Eso sí, Nadal no concretó el contenido de esa normativa y se limitó a indicar que la nueva ley tratará de establecer las condiciones de cierre de las térmicas españolas. El ministro, además, transmitió a la consejera su plena convicción de mantener la central de Andorra para garantizar el suministro eléctrico en el país.

Según informó Gastón tras la reunión, el Ejecutivo central también baraja un plan B si el real decreto ley, que podría estar listo en un plazo de dos meses, no recibe el apoyo del Congreso de los Diputados. Esta alternativa se articularía a través de un decreto que iría directamente al BOE sin pasar por el Parlamento y que trataría de «salvaguardar el futuro de las térmicas como garantes del suministro y por su carácter estratégico», según indicó ayer la DGA en una nota de prensa.

Por todo ello, Gastón salió «moderadamente satisfecha» de la reunión, a pesar de su escepticismo por la «inacción precedente», sobre todo del anterior ministro, José Manuel Soria.

Si los planes del Gobierno central salen adelante, no sería necesario acudir a la Comisión Europea. Hasta ahora una de las alternativas que se barajaban para asegurar la viabilidiad de la planta era que el Gobierno la declarara como «reserva estratégica» para la garantía de suministro del país, una fórmula ya utilizada por Alemania para sus minas de carbón y con la que se podría conseguir el visto bueno de Bruselas a que reciba fondos públicos sin la consideración de ayudas de Estado.

Sea como sea, ahora todo queda a expensas del contenido de la citada normativa, que, en un principio, impediría el cierre de la térmica. Los sindicatos esperan que en este decreto se reserve al carbón nacional un hueco en el mix de generación nacional por razones de seguridad en el suministro y respaldo a las renovables. De ser así, se garantizaría el funcionamiento de la térmica de Andorra y Endesa podría inclinarse finalmente por invertir en la instalación los 180 millones de euros necesarios para adaptarla a la normativa medioambiental europea y prolongar su vida útil. El plazo máximo para cambiar el rumbo es el primer semestre del 2019.

CONFIANZA SINDICAL

«Estamos esperanzados; parece que este ministro quiere apostar por el carbón, aunque vamos a esperar a conocer el contenido de la normativa», comentó ayer a este diario el secretario general de UGT en Teruel y operario de la central, Alejo Galve, quien pudo conversar en la tarde de ayer con la consejera Gastón. La única duda que la propuesta de Nadal genera en los sindicatos es que luego las compañías (Enel, en este caso) pueda recurrir el decreto, lo que demoraría todo el proceso.

De lo que no hay duda es de que el posible cierre de la térmica se ha convertido en un culebrón informativo, donde cada parte juega sus bazas y donde la confusión campa a sus anchas. Ayer, por ejemplo, fuentes del ministerio de Energía aseguraron a este diario que en el decreto no se habla del hueco que puede ocupar el carbón dentro del mix de generación eléctrica del país. En definitiva: habrá que esperar a conocer los detalles de la norma, que se adivina clave para el futuro de los casi 4.000 empleos directos e indirectos que la minería genera en la provincia de Teruel.

Preguntada por la opción de decretar la subasta «desde un euro» de las centrales térmicas de carbón, como afirmó la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, Gastón indicó que dicho punto no formó parte del «núcleo» de la reunión.

Si las medidas que articule esta normativa, que el Gobierno de Aragón conocerá antes de su puesta en marcha, coinciden con la «voluntad compartida» de no cerrar la térmica, el Gobierno de España «contará con toda nuestra colaboración, como hemos dicho siempre», insistió Gastón.

Por su parte, fuentes de Endesa no entraron a valorar la información conocida ayer y reiteraron que la empresa «no puede abordar las inversiones en el actual contexto regulatorio y de mercado».

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