Ecologistas en Acción ha denunciado que la Junta de Castilla y León no parece dispuesta a tomar medidas contra los altos niveles de ozono en el aire, el principal problema de contaminación atmoférica de la comunidad y que tiene incidencia en Salamanca, una de las zonas urbanas de mayor concentración. Desde hace años, los altos niveles de ozono en el aire han hecho que la capital sume episodios de contaminación y también alguna llamada de atención por el cambio de ubicación de medidores para 'engañar' a las estadísticas.

Hay que recordar que durante 2014 (último dato completo) se superaron 76 días los niveles de ozono recomendados por la OMS, más restrictivos que los fijados por la normativa española. Un informe de Ecologistas en Acción denuncia, además, la 'trampa' en la capital de cambiar estaciones de medición de calles con tráfico a zonas verdes para evitar malos datos.

Ecologistas en Acción ha denunciado ante el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, la negativa de su director general de calidad y sostenibilidad ambiental para elaborar los preceptivos planes de mejora de la calidad del aire para reducir el exceso de ozono en el aire que respira entre abril y septiembre buena parte de la población de la región.

A través de un comunicado, Ecologistas en Acción ha manifestado que bajo el amparo en las "muchas incertidumbres" sobre el comportamiento de este contaminante y una vez trasladada la responsabilidad al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), el director general de Calidad Ambiental comunicó a ecologistas el pasado 1 de marzo que "no está dispuesto a aprobar los planes de calidad del aire que exige la normativa en las zonas donde entre 2013 y 2015 se ha incumplido el objetivo legal de protección de la salud establecido para el ozono".

"Y ello a pesar de reconocer que en las zonas Duero Norte, Montaña Sur, Valle del Tiétar y Alberche, y Soria y Demanda, con una población de 790.000 habitantes repartida entre todas las provincias de Castilla y León, se ha superado dicho valor objetivo en el trienio 2013-2015, incumplimiento que los ecologistas hacen extensible a las aglomeraciones de Salamanca y Valladolid, con otros 560.000 habitantes", ha afirmado Ecologistas.

Se define el valor objetivo como el "nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza", han manifestado.

El valor objetivo octohorario para la protección de la salud humana es de 120 microgramos de ozono por metro cúbico de aire, que no deberá superarse en más de 25 días por cada año civil, de promedio en un período de 3 años. Las estaciones de control de la contaminación atmosférica de referencia donde en el último trienio se ha superado el objetivo legal de ozono más de 25 días por año de media han sido Laguna de Duero (Valladolid), Venta de Baños (Palencia), Segovia, Muriel de la Fuente (Soria) y Valle del Tiétar (Ávila).

La estación de Salamanca superó el objetivo legal de ozono durante 36 días en 2015, a pesar de haber estado sin funcionar durante prácticamente toda la primavera, entre el 25 de marzo y el 18 de junio.

Asimismo, entre 2011 y 2015 se ha incumplido el objetivo legal de protección de la vegetación establecido para el ozono en la zona Sur y Este de Castilla y León, formada por el sur de las provincias de Ávila, Salamanca y Segovia, el este de la de Burgos y la práctica totalidad de la de Soria, con una quinta parte de la superficie regional y numerosos espacios naturales protegidos. La estación de referencia de esta zona donde en el último quinquenio se ha superado el objetivo legal de ozono ha sido la de El Maíllo, en Salamanca.

La Ley estatal de calidad del aire establece que las comunidades autónomas adoptarán planes de mejora de la calidad del aire para alcanzar los objetivos establecidos, en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos objetivos, como es el caso de las indicadas para Castilla y León.

Se trata de una medida obligatoria para las autoridades autonómicas, que de ninguna manera se puede entender como una decisión discrecional, y es independiente de las iniciativas que pueda adoptar el Gobierno central.

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