La Directiva 2010/75/UE exige que las centrales de carbón reduzcan sus emisiones de SO2, NOx y partículas -muy perjudiciales para la salud- si quieren seguir operando. Hasta ahora, el 97% del parque de carbón, 9.720 MW, está incluido en un Plan Nacional Transitorio (PNT) que limita el volumen de emisiones de cada una de las centales. El restante 3% -la planta de Anllares, de Gas Natural Fenosa- cerrará en 2023 o cuando haya operado 17.500 horas.

Limites de emisiones

Las termoeléctricas acogidas al PNT pueden generar hasta el 30 de junio de 2020 o hasta que alcancen unos límites establecidos a las emisiones: en conjunto, deben emitir un 60% menos de SO2, un 70% menos de NOx y un 40% menos de partículas. Si quieren seguir abiertas después del final de la década deben reducir las emisiones.

Las plantas vienen invirtiendo en la materia desde 2007 -por ejemplo, emitían el 90% del NOx nacional y ya sólo emiten el 40%-, pero todavía falta mucho; un 60% tiene que reducir las emisiones de NOx y otro 40% las de SO2.

La gran mayoría de estas centrales están a la espera de que se aclare la posibilidad de que el Gobierno establezca algún régimen de ayudas específico. Ya lo intentó el año pasado -ofrecía 90.000 euros por MW instalado-, pero ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ni la Comisión Europea aprobaron el mecanismo escogido; Bruselas lo vetó al considerarlo una prohibida Ayuda de Estado.

Inversiones ambientales

No obstante, hay un puñado de centrales que ya está manos a la obra. Como se ha indicado, Endesa lo hace en la central de Carboneras; EDP en Aboño 2 y Soto de Ribera 3, con una inversión de 100 millones, y Viesgo en Los Barrios, con una inversión de 65 millones. Estas cantidades no sólo incluyen la reducción de las emisiones, sino también otras mejoras.

Del resto de las centrales, como indica Yolanda Fernández Montes, directora de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Innovación y Calidad de EDP España, en un artículo publicado en Cuadernos de Energía, hay 3.570 MW en plantas que explotan carbón nacional a las que sólo les queda pendiente invertir en reducir las emisiones de NOx, y 2.460 MW de carbón de importación que aún deben reducir tanto el SO2 como el NOx.

De estas centrales, únicamente el 37%, 3.560 MW, se ha embarcado ya en las obras para reducir las emisiones -en el caso del NOx, la instalación de sistemas de desnitrificación catalítica-o en los trámites de las declaraciones de impacto ambiental (DIA) que se exigen para acometerlas, por lo que el grueso del parque de carbón aún no ha mostrado interés por operar más allá de 2020.

Concretamente, aparte de las centrales que ya están adaptándose, sólo otras dos han iniciado los referidos trámites ambientales, y, por lo tanto, se puede contar con ellas para el mix de generación de la próxima década: Lada 4 (Iberdrola) y Meirama (Gas Natural Fenosa).

No obstante, las empresas aún tienen tiempo para decidir si mantienen abiertas las plantas y, en el caso del carbón nacional, las minas y la infraestructura logística que les suministra el mineral: la tramitación de las DIA requiere un plazo de seis meses que puede prolongarse hasta un año.

El Gobierno, en cualquier caso, confía en que la mayoría de estas termoeléctricas sigan abiertas como mínimo hasta el final de la década: la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 únicamente prevé el cierre de 1.347 MW en relación al parque existente en el año 2013.

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