Por segunda vez en 18 meses, la máxima autoridad judicial ha dado la razón a la ONG ClientEarth en el pleito abierto contra el Gobierno para reclamar el endurecimiento y el cumplimiento de las leyes para prevenir la muerte prematura de hasta 50.000 británicos al año por la contaminación urbana, considerada una alerta de sanidad pública.

El acalde de Londres, Sadiq Khan, ha respaldado a ClientEarth en su pulso contra el Gobierno y ha celebrado el fallo del Supremo, que podría fijar un calendario para imponer medidas dráticas como la prohibición de la circulación por el centro de la ciudad de vehículos Diésel, considerados como responsables del 40% de la emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2).

En Oxford Street, la calle más contaminada de la capital británica, llegó a registrar el año pasado niveles de de 135 microgramos por metro cúbico de NO2 (cuatro veces más que el máximo de 40 microgramos recomentado por la UE). El alcalde de Londres ha anticipado su intención de cerrar al tráfico la emblemática calle, acelerar la creación de una zona de Emisiones Ultrabajas e introducir un "peaje de toxicidad" para disuadir a los vehículos más contaminantes.

"El tiempo para la complacencia ante la contaminación se ha acabado", ha declarado Sadiq Khan, que sufre asma desde niño por exposición a la mala calidad del aire. "El Gobierno tiene que actuar de una manera rápida y creíble".

"Los británicos no pueden esperar", proclamó por su parte James Thornton, al frente de ClientEarth, el grupo que ha puesto la contaminación en primer plano de la agenda política. "Necesitamos acciones urgentes, empezando por una legislación más dura contra los vehículos diésel. En menos de dos años podríamos disponer de una red nacional de "zonas de aire limpio"".

ClientEarth logró una primera victoria en los tribunales en abril del 2015, pero las legislaciones aprobadas desde entonces han sido declaradas como "insuficientes" por el Supremo. Durante el juicio salieron a la luz documentos internos que demuestran cómo la Secretaría del Tesoro bloqueó la propuesta del Departamento de Transporte para imponer un "peaje" a los vehículos Diésel en las ciudades.

Otros documentos revelan cómo el plan para rebajar las emisiones máximas de NO2, de dióxido de azufre y de partículas de suspensión en Londres para el 2020 fue pospuesto hasta el 2025 (el límite justo para evitar las sanciones de la Unión Europea). ClientEarth ha expresado también el temor de que el Brexit sirva como excusa bajar la guardia en la lucha contra la contaminación.

La doctora Penny Wood, al frente de la British Lung Foundation, que también se sumó al pleito contra el Gobierno, ha celebrado la decisión judicial y ha reclamado "una nueva ley del aire limpio que limite la circulación de los vehículos más contaminantes y proteja la salud de los ciudadanos".

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