La Eurocámara respaldó -con 618 votos a favor, 26 en contra y 7 abstenciones- un informe preliminar de la comisión de investigación creada en diciembre para esclarecer el escándalo y orientada, en particular, a dilucidar la actuación de la Comisión Europea (CE) y de los Estados miembros en el escándalo automovilístico.

En el informe, que deberá completarse con otro final en marzo de 2017, los parlamentarios piden al Ejecutivo comunitario documentos sobre los sistemas de medición y detalles del grupo de trabajo sobre los procedimientos de aprobación de los vehículos.

La comisión de investigación, en la que han participado 37 expertos, se creó a propuesta del grupo de Los Verdes europeos cuando se desveló la existencia de dispositivos para enmascarar el nivel real de emisiones contaminantes en los vehículos de Volkswagen.

El objetivo de los eurodiputados es determinar si la Comisión Europea o las autoridades nacionales conocían la existencia de estos dispositivos y aclarar por qué no reaccionaron ante la diferencia de datos entre las pruebas efectuadas en laboratorio y en condiciones reales de carretera.

La CE confirmó que estaba al tanto de que los test arrojaban datos distintos pero aseguró que estas diferencias no tienen por qué deberse a la existencia de un fraude, un asunto sobre el que los eurodiputados han encargado un informe detallado.

Durante el debate previo a la votación, el eurodiputado del Partido Popular (PP) Pablo Zalba, ponente del informe, destacó que Europa debe introducir las "pruebas más estrictas del mundo sobre emisiones de los automóviles, para proteger la calidad del aire y por tanto la salud de los ciudadanos europeos".

"Esta crisis es una oportunidad para adaptar la industria automovilística europea al siglo XXI y asegurar un futuro mejor a los doce millones de familias de los trabajadores de los fabricantes de coches", afirmó.

El liberal holandés Gerben-Jan Gerbrandy, también a cargo del informe, señaló que la cooperación con la Comisión ha mejorado desde el verano y explicó que los próximos meses el trabajo se centrará en la responsabilidad de las autoridades nacionales.

"La democracia europea también implica que los gobiernos han de rendir cuentas en Europa" subrayó.

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