En una pregunta parlamentaria escrita, la diputada de Equo recuerda que la ley 34/2007 de calidad del aire y de protección de la atmósfera, establece en su artículo 7 las obligaciones que se imponen desde la Administración General del Estado y señala que “las dimensiones y la gravedad de este problema exige la implicación de las administraciones públicas a todos los niveles”.

Ante el agravamiento de la calidad del aire en muchas ciudades españolas, Martínez, “exige además que el Gobierno asuma su responsabilidad para obligar al cumplimiento de la legalidad y buscar soluciones para mejorar la calidad del aire y la salud de la ciudadanía”.

En la pregunta recuerda además que durante la legislatura del Partido Popular en 2013, el Consejo de Ministros acordó la aprobación del Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan AIRE) que ya ha expirado, por lo que reclaman “un nuevo plan con objetivos más ambiciosos, mecanismos eficaces de control y recursos para su aplicación”.

Plan contra la contaminación

El pasado diciembre la calidad del aire y la contaminación en ciudades como Madrid obligo a establecer por primera vez medidas de circulación de vehículos en función de su matricula (par o impar) para rebajar los niveles de contaminantes (fase 3 del protocolo anti contaminación).

Además recuerda que el Defensor del Pueblo inició una actuación de oficio ante 14 municipios españoles (A Coruña, Avilés, Barcelona, Bilbao, Ciudad Real, Granada, León, Madrid, Murcia, Santander, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza) para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana.

En el escrito se pregunta también sobre la última vez que se revisó la relación de contaminantes, incluidos en el anexo de la Ley de 207 y cuanto se establecieron objetivos de calidad del aire y sus plazos para alcanzarlos.

Pregunta además sobre si el futuro plan se dotará de recursos económicos para que CCAA y ayuntamientos adopten las medidas necesarias para reducir los niveles de contaminación, así como otras cuestiones como por qué el gobierno eliminó del impuesto de sociedades las deducciones por inversiones ambientales.

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