Grandes propietarios, vehículos contaminantes y autocares de turistas. Son los colectivos sobre los que el proyecto de ordenanzas fiscales del gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha fijado para subir impuestos. El proyecto prevé un nuevo sistema variable de tarifas de aparcamiento para no residentes en función de las emisiones y tamaño de los coches y de si hay un episodio de contaminación en la ciudad.
El ejecutivo crea una nueva tasa para los autocares que aparcan en Montjuïc y sube la tarifa de los aparcamientos de la Sagrada Familia y el Park Güell. Y las ordenanzas prevén mantener la congelación del IBI salvo a los grandes propietarios.
El proyecto lo han presentado el concejal de Presidencia, Eloi Badia, y el gerente de Economía, Jordi Ayala, que han recordado que afronta ahora un "circuito muy largo, de casi dos meses", para conseguir los apoyos políticos necesarios para aprobarlo. En varias ocasiones en han subrayado la necesidad de negociar, dando por sentado que se abre ahora una negociación que probablemente será a la baja.
Badia ha destacado lo que ha calificado de "fiscalidad ambiental" y ha calificado las nuevas tarifas de la zona azul de "peaje de llegada". "Si ciudades como Estocolmo o Londres tienen peajes de entrada para vehículos contaminantes, nosotros lo implantamos de llegada", ha dicho sobre una medida que contempla que los vehículos que más contaminan y emiten mayores emisiones paguen más.
"Se trata de ser referentes y cumplir con el Plan de Movilidad Urbana", ha insistido sobre unas tarifas que pueden llegar a costar casi seis euros a la hora: lo que pagaría un coche grande y contaminante en un día de contaminación. De media, en los últimos años la Generalitat decreta unos tres episodios de contaminación a lo largo del año.
Para poder cobrar estas nuevas tarifas variables el Ayuntamiento reemplazará los parquímetros, lo que costará 18 millones de euros. Los antiguos han llegado al final de su vida útil y los nuevos incluirán la posibilidad de introducir la matrícula del coche, con lo que podrán calcular su tamaño, antigüedad y emisiones.
Las ordenanzas fiscales y las tasas públicas son una de las principales herramientas de financiación del consistorio. Este año aportarán unos ingresos de 1.200 millones de euros, el 40% de los 2.800 millones de ingresos del Ayuntamiento. Hace un año, en el primero del mandato de Colau, aprobarlas resultó un culebrón que pasó incluso por episodios como la retirada del proyecto en el pleno de octubre, ante la falta de apoyos.
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