La consejera de Agricultura y Ganadería y portavoz de la Junta, Milagros Marcos, defendió hoy que el caso de las eólicas "no es una trama de corrupción ni administrativa ni política porque no hay dinero público afectado". Así lo señaló momentos antes de inaugurar a 'Marketing & Wine Summit', que se enmarca dentro del Concurso Mundial de Bruselas y que se celebra a lo largo del día de hoy en la Cámara de Comercio de Valladolid.

Allí, Marcos insistió en que la Junta de Castilla y León "no conoce el contenido" del informe de la Fiscalía más allá de lo que han publicado los medios de comunicación, motivo por el cual lo han solicitado al juzgado para conocer en qué se basa la querella. Lo primero, sostuvo la portavoz, es conocer "de primera mano" esa información y si se deriva perjuicio para la Hacienda pública, el Ejecutivo se personaría en la causa.

"Es evidente que no se trata de una trama de corrupción administrativa, ni política porque no hay dinero público afectado", subrayó Milagros Marcos, quien incidió en que los que tienen que emitir dictamen son los jueces y no otras personas porque la Junta lo que quiere es que se depuren responsabilidades "cuanto antes".

Hasta donde sabe el Ejecutivo, continuó, sólo hay una persona afectada en el ejercicio de su labor en la administración, mientras que el resto de implicados "son trámites entre empresas y particulares". "No hay una trama política", reiteró Marcos, para añadir que lo que quiere la Junta es tener la información para ver cómo actuar porque la Junta siempre ha apoyado la investigación y colaborado en todo lo que se les ha requerido.

En todo caso, recordó que se trata de hechos ocurridos hace 14 años donde, al parecer, una personas en el ejercicio de su cargo "no actuó como debiera". Sin tener todos los datos, añadió, parece "complicado" que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, comparezca en las Cortes como han pedido los grupos. "Estos problemas se deben dirimir en los juzgados".

21 imputados y 80 millones de comisiones

Tal y como adelantó El Confidencial la Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juzgado tres años de investigación en lo que se conoce como 'trama eólica'. La investigación parte de un informe de la Agencia Tributaria que detectó el presunto pago de comisiones multimillonarias para facilitar la instalación de parques eólicos en Castilla y León -al menos cuatro de ellos en la provincia de León-.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en Valladolid una querella formal por este escándalo, bajo la sospecha de que altos cargos de la Junta de Castilla y León, especialmente centrados en la figura de Rafael Delgado, mano derecha durante años del consejero Tomás Villanueva, se han enriquecido presuntamente cobrando comisiones millonarias a grandes empresas energéticas como 'peaje' para facilitar la instalación de parques eólicos en la Comunidad.

En la querella figuran en total 21 personas, entre ellos el citado Rafael Delgado o otro alto cargo de la Junta como Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron los parques (cuatro de ellos de Iberdrola), los tres hermanos dueños de la constructora Collosa, una de las mayores de la comunidad, y Carlos Galdón, entre otros. Las comisiones destapadas rondarían los 80 millones de euros.

Según Anticorrupción, Rafael Delgado era quien "exigía" a todos los promotores eólicos "ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40%". Obteniendo así, presuntamente, millonarios beneficios, además de impedir la libre concurrencia de otras compañías. En el caso de León, este método se habría usado en parques eólicos como los de Argañoso, Valdecarrión, Valdeperondo y La Cueza.

Desde el inicio de la legislatura se formó en las Cortes de Castilla y León una comisión de investigación de la trama eólica pero se encuentra paralizada desde hace meses debido a la oposición del PP a continuar las comparecencias y citar a Juan Vicente Herrera, como solicita la oposición.

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