Desde esta ciudad de Michigan, considerada la capital americana del automóvil, el mandatario estadounidense anunció que se examinarán los objetivos fijados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) para el periodo 2022-2025, y la apertura de un nuevo periodo de consultas.

Trump anunció su cancelación y denunció la decisión «de última hora» de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de su antecesor, el demócrata Barack Obama, quien hizo de la lucha contra el cambio climático una de sus prioridades.

«Nos aseguraremos de que toda nuestra legislación proteja sus empleos y sus fábricas», garantizó.

Los dirigentes de los grandes grupos automovilísticos «aplaudieron» esta decisión, que ellos mismos habían solicitado en un correo al nuevo presidente hace algunas semanas.

«Al final, estas decisiones tienen un impacto en los más de 7 millones de estadounidenses cuyos empleos dependen del sector automotor», subrayaron en un comunicado.

La ley CAFE (Corporate Average Fuel Economy) impone a los constructores de Estados Unidos una media de consumo por milla recorrida para el conjunto de sus firmas. Este texto los obliga a fabricar modelos moderados para poder seguir vendiendo sus productos más jugosos, como los SUV o los pick-up.

La Casa Blanca afirma que las normas fueron impuestas a toda prisa por la administración Obama, sin tomar en consideración las realidades del mercado, las limitaciones de varios actores del sector y las expectativas comerciales.

Por su parte, las organizaciones de defensa del medioambiente denunciaron la iniciativa de la Casa Blanca, que consideran un paso atrás en la lucha contra el cambio climático.

«No hay duda de que las normas actuales son razonables y realizables», consideró Kristin Igusky, del World Resources Institute. «El sector de los transportes superó al de la energía como principal fuente de contaminación en Estados Unidos», añadió.

El jefe de los senadores demócratas, Chuck Schumer, denunció un «asalto» del gobierno contra las normas medioambientales, que «reducen la dependencia energética del país, crean empleos y permiten luchar contra el cambio climático y la contaminación del aire».

Desde que asumió el poder en enero, Trump ha reiterado su intención de quitar una cantidad de regulaciones ambientales que considera inútiles, argumentando que dañan la creación de empleos en el país.

Scott Pruitt, ex fiscal general de Oklahoma, era uno de los más duros oponentes de la EPA antes de ser designado por Trump para encabezar la agencia.

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