Si hubiera que describir el impacto de la contaminación en el país, un ejemplo sería el caso de Puchuncaví, en la V Región: en los últimos años, decenas de niños han resultado intoxicados por las emanaciones de dióxido de azufre (SO2) y otros gases, provenientes del sector indus- trial. Se debió reubicar la escuela de La Greda y los afectados han sido sometidos a exámenes de salud para definir qué efectos han implicado estas descargas.

La norma elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, que pone un límite más estricto a las emisiones de esa sustancia derivada del petróleo, aún no ha sido aprobada, a pesar de que su revisión se inició en 2010. Lo mismo sucede con otras 14 regulaciones para controlar los índices de contaminación del aire, ríos, lagos y el mar, varias de las cuales fueron calificadas como “prioridad” para la cartera.

Estos cuerpos legales deben pasar por consultas públicas, en las que participan otras reparticiones y el sector privado. Luego son sancionadas por un consejo de ministros.

Las normas se comenzaron a analizar durante el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, pero aún no son aprobadas.

Los proyectos que llevan un mayor tiempo en tramitación están destinados a la protección de los ríos Elqui, Aconcagua y Rapel. Establecen concentraciones máximas para evitar que se ponga en riesgo el ecosistema.

Rodrigo Weisner, ex director de la Dirección Nacional de Aguas y abogado especialista en esa área, explica que “ejecutar un estudio sobre una cuenca conlleva presupuesto, pero los organismos públicos no tienen recursos para eso. No se protege la calidad de las aguas”. Agrega que la discusión se puede entrampar, pues cualquier cambio “acarrea un costo económico para las empresas”.

Dice que hay 200 ríos importantes que deberían tener protección en Chile, pero sólo ocho la tienen. Respecto de la tramitación de las normas, el Ministerio de Medio Ambiente informó que “la mayor parte corresponde a procesos de revisión o actualización de normas vigentes”. Se añadió que cuando “culmine este gobierno se habrán publicado o estarán en su fase final de tramitación proyectos relacionados con el SO2, MP 10, norma de calderas y para el ruido de buses”.

Tope de emisiones

La revisión de la norma para controlar el dióxido de azufre es emblemática: el gobierno y la industria difieren a la hora de fijar cuántas veces por año se puede sobrepasar el límite autorizado.

Tito Pizarro, jefe de la División de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, afirma que su cartera propone que no pueda haber más de 24 eventos anuales, mientras que los privados sostienen que deberían ser 88 ocasiones. “Es muy relevante que se llegue a un acuerdo, porque está en riesgo la salud de las personas”, dice el experto, quien participó en la Comisión de Salud del Senado, donde los parlamentarios llamaron a aprobarla con urgencia. Pero no hay fecha para votarla.

El académico de la Escuela de Ingeniería UC y especialista en economía y política ambiental, Luis Cifuentes, sostiene que este tipo de iniciativas han demorado “15 años en estudio, como es el caso de la norma de material particulado fino”. ¿Por qué la dilación?: “Ha habido oposición de las principales fuentes emisoras y de la industria del transporte, porque no querían una norma adicional”. Pese a ello, Cifuentes afirma que regular estas sustancias “es correcto, porque son peligrosas”.

Ernesto Gramsh, autor del inventario de emisiones e investigador de la U. de Santiago, añade que “si se aprueban estos proyectos, no sabemos cómo van a fiscalizar y qué multas habrá asociadas”. Apunta que el presupuesto de la Superintendencia de Medio Ambiente para que la norma funcione es bajo: “Debemos confiar en la autorregulación”.

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