Las dos grandes compañías eléctricas que comparten la gestión de este complejo de producción de energía (dos tercios Fenosa y un tercio Endesa) quieren echar el cierre a la térmica, sin esperar al límite del año 2023 ni agotar su vida útil de 17.000 horas de funcionamiento a las que tiene derecho, desde que las propietarias decidieron no acometer las obras de modernización e instalación de los sistemas de desulfuración y desnitrificación, exigidos por la normativa europea, para evitar las emisiones de gases contaminantes procedentes del azufre y del nitrógeno. Ahora, el Ministerio de Energía dispone de un plazo de nueve meses para responder y tomar la decisión de si autoriza o deniega esa petición, que pretenden hacer efectiva el 31 de diciembre.

La central térmica de Anllares, que tiene una plantilla de 77 trabajadores, se conectó a la red eléctrica española en 1982. Desde entonces, se abastecía, principalmente, de los carbones de las cuencas leonesas del Bierzo y Laciana para producir energía. En los últimos tiempos, añadió mineral de importación a sus mezclas. Actualmente, el parque de carbones dispone de existencias para funcionar durante unos cien días. De momento, la central mantiene en suspenso sus compras de más combustible.

Más incertidumbre sobre el futuro del carbón

La decisión de Gas Natural Fenosa y Endesa añade más incertidumbre para el futuro del carbón y de la generación eléctrica en Castilla y León, donde Endesa también parece tener decidido el cierre de la central de Compostilla, la segunda más grande de España, en junio de 2020. La Junta de Castilla y León había dado por hecho que la térmica de Anllares tenía sus horas contadas, aunque no se esperaban tantas prisas a la hora de apagar la central.

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