De acuerdo a los informes del Laboratorio de Análise de Radiacións, que depende del departamento de Física Aplicada de la Facultad de Física de la Universidad de Santiago, la medición más alarmante fue de 5.000 y se dio en un almacén donde no hay trabajadores.

En este escenario y tras las exigencias de la oposición, el gobierno de Ourense encargó una segunda medición más exhaustiva y pidió a la empresa Intera, participada por la USC, que elaborase un informe con medidas de mitigación.

Sin embargo, las primeras decisiones de urgencia ante la alarma creada en los diferentes departamentos afectados fue política y supondrá el traslado provisional de una decena de trabajadores, que se encuentran en las zonas más expuestas a este gas radiactivo que emana del suelo y que encuentra en Galicia un escenario propicio para su expansión, según explican los expertos consultados.

Entre el personal que se moverá están alguaciles y los empleados y políticos del grupo municipal de Ourense en Común, que cuenta con tres representantes en la corporación. Su sede se encuentra en el sótano de la consistorial, en un despacho sin ningún tipo de ventilación. Según los análisis realizados sufre una exposición «moderadamente superior a la recomendada».

El resto de medidas serán estructurales y están pendientes de nuevos estudios. Entre las alternativas que se barajan está la búsqueda de ventilación forzada con la instalación de conductos y extractores hacia el exterior o la introducción de aire caliente en invierno. Entre las consecuencias que puede provocar a la salud una exposición prolongada se encuentra el cáncer de pulmón.

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