La investigación es por "engaño en las calidades sustanciales y los controles efectuados", con consecuencias y efectos "peligrosos para la salud". El caso viene derivado de los resultados de la Commission Royal, promovida por la Ministra de Ecología francesa, Ségolène Royal.

Esta comisión independiente, nacida tras el estallido del dieselgate, ha puesto en el punto de mira 100 modelos de diferentes marcas que venden en Francia, pero en condiciones reales (las homologaciones se realizan con pruebas de laboratorio. En julio de 2016 publicó una serie de conclusiones que evidenciaron que varios constructores, entre ellos Renault, excedían las emisiones permitidas. Los modelos que presentaban una mayor diferencia entre los niveles homologados y aquellos tomados en condiciones reales fueron los Captur y Espace.

A principios de noviembre, la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF), dependiente del Ministerio de Economía, comunicó los resultados a la fiscalía parisina. Este órgano es el mismo que en enero de 2016 registró la sede de Renault y varios centros técnicos del fabricante en París, en busca de pistas sobre supuestos dispositivos para manipular emisiones.

El caso provocó un terremoto bursátil que llevó a la firma francesa a perder 2.600 millones en Bolsa. Las consecuencias de la apertura de una nueva investigación también se están dejando sentir. Renault llegó a perder un 4% durante la sesión. A las 15:00, registraba la caída más grande del índice CAC 40 (-1,91%, a 84,6 euros el título).

Las justicia francesa tratará de determinar si Renault instaló en sus motores "algún dispositivo para ocultar, en las pruebas de laboratorio, el volumen de contaminación" y si los motores diésel objeto de las pesquisas son peligrosos para la salud de "las personas y de los animales", según fuentes de la investigación.

Este frente se abre en una semana de trajín para diferentes compañías en el plano de las emisiones contaminantes. Este jueves, EEUU acusaba a FCA de manipular las emisiones de 104.000 unidades de Jeep Grand Cherokee y Dodge Ram 1500 fabricados entre 2014 y 2016. El miércoles, Volkswagen se declaraba culpable del fraude de emisiones en EEUU y aceptaba una multa de 4.300 millones de dólares.

Renault: "Nuestros vehículos son legales"

En un comunicado, tras la decisión de la Fiscalía francesa, el Grupo Renault dice que "toma nota" de esta información e indica que aún no ha tenido notificación del asunto. La compañía gala dice que los Ministerios franceses de Economía e Industria han anunciado la finalización de sus investigaciones sobre los motores de Renault y transmitido vía verbal sus conclusiones al Tribunal de Nanterre, que ha enviado a su vez el expediente al Tribunal de París.

Renault asegura que "respeta la legislación francesa y europea", y que sus vehículos "han sido siempre homologados respetando las leyes y a las reglamentaciones en vigor". "Los vehículos Renault no están equipados con software fraudulento que afecte a los sistemas antipolución", señala.

La empresa también dice que "los Estados, la Comisión Europea, las autoridades responsables de la reglamentación y los fabricantes de automóviles comparten la opinión de que es necesario reforzar los requisitos de la normativa aplicable", y señala que "este es el objetivo del futuro Reglamento Euro6".

En enero de 2016, tras la investigación antifraude, Renault se comprometió a ajustar el sistema de filtrado de más de 15.000 unidades del todocamino Captur, que se ensambla en Valladolid. En marzo inició un plan de acción para reducir los óxidos de nitrogeno (NOx),"que ha sido considerado transparente, satisfactorio y creíble", según la firma.

El mes pasado, la Alianza Renault-Nissan destituyó a Alain Raposo, responsable mundial de la división automotriz, por el "lento progreso en materia de motorizaciones hacia las nuevas exigencias de la Unión Europea".

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