A través de la llamada Iniciativa Regional para los Gases de Efecto Invernadero, el plan fue acordado este miércoles entre las autoridades estatales de Nueva York, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island y Vermont.

El plan supone un compromiso para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en un 30 % entre los años 2020 y 2030 y la compra en subastas de las emisiones contaminantes que superen los límites establecidos.

El límite de las emisiones regionales se fijaron en unas 78,2 millones de toneladas de dióxido de carbono por año para el 2020 y se habrán de reducir a aproximadamente 55,7 millones de toneladas para el año 2030, lo que supone un descenso del 65 % respecto a los niveles existentes en 2009, el año en que se creó esa iniciativa.

Los estados participantes emplearán "mecanismos innovadores para garantizar reducciones significativas de emisiones de carbono a un precio razonable en la próxima década", trabajando con mercados de energía competitivos y "metas fiables", declaró en un comunicado la presidenta de la junta directiva de la iniciativa, Katie Dykes.

En junio pasado, el presidente Trump anunció la retirada del país del acuerdo climático de París, al argumentar que ese pacto pone en "permanente desventaja" a la economía y los trabajadores estadounidenses, en línea con su filosofía nacionalista.

Al anunciar esa decisión, Trump revocó los compromisos climáticos asumidos por EEUU en el Acuerdo de París, que incluían la meta propuesta por el anterior presidente, Barack Obama, de reducir para 2025 las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28 % respecto a los niveles de 2005.

En varias ocasiones Trump ha puesto en duda el consenso científico de atribuir el cambio climático a las emisiones de dióxido de carbono y otros gases por el uso de combustibles fósiles.

Los nueve estados comprometidos en esta iniciativa, con un producto interior bruto (PIB) de 2,8 billones de dólares, representarían la sexta mayor economía del mundo.

Por su lado, California, con un PIB de 2,5 billones, extendió hasta 2030 su propio programa de reducción de emisiones.

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