En este caso, los derechos de emisión eran perfectos porque las cinco redes denunciadas movían los derechos de emisión informáticamente, no había ni que trasladar la mercancía. Grupos de Paquistán, Inglaterra, Israel, Francia, Líbano y españoles participaron en el lucrativo sistema, según Anticorrupción, que también acusa a dos brókers españoles, aunque estas empresas insisten en que solo hacían de intermediarios y que no podían controlar lo que hacían los compradores.

La Unión Europea creó en 2008 el mercado de derechos de emisión. Grandes centrales eléctricas, cementeras, azulejeras… tenían un cupo para emitir CO2, principal gas responsable del efecto invernadero. Las más eficientes podían vender y quien necesitara emitir podía comprar. Eso creó un mercado virtual, con su bolsa y su especulación… y su fraude. Pronto grandes grupos organizados en toda Europa descubrieron que era perfecto para organizar un fraude típico del IVA: el carrusel.

Una empresa española compra el CO2 a una extranjera, en una empresa que está exenta de IVA. Esa intermediaria es conocida como trucha. Luego lo vende a una tercera empresa española, que sí paga IVA. En ese momento, la trucha debería ingresar el IVA a Hacienda pero lo que hacen realmente es disolver la sociedad antes de que llegue el momento de ingresarlo a Hacienda. Así, la tercera empresa ha pagado el impuesto pero nunca ha llegado a Hacienda. En ocasiones, la mercancía vuelve a ser exportada, por la que la empresa pide que le devuelvan el IVA, por lo que el fraude es doble. Estos fraudes son típicos en productos electrónicos, pero el CO2 era incluso mejor, porque no hay ni que transportarlo ni requería logística. Como el humo.

En octubre de 2009, la Guardia Civil lanzó la operación Blue Sky ['cielo azul'] contra este tipo de fraude. Arrancó con un informe de Europol que había detectado procedimientos similares en otros países europeos. El caso recayó en la Audiencia Nacional que acaba de terminar la instrucción. El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral acaba de presentar la acusación, a la que ha tenido acceso El Confidencial, en la que detalla los delitos contra la Hacienda Pública, de falsedad y blanqueo y de pertenencia a organización criminal en algunos casos.

La acusación cita que un grupo paquistaní cometió un fraude de 12,7 millones; el llamado "grupo inglés" defraudó 19,81 millones; el "grupo israelí" cometió "un fraude a la Hacienda Pública que asciende a 2,8 millones"; al "grupo francés" le atribuye un fraude aproximado de 22,03 millones de euros; al "grupo inglés-2", uno de 4,6 millones; el "grupo libanés" está acusado de defraudar 1,6 millones; el "grupo máximus" defraudó 320.289 euros, y el llamado "grupo importing", 262.672 euros. En total, la cantidad defraudada asciende a 111 millones de euros.

El caso refleja la dificultad para perseguir estos entramados internacionales y, sobre todo, para recuperar el dinero defraudado. Hay 24 acusados que no han sido localizados durante la instrucción; son generalmente testaferros de las sociedades interpuestas y se han esfumado.

La acusación salpica a dos conocidos intermediarios del mercado de CO2. Uno es un antiguo empleado de CM Capital Markets, al que señala por un fraude de 28,3 millones de euros.CM Capital Markets destaca por correo que el caso afecta a un antiguo empleado pero que considera que no hay evidencia de que fuese "consciente de que dichos clientes estuvieran cometiendo ningún tipo de fraude". "Nuestra sociedad manifiesta, tras la investigación interna realizada en su día, su convicción de que, tampoco respecto de la conducta de su antiguo empleado, existe hecho alguno reprochable en su conducta, ni aparece a nuestro juicio que haya intervenido con conocimiento de que los clientes con los que contrataba estuvieran cometiendo o pudiendo cometer ningún fraude, confiando que en su momento quedará declarada su inocencia y será absuelto de todos los cargos", añade por correo un portavoz.

El segundo intermediario acusado es un directivo de SENDECO2, que está acusado de participar "en la ejecución de las acciones necesarias para apoderarse del IVA generado en las operaciones de transmisión de derechos de emisión de CO2 no ingresado al erario público" junto a cinco sociedades. Siempre según Anticorrupción, "el importe aproximado del fraude en el que él ha participado asciende a 18.428.282 euros". Se le acusa de un delito fiscal, uno continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de asociación ilícita. Fuentes de la empresa se muestran indignados con la instrucción. Señalan que pese a imponer todos los controles no podían controlar a los compradores y que incluso habían avisado en la comisión mixta Congreso-Senado del cambio climático que este tipo de fraude podía ocurrir si no se cambiaba la legislación. Dichas fuentes consideran muy duro que en ocho años de instrucción solo hayan podido declarar una vez para defenderse y confían en que se acabe pronto el procedimiento. En la primera denuncia había también intermediarios de Gas Natural, pero durante la instrucción la acusación contra ellos fue archivada.

Leer noticia en fuente original: http://www.elconfidencial.com/espana/2017-06-11/anticorrupcion-acusa-a-cinco-tramas-de-defraudar-110-millones-con-el-iva-del-co2_1391076/