El precio de la tonelada de CO2 casi se ha triplicado en un año al pasar de 6 a 21 euros en el mercado de compraventa de derechos de emisión de contaminantes.

La Administración cifra en menos del 1% del producto interior bruto (PIB) las pérdidas causadas en España por el gasto que supone para las empresas entrar en el nuevo mercado europeo de permisos de emisión de dióxido de carbono (CO2), paso inevitable si quieren evitar las fuertes multas previstas para las que rebasen los límites de contaminación permitidos.

Por su parte, las industrias afectadas denuncian que las eléctricas y las petroleras, principales usuarias de esa bolsa, están «especulando» con ellos, lo que ha contribuido de forma decisiva al encarecimiento en un 233% del precio por tonelada. Las autoridades energéticas del Gobierno confían en que la puesta en marcha, en principio para la próxima primavera, de la primera bolsa española de derechos de emisión de CO2 ayude a reducir esos costes. A ella podrán acceder las 1.060 empresas afectadas por el Plan Nacional de Asignaciones, a las que sólo se exigirá que se inscriban antes en el Registro Nacional de Derechos de Emisión (Renade), soporte principal del nuevo mercado, que tendrá su sede social en Barcelona y pretende ser un referente para las regiones mediterráneas.

Las ofertas y las órdenes de compra se podrán cursar por internet, como ocurre en el mercado comunitario oficial y en otras instituciones similares, como la alianza Climex –en elque participan varias bolsas europeas–, donde intercambian sus derechos compañías de España, Holanda, Hungría, Reino Unido, Italia y Portugal. La principal duda para las industrias afectadas radica en saber si este tipo de iniciativas lograrán acabar con los movimientos especulativos que achacan al sector energético, algo en lo que no son precisamente optimistas.

Cementeras y papeleras son las más críticas con la actuación de las eléctricas –Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, EDF y RWE– y las petroleras –sobre todo, BP y Shell–, a las que acusan de comprar «muchos más derechos –entre cinco y diez veces más– de los que realmente necesitan para cumplir con Kioto». Argumentan que estas empresas pueden trasladar después los costes añadidos a los precios de sus productos (luz y carburantes), cosa que para ellas resulta «imposible» al estar sometidas a la competencia internacional. Las industrias no eléctricas recuerdan que la propia Comisión Europea ha lamentado en varios de susúltimos informes que en el mercado eléctrico de la UE, en proceso de liberalización, apenas hay competencia y ésta ni siquiera existe con los rivales de otros países. Además de repercutir repercutir costes en los precios de sus servicios, la intervención de las compañías energéticas –según el resto– ha provocado que el precio de la tonelada de CO2 casi se triplique, al pasar de 6 euros hace un año a los actuales 21 euros que se pagan de media por esa cantidad en la bolsa de derechos.

A nivel europeo

Según las cuentas que manejan las empresas afectadas por las restricciones de Kioto –que, por otro lado, aún esperan una normativa contable específica sobre cómo computar este tipo de gastos en los balances–, sus inversiones para la compra de derechos de emisión se ha duplicado con creces, al pasar de 90 millones de euros amás de 220 millones. Un informe oficial de Hacienda, sin embargo, reduce sus pérdidas –y, en consecuencia, las de la economía española por este asunto– a un nivel situado entre el 0,42% y el 0,71% del PIB, en función de las variaciones registradas en 2005 del precio por tonelada de CO2.

A nivel europeo, las empresas incluidas en el sistema de comercio de emisiones de CO2 de la UE intercambiaron el pasado año derechos de emisión equivalentes a unos 260 millones de toneladas por valor de cerca de 5.000 millones de euros, según la Comisión Europea. El comisario europeo de Medio ambiente, Stavros Dimas, indicó que las políticas ambientales adoptadas y previstas deberían permitir a la UE reducir entre 2008 y 2012 un 1,3% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990.

 Fuente: Diario de Navarra

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