Han pasado ya seis meses desde que trascendiera el denominado Dieselgate, el escándalo por el trucaje de emisiones protagonizado por Volkswagen y que ha ido acumulando capítulos en una temporada que parece no tener fin. Estados Unidos, como personaje principal de esta historia, ha emprendido acciones judiciales mediante diversos organismos contra la compañía mientras actores secundarios como Alemania, Francia o Reino Unido se han movido para realizar investigaciones sobre las emisiones contaminantes en otras marcas y vehículos.

En España por el momento hay abierta una investigación en la Audiencia Nacional después de que se querellaran varias asociaciones, entre ellas Manos Limpias. El resultado es que no se ha tomado ninguna medida adicional que dé soluciones a los clientes afectados. La compañía había dicho además que las revisiones a los vehículos iban a ser en marzo pero los propietarios no han vuelto a tener noticias. Solo la iniciativa privada ha impulsado acciones contra la empresa alemana y la Administración no da muestras de querer investigar el fraude de los motores trucados.

¿Qué está pasando en España?

El magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar la manipulación de los motores diésel del fabricante. Para ello ha pedido información a los ministerios de Industria y Agricultura, además de a la propia compañía. Sin embargo, la complejidad del caso ha hecho que la instrucción haya ampliado su plazo para recabar información de 6 a 18 meses.

Para defenderse, Volkswagen en España ha optado por echar balones fuera a la matriz alemana y ha aprovechado la presencia de dos fábricas en Landaben y Martorrell para presionar al Gobierno español. Así lo demostraron los documentos publicados por El Español, en los que la compañía exigía al ya exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, autorizar los motores trucados a cambio de mantener las inversiones previstas en sus plantas.

Lo único que está en pie por el momento son unos test que está llevando a cabo Industria y que fueron impulsados cuando saltó el escándalo, pero que fuentes ministeriales califican de "proceso lento". Según informan desde la institución, hasta la fecha se han realizado ensayos en 11 vehículos de cinco fabricantes diferentes pero se van a analizar varias marcas y modelos más, con el fin de obtener información completa sobre las emisiones de óxido de nitrógeno de los vehículos que circulan en España.

Preguntado por investigaciones concretas sobre Volkswagen, Industria afirma que se pidió el listado de vehículos afectados, pero que las reclamaciones las tienen que hacer los clientes de coches trucados.

Volkswagen España, con el que este diario ha tratado de ponerse en contacto, habló en un primer momento de llamar a revisión a todos los vehículos afectados en marzo pero a día de hoy están paralizadas, tal y como aseguran varias asociaciones de consumidores. La patata caliente de las reclamaciones queda en manos de los clientes afectados, que deben organizarse para hacer fuerza y exigir sus derechos frente a Volkswagen. Facua ha creado una plataforma de afectados que supera las 40.000 personas y más de 4.000 reclamaciones tramitadas.

El 11 de enero estaba previsto el acto de conciliación en la demanda conjunta presentada por la plataforma Reclamador contra el grupo Volkswagen. Finalmente, Seat, la filial española del grupo, no se presentó ante el juzgado. Al no llegar a acuerdo, Reclamador amenazó con presentar en febrero una demanda contra la compañía que a día de hoy no han tramitado, a la espera de "cómo se desarrollen los acontecimientos" según confirman desde la propia plataforma.

Ángeles Castellano, portavoz de Facua, centra la denuncia en dos aspectos. "El agravio comparativo entre los europeos y estadounidenses, a los que se va a compensar económicamente" y "la falta de actividad de las autoridades españolas". Sobre este último punto denuncia que "las autoridades no están actuando mucho, en Estados Unidos sí lo hacen y ya reciben resultados, pero en Europa hay una pasividad absoluta en general y en España en particular".

En diciembre Volkswagen comenzó a ponerse en contacto con los clientes afectados por los motores trucados, a los que ofrecieron como medidas para subsanar el fraude actualizar el software e instalar un estabilizador de flujo en el aire acondicionado. Inmediatamente después Facua advirtió a los consumidores que llevaran los coches solo si se les garantizaba por escrito que las características del coche no fueran alteradas. En este punto incide Castellano, quien explica que "aunque lo hemos exigido varias veces, Volkswagen sigue sin garantizar por escrito este punto".

Las demandas en Estados Unidos

La Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA) fue el organismo que hizo salir a la luz las manipulaciones, y que ha puesto contra las cuerdas a la multinacional alemana. A esta se suma una querella interpuesta por la Comisión Federal de Comercio. Con su actuación el organismo busca una orden judicial federal para exigir compensaciones a los consumidores que compraron o arrendaron vehículos de las marcas Volkswagen y Audi afectados por el fraude entre finales de 2008 y finales de 2015, así como una orden judicial para impedir que Volkswagen vuelva a utilizar los sistemas fraudulentos.

Paralelamente a los procesos judiciales, las negociaciones entre la compañía y los afectados se han prolongado durante estos meses. El último movimiento de la compañía ha sido el de comprometerse a compensar a los dueños de 600.000 coches trucados recomprando o reparando los vehículos afectados. En previsión de los gastos que puede acarrear el escándalo, la compañía ha doblado las provisiones, dinero que apartan las empresas de las cuentas por posibles pérdidas futuras, hasta alcanzar los 16.200 millones.

¿Y en Europa?

La Comisión Europea ya ha pedido a la compañía que compense a los clientes afectados en Europa del mismo modo que a los estadounidenses pero Volkswagen aseguró ayer mismo que no tienen intención de pagar. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, las class actions -demandas colectivas- suelen tener más fuerza y una mayor cabida en la legislación para acciones de este tipo.

El escándalo de las emisiones trucadas de Volskwagen ha abierto un debate comunitario respecto a cómo se miden las emisiones de los vehículos y ha llevado a que algunos gobiernos decidan ampliar las investigaciones a otros modelos y fabricantes. En Alemania se ha llamado a revisión a los vehículos de las cinco principales marcas del país: Audi, Porsche, Mercedes, Volkswagen y Opel. En total, 630.000 unidades deberán pasar el estudio elaborado por el Ministerio de Transportes germano. Ya desde noviembre la institución informó de valores de emisiones por encima de lo estipulado en varios fabricantes para advertir posteriormente de que habrá "consecuencias legales".

A Reino Unido la situación desencadenada por Volkswagen le ha servido como acicate para investigar los vehículos diésel que circulan por sus carreteras, con el fin de conocer las emisiones reales de los mismos. Un estudio elaborado por el Departamento de Transporte del país, según The Guardian, ha mostrado que algunos vehículos pueden emitir hasta doce veces más del máximo de la UE, según los resultados de estos análisis.

Francia también ha decidido investigar a través de su Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes todo el sector automovilístico para detectar prácticas fraudulentas. Sus últimos pasos le han llevado a hacer un registro en las oficinas del PSA Peugeot Citröen, tras demostrarse que algunos vehículos de la marca emitían óxido de nitrógeno en valores mayores de los establecidos.

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