"Las consecuencias de estos dos tipos de contaminación no son menores y requieren un tratamiento y seguimiento exhaustivos por parte de las administraciones implicadas, tanto la Generalitat como los entes locales", apunta el Síndic en el informe, quien considera necesaria una normativa específica que regule esta problemática.

Por su parte, el gobierno de la Generalitat ya informó en septiembre de que no tenía previsto elaborar una legislación específica contra la contaminación odorífera, ya que considera responsabilidad de los ayuntamientos controlar, inspeccionar y sancionar este tipo de contaminación generada por empresas, vertederos u otras actividades.

Según el Síndic, las quejas más frecuentes sobre contaminación odorífera están relacionadas con malos olores provenientes de salidas de humos deficientes o irregulares de establecimientos situados en plantas bajas de edificios de vecinos, que penetran en las viviendas y las zonas comunes.

Otra de las quejas recurrentes son las pestilencias derivadas de actividades industriales que emiten en la atmósfera y que son perceptibles en un radio de acción bastante extenso, provocando en algunos casos episodios de gran impacto.

Un ejemplo de ello fue el hedor que invadió durante dos días el área metropolitana de Barcelona en noviembre, por el que fueron investigadas unas 300 actividades industriales susceptibles de provocar el mal olor así como 140 gestores de residuos, aunque finalmente el área de Medio Ambiente del Departamento de Territorio y Sostenibilidad no consiguió determinar el origen del mal olor.

El pasado mes de febrero, los alcaldes de Masquefa, Esparreguera y Collbató denunciaron los continuos malos olores que sufren sus municipios procedentes del vertedero de Can Mata y el Ecoparc4, situados en el municipio de Els Hostalets de Pierola.

"Los problemas se agravan cuando, junto con los olores, hay molestias de humos y gases derivados del ejercicio de actividades con más incidencia ambiental en el entorno, como es el caso de las actividades industriales", ha afirmado el Síndic.

Como herramientas de control de este tipo de contaminación, el Síndic ha defendido las inspecciones ambientales y las campañas de medición con unidades móviles.

Además, ha propuesto publicar en medios de difusión los resultados de los controles realizados a las empresas que disponen de autorización ambiental "para que las personas que viven cerca puedan comprobar que los niveles de emisiones de contaminantes se mantienen por debajo del umbral".

En cuanto a la contaminación lumínica, que pese a parecer menos relevante "se trata de un elemento perturbador y que invade la privacidad" de las personas cercanas al foco luminoso, las quejas recibidas por el Síndic se centran en las molestias ocasionadas por distintas instalaciones luminosas en horario nocturno.

En este sentido, el Síndic ha recordado que la ley de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno establece que "las administraciones públicas deben velar para que los alumbrados se mantengan apagados en horario de noche cuando no sean necesarios".

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