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abr 15, 2016

España: Productores de Energía Fotovoltaica y ecologistas tachan de "nefasta" la etapa de Soria


Consumidores, ecologistas así como ahorradores e inversionistas en materia de energía renovables que resultaron arruinados por la reforma energética del ministro José Manuel Soria han tachado de nefasta su gestión.

Ecologistas en Acción juzgó que la etapa de Soria como ministro es “una de las más desafortunadas en las últimas décadas en cuanto a política energética en el Estado español”. El comienzo de la legislatura estuvo marcado por la designación de Villar de Cañas, en Cuenca, para albergar el cementerio nuclear de residuos de alta actividad de todas las centrales nucleares del Estado (diciembre de 2011), así como por la paralización absoluta de la instalación de energías renovables (enero de 2012).

“La política desarrollada por Soria no ha podido sido más nefasta para la sociedad y el medio ambiente, con su decidida apuesta por el mantenimiento de la central nuclear de Garoña, por técnicas tan agresivas como el fracking o por las prospecciones petroleras de Repsol en las costas de Canarias”, señala esta organización. “Cuando en el resto del mundo se habla del cambio climático, se instalan renovables y se invierte en medidas de ahorro y eficiencia, la normativa aprobada por el ministerio que dirigía Soria ha sido totalmente contraria al sentido común e incluso a la legislación comunitaria, acumulando varias denuncias por su incumplimiento que actualmente están en trámite en Europa”, añade esta organización.

Reforma sin consenso

En el verano de 2013 se puso en marcha una revisión de la Ley del Sector Eléctrico, y se aprobó en diciembre, lo que supuso otro duro golpe para las instalaciones de energías renovables existentes. “Su gestión ha sido marcado por las políticas para desincentivar las medidas de ahorro y eficiencia y la lucha contra la pobreza energética debido al encarecimiento del recibo de la luz, así como por el escándalo del almacén de gas Castor o el impuesto al sol”.

José Manuel Soria ha pasado la legislatura “falseando la información y engañando a la ciudadanía, poniendo en marcha medidas que solo benefician a las grandes empresas multinacionales que controlan el sector de la energía y que han seguido manteniendo beneficios multimillonarios, cuando la pobreza energética se ha instalado en importantes sectores de la población, y afectado a grandes capas de clase media e incluso perjudicando a administraciones públicas locales, universidades y otros colectivos que en su día habían apostado por la sostenibilidad medioambiental mediante la instalación de renovables”, afirman.

La posición de los fotovoltaicos

Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, considera que la situación demuestra que la designación de Soria como máximo responsable de sectores regulados estratégicos para este país era “inadecuada y dañina” para el interés general, por lo que se reafirma en la necesidad de “revisar la normativa impuesta sin consenso alguno al sector renovable español, que ha supuesto grandes beneficios para las empresas del oligopolio energético y el desmantelamiento abrupto del sector fotovoltaico: 62.000 instalaciones en manos de 300.000 familias españolas dramáticamente afectadas por recortes retroactivos y arbitrarios”.

El ex ministro responsabilizó a los fotovoltaicos españoles de todos los males del sistema eléctrico español para, una vez logrado un desprestigio social, imponer un desmantelamiento que expulsa las iniciativas de PYMES y a familias de un sector cuya explotación se ha pretendido blindar como dominio exclusivo de las grandes empresas del oligopolio.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, ha declarado que “Soria es tan solo una ventosa de uno de los tentáculos del gran pulpo de la corrupción que carcome al Estado. Los fotovoltaicos somos víctimas de cómo determinados sectores productivos quedan vedados al ciudadano en beneficio de unas pocas empresas, que parecen lograr de alguna manera que los que ostentan transitoriamente la voluntad del Estado regulen de manera sorprendente”, señala. “Vista la calidad moral de quien ejerció durante los últimos años la máxima responsabilidad de dichas funciones en el ámbito energético, consideramos desacreditadas sus disposiciones y reclamamos que sean urgentemente revisadas por el siguiente Ejecutivo”.

Leer noticia en fuente original: lavanguardia.com



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