La ley, que ha superado el debate de toma en consideración sin enmiendas a la totalidad, establece un impuesto sobre las emisiones de CO2 en turismos y furgonetas, pero no será aplicable hasta el año 2018 y será "gradual", puesto que en el texto se opta por la "incentivación" más que no por la prohibición o la penalización.

Este proyecto de ley tiene pocos referentes legislativos en el ámbito internacional, aunque implementa las directivas de la UE sobre la materia y, una vez sea aprobado definitivamente, será pionero en España.

El texto prevé instrumentos destinados a facilitar el tránsito hacia "una economía de baja intensidad en carbono" (CO2), por lo que aquellas empresas que orienten su actividad de forma coherente con los objetivos de la ley resultarán beneficiadas.

Se fija, no obstante, el compromiso de que Cataluña cumpla "como mínimo" con la parte de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero que corresponde en función de los objetivos europeos.

Esto implica reducir un 25 % las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero para el año 2020 con respecto al nivel contabilizado en 2005, mientras que el año 2050 la reducción debería ser del 80 % en consonancia con los compromisos adquiridos por la UE.

Según el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, "es una ley de país sobre un tema que nos interpela a toda la humanidad, porque es evidente que el cambio climático es el principal reto que debemos abordar este siglo, y las consecuencias son bien visibles y hay que actuar sobre ellas urgentemente".

"Los poderes públicos tienen que cambiar el modelo de crecimiento basado en la emisión de combustibles fósiles, porque no es sostenible, ya que incrementa el calentamiento global del planeta y esto ya afecta el día a día de la población, porque tiene impacto en la temperatura, la lluvia o la agricultura".

"La temperatura está subiendo 0,22 grados por década, y sube el nivel del mar por la desglaciación", ha recordado el conseller Josep Rull, antes de advertir sobre los efectos sobre la biodiversidad, si bien también ha considerado que el cambio climático ofrece la oportunidad de apostar por las energías renovables.

El Govern aprobó el proyecto de ley el pasado 26 de enero, aunque ya fue redactado inicialmente por el anterior ejecutivo catalán, y en el texto se apuesta por fomentar un modelo de desarrollo económico sostenible pero a la vez innovador y competitivo, creador de riqueza y de puestos de trabajo.

Según el diputado de Junts pel Sí (JxSí) Ferran Civit, se trata de una ley abierta "que puede ser más ambiciosa", y se ha mostrado de acuerdo con el principio de que "quien contamina paga".

La diputada de Ciutadans (C's) Lorena Roldán ha apuntado que "la lucha contra el cambio climático no puede demorarse más y debe haber una estrategia común entre todos los gobiernos".

Jordi Terradas, del PSC, ha anunciado que su grupo presentará muchas enmiendas al texto porque hay aspectos sobre los que discrepa, y ha advertido que debería ser "más ambicioso".

Según la diputada de Catalunya Sí Que Es Pot Hortènsia Grau, su grupo coincide con los objetivos y el diagnóstico, "pero no en las soluciones que se propugnan", y ha invitado a JxSí "a ser valientes y cambiar muchas leyes en vigor, además de patrones de crecimiento".

Desde el PP, Marisa Xandri ha afirmado que en la historia del planeta "siempre han habido cambios climáticos", y ha invitado "a trabajar por un mundo mejor, pero sin engañar a nadie" y sin dejarse llevar por las campañas de marketing sobre el calentamiento global".

Esto ha merecido duras réplicas de la CUP y de JxSí, y mientras que la diputada 'cupera' Mireia Boya le ha preguntado si el discurso se lo había hecho "el primo de Rajoy", Ferran Civit (JxSí) ha lamentado que el PP haga "un discurso negacionista, que podría ser el de Donald Trump" (candidato republicano a la presidencia de EEUU).

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