El Estado asegura, a través de un documento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) como respuesta al ultimátum de la UE para que adopte medidas, que tiene un programa con 43 actuaciones a culminar de ahora hasta 2027, presupuestadas en 430 millones y entre las que destaca que ya ha ejecutado la compra de una finca y el cierre de 50 pozos de los 400 previstos.

La CHG ha elaborado en 43 páginas la respuesta a la Comisión Europea, que emitió el 28 de abril un severo dictamen motivado (última fase de un procedimiento de infracción que puede terminar en demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE) por la “sobreexplotación de los acuíferos” de Doñana y el “consiguiente deterioro de hábitats y ecosistemas” en zonas protegidas. En el dictamen de la UE, la Comisión daba dos meses de plazo para adoptar las medidas necesarias.

El dictamen incluye 100 consideraciones entre las que se pone en duda la eficacia de las medidas emprendidas, su rigor científico y hasta el presupuesto previsto. La resolución pone fin a un largo proceso que arrancó en 2009 y considera que existe sobreexplotación de los recursos hídricos imprescindibles para Doñana así como el deterioro de las zonas protegidas.

Aunque la Delegación del Gobierno no ha respondido a las demandas de información de este medio, El País ha tenido acceso al documento elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), máximo responsable del Gobierno en la gestión del agua en la zona. Son 43 páginas con alegaciones en las que asegura haber programado 43 intervenciones y achaca parte de la situación al cambio climático.

En este informe, se esgrime que “no puede descartarse que el proceso de cambio global impulsado por el cambio climático esté teniendo ya un reflejo directo en Doñana”. Las consecuencias del mismo en los últimos 32 años han sido, según el informe: una disminución del 0,5% de la precipitación media anual, aumento de la temperatura entre abril y junio de un grado cada 13 años, un 0,6% de disminución de la superficie inundada y un aumento del 1% anual de la masa vegetal en el cordón dunar que ha favorecido la evaporación.

La CHG niega que haya habido un incremento del riego ilegal este año en relación con 2015 y defiende que se han desmantelado 50 pozos de los 400 previstos. De estos, 11 corresponden a Los Mimbrales, una finca adquirida por la Administración en Huelva, por la que ha pagado 50 millones de euros y que exhibe el organismo de cuenca como una de las medidas ya ejecutadas.

Trasvase pendiente

Pero la clave para evitar la utilización del agua subterránea de la zona en la pujante agricultura onubense son los trasvases previstos: 4,99 hectómetros cúbicos de la cuenca atlántica andaluza y uno más de aguas superficiales que, unidos a los que se pueden distribuir con infraestructuras propias, darían agua a 724 hectáreas. Hay una comisión mixta de gestión creada desde el 18 de enero, pero el trasvase no se ha ejecutado.

La Confederación descarta que la presión urbanística y turística (el parque rodea el enclave turístico de Matalascañas) afecte a Doñana porque el agua se extrae de un acuífero a 100 metros de profundidad, “separado del que suministra a las lagunas”, según el organismo.

También promete el Gobierno a la UE incorporar entre este año y el próximo de una técnica de “teledetección de regadíos” tras afirmar que se han llevado 209 inspecciones y sanciones en 700 de las 900 hectáreas que, según admite el texto de alegaciones, “no cumplen el Plan Especial de Ordenación de Regadíos”. El objetivo para el próximo año es la “eliminación total” del riego fuera de los suelos agrícolas regables, asegura.

El dictamen de la comisión desconfía tanto del plan de regadíos como de la nula incidencia de la presión urbanística. Del primero afirma que “no es suficiente” para resolver la sobreexplotación y degradación de hábitats, que es “vago” y que “ninguna de las medidas se ha puesto en práctica desde su adopción en 2014”. Sobre el desarrollo urbano, la UE lo señala como “principal factor” de extracción de la masa de agua en algunos sectores.

El dictamen de la comisión

La Comisión de la UE ha sido tajante en su dictamen y considera que España ha incumplido las obligaciones que le incumben por no adoptar las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de las masas de agua subterránea de la comarca de Doñana, por no haber caracterizado aquellas que presentan riesgo y por no establecer medidas “básicas y complementarias adecuadas” en relación con la sobreexplotación de los acuíferos.

Del mismo modo, la Comisión también acusa a España de incumplir sus obligaciones para evitar el deterioro de los hábitats naturales y los de las especies que motivaron la designación de los espacios de Doñana como zonas de especial protección para las aves (ZEPA) y lugares de interés comunitario (LIC).

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