso del amoniaco

Con todo, existe un gas contaminante que supera los límites permitidos por la normativa y no es fácilmente achacable a los grandes ayuntamientos, como ha hecho este martes Isabel García Tejerina. España ha rebasado los topes de emisión de amoniaco año tras año. A pesar de obtener una revisión oficial de los umbrales (a la baja), en 2014 y 2015 ha vuelto a salirse de los límites. El 95% de estas emisiones proviene de la actividad agrícola y ganadera. En especial la cría en explotaciones intensivas de aves y cerdos. De hecho, Medio Ambiente ha registrado una subida del amoniaco por "un incremento de la cabaña ganadera y del uso de fertilizantes inorgánicos".

Los planes del Gobierno son que en 2018 se redacte de un programa de reducción, "previa consulta a los interesados". Tener un texto legislativo en 2019 y aplicarlo en 2020.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente destaca los esfuerzos para mejorar la calidad del aire

La secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, María García Rodríguez, informó ayer al comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, de los esfuerzos llevados a cabo por las administraciones españolas, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, para mejorar en la calidad del aire, así como de los avances logrados en los últimos años.

España ha sido citada, junto a otros ocho países europeos, para detallar la situación de los procedimientos abiertos en materia de calidad del aire. La secretaria de Estado ha explicado al comisario que, en nuestro país, los incumplimientos de contaminantes atmosféricos no constituyen un problema general, sino circunscrito a determinadas zonas geográficas concretas, a diferencia de lo que sucede en otros Estados Miembro. España se encuentra en mejor situación que el resto de países que han sido convocados a la reunión.

ÁREAS MUY LOCALIZADAS Y MENOS INCUMPLIMIENTOS

En concreto, los incumplimientos objeto de dictamen motivado afectan, en lo que se refiere al límite de partículas, a áreas muy localizadas de Asturias y Andalucía. En cuanto a las superaciones de los límites de dióxido de nitrógeno, se producen en la ciudad de Madrid y en Barcelona y en su área metropolitana.

La secretaria de Estado ha resaltado que, “de acuerdo con los informes anuales de evaluación, hemos pasado del total de ocho incumplimientos que se registraban en 2010 a cinco en 2016”. Y, con carácter general, los niveles de contaminantes atmosféricos contemplados en la Directiva de calidad del aire ambiente siguen una tendencia de mejora, tal y como recogen los informes sobre el estado de calidad del aire que elabora España desde el año 2001, con las excepciones ya citadas en determinadas zonas concretas, así como del ozono troposférico.

GESTIÓN REGIONAL Y MUNICIPAL, PRIORIDAD DE GOBIERNO

La gestión y el control de la calidad del aire corresponden en nuestro país a los Ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas, cuyas medidas para avanzar en esta materia ha trasladado la secretaria de Estado al comisario europeo.

A la Administración General del Estado, por su parte, le corresponde la elaboración de la normativa básica, la planificación general, la actualización de la relación de contaminantes y del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras, además de la elaboración de planes estratégicos de alcance nacional.

“La mejora de la calidad del aire, por su importancia para la salud de las personas y la protección de nuestro medio ambiente, es sin duda una cuestión prioritaria para el Gobierno de España, en la que venimos trabajando desde hace seis años, asumiendo importantes compromisos presupuestarios”, ha destacado.

Así, ha recordado que el Gobierno ha destinado más de 1.200 millones de euros desde el año 2012 para renovar el parque móvil e impulsar el uso de vehículos de energías alternativas y eléctricos, y que el pasado 15 de diciembre aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II), con 52 medidas y un presupuesto de 276 millones de euros.

Este Plan, continuación del aprobado en 2013, estará vigente hasta que entre en vigor el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, en el que ya se trabaja. Las medidas del Plan Aire II se agrupan en ocho áreas (información, fiscalidad ambiental, movilidad, investigación, agricultura y ganadería, sector residencial, sector industrial y transporte) y, entre las actuaciones que se incluyen, destacan medidas concretas como la puesta en marcha de incentivos para mejorar la eficiencia energética de los edificios; ayudas para la renovación del parque automovilístico y el fomento de los vehículos de energías alternativas y para la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, así como medidas para mejorar la eficiencia del transporte ferroviario y marino.

MEDIDAS DESARROLLADAS EN LAS CUATRO COMUNIDADES

En relación con las medidas puestas en marcha por las autoridades locales y regionales para lograr mejorar la calidad del aire en sus respectivos territorios, la secretaria de Estado ha informado de que, en Asturias, los incumplimientos afectan a una población inferior a los 130.000 habitantes. Ha destacado que la administración asturiana ha puesto en marcha dos planes de mejora de la calidad del aire (zona central y de Avilés) para reducir la contaminación por partículas en suspensión y la procedente del manejo de graneles en el puerto de Avilés y mejorar la movilidad en la zona.

Además, ha explicado que, según los informes regionales, el problema de contaminación deriva de la inadecuada ubicación de una estación, de manera que se produce una sobreestimación de la medición de partículas en suspensión en la zona de Avilés, por lo que se solicitará a la Comisión el cambio de ubicación.

Por lo que respecta a Andalucía, el incumplimiento de material particulado se centra en un único municipio de apenas 8.400 habitantes, Villanueva del Arzobispo, y deriva de la quema de biomasa en calderas domésticas. García Rodríguez ha trasladado al comisario que el Gobierno autonómico ha establecido mejoras en la planta de biomasa e implantado restricciones de funcionamiento a las industrias de la zona. También está concediendo ayudas para cambio de equipos de calefacción e impulsando medidas de concienciación.

Asimismo, la Junta trabaja en una “Estrategia Andaluza de la Calidad del Aire” y el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo ha iniciado los trámites para su propio plan de calidad del aire.

La secretaria de Estado ha informado también de que, en Cataluña, para hacer frente a las superaciones relativas al material particulado y de dióxido de nitrógeno, la Generalitat puso en marcha en 2014 un Plan de Actuación y el Ayuntamiento de Barcelona está implantando un Plan de mejora y un Programa de medidas. El pasado año, además, se firmó un acuerdo entre Cataluña y 40 entidades locales de la conurbación de Barcelona con actuaciones adicionales al Plan de Actuación Horizonte 2020

Todos estos planes prevén medidas para una movilidad más eficiente y menos contaminante, y también se han adoptado actuaciones para reducir emisiones del sector industrial y eléctrico y se ha aprobado otro Plan de Mejora de la calidad del Aire del Puerto de Barcelona. Como resultado de todo ello, la situación en cuanto a partículas en suspensión en Barcelona y alrededores ha mejorado sensiblemente desde 2010 hasta los últimos datos de 2016, en los que ya no se superan los valores límites de este contaminante y, en cuanto al dióxido de nitrógeno (NO2), se prevé que en 2020 se garantice el cumplimiento de los objetivos.

Por último, en cuanto al problema de NO2 que afecta a la ciudad de Madrid, el Ayuntamiento ha implantado, desde el pasado año, un protocolo que se aplica de forma gradual cuando se producen episodios de alta contaminación por este contaminante. El Plan prevé una inversión de 543,9 millones y, de acuerdo con las estimaciones del Ayuntamiento, permitirá una reducción en la concentración media anual de dióxido de nitrógeno del 23%, alcanzando el cumplimiento en 2020.

Así lo ha transmitido la secretaria de Estado de Medio Ambiente, que ha confiado en que la Comisión tendrá en cuenta los esfuerzos que están realizando las Administraciones españolas para mejorar la calidad del aire y los avances que se han ido logrando en los últimos años.

AVANZAR HACIA UNA MOVILIDAD MÁS LIMPIA

A juicio de García Rodríguez, “la solución al problema de la contaminación atmosférica afecta a muy diversos sectores y su solución requiere la requiere la participación de todas las autoridades competentes y del conjunto de la sociedad”. Es necesario, desde las administraciones, seguir trabajando para garantizar el cumplimiento de los valores límite de los contaminantes atmosféricos, en beneficio de la salud de las personas y del medio ambiente. Así mismo es importante incentivar el cambio hacia una movilidad más limpia y sostenible con la colaboración del conjunto de la sociedad, lo que supone un desafío”.

Finalmente, la secretaria de Estado ha considerado “necesario reforzar los cauces de colaboración entre la Comisión y los Estados Miembros”, poniendo en marcha encuentros bilaterales para conocer, sobre el terreno, los problemas existentes en las zonas afectadas y avanzar en la puesta en marcha de soluciones conjuntas que permitan abordarlos de la manera más eficaz posible.

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