Así lo ha explicado a Europa Press Raquel Ñeco, portavoz del colectivo ecologista, quien ha calificado de "tomadura de pelo" y de "chapuza" que la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) haya comenzado a enviar cartas de forma escalonada a los voluntarios que participaron en el estudio "justo después de enterarse de la denuncia" interpuesta por Verdemar por un presunto delito de "prevaricación por omisión" y "dejación de funciones", ya que los resultados no han sido revelados y las analíticas no se habían facilitado a los participantes pese a numerosos requerimientos.

Ñeco ha incidido en lo "sospechoso" que resulta que la EASP envíe las analíticas justo tras la denuncia, en su opinión, con la intención de "callar bocas", pues considera que "no tiene ninguna lógica que se envíen las analíticas incompletas después de dos años y siete meses de espera".

Según ha explicado, en las cartas que están llegando se incluye un bote para repetir las analíticas, toda vez que no se ha podido determinar con certeza el valor del arsénico "por una inadecuada conservación de las muestras en el laboratorio".

Además, algunos participantes han dado valores superiores al rango habitual en cadmio y níquel, aunque en algunos "tampoco aparecen los resultados de mercurio". En su escrito, la EASP explica que hay que repetir las analíticas para comprobar si esos niveles son pasajeros o debidos a otras causas.

La portavoz ecologista ha añadido que algunos voluntarios están "indignados" con un formulario que se adjunta que "difícilmente se puede rellenar", pues pregunta "en horas, minutos y días concretos" el tiempo que se pasa en el interior de la casa, en el exterior, en el lugar de trabajo, en el exterior del lugar de trabajo o en centros comerciales. "No hace falta ser un lince para entender que ninguna persona tiene su vida cronometrada", ha apostillado.

"CULPABILIZAR A LAS VÍCTIMAS"

Por otra parte, Verdemar ha reprochado a la Junta que, esta vez a través de la EASP, "falte de nuevo el respeto" a los ciudadanos del Campo de Gibraltar "culpabilizando a las víctimas" de esta situación. Y es que el escrito señala que "todos tenemos en mayor o menor medida exposición a estos metales pesados", variando las cantidades en función de la dieta, las actividades laborales, el tabaquismo, el consumo de alcohol e incluso "las actividades al aire libre", que "por lo visto aquí no son saludables", ha apostillado Ñeco.

Además, en la carta "no se nombra en ningún momento como posible factor el polígono industrial que tenemos prácticamente metido en nuestros pueblos".

Por ello, el colectivo ecologista ha exigido a la Administración "un poco más de respeto a los ciudadanos de la comarca del Campo de Gibraltar, al tiempo que ha ampliado la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado para que ésta valore "si es un estudio riguroso o no".

"INSÓLITO Y FALTO DE ÉTICA"

En la ampliación de la denuncia, Verdemar adjunta un análisis sobre la salud en el Campo de Gibraltar elaborado por la doctora Concepción Cruz, profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Sevilla, en el que califica de "sorprendente" que "la Consejería de Salud no considere la contaminación ambiental como otro factor de riesgo y parte contribuyente de la mayor mortalidad de esta zona".

Dicho escrito resalta que "existe ya una amplia evidencia científica que constata una relación entre la mortalidad de la población y la contaminación atmosférica", habiendo actualizado hace más de un año su clasificación la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), situando la contaminación atmosférica en el nivel 1, el más alto, sobre el que "no cabe duda científica acerca de su relación con el cáncer".

Así, subraya que los estudios elaborados por la Junta de Andalucía y las "tibias" conclusiones de la Sociedad Estatal de Epidemiología (SEE)"se contradicen" con las múltiples investigaciones realizadas por diferentes organismos y universidades que relacionan la contaminación con la pérdida de salud.

Al respecto, ha insistido en que es "llamativa" la "insistencia" de la Consejería de Salud y el dictamen de la SEE en "eludir un factor de riesgo para la salud tan reconocido en el ámbito científico como la contaminación atmosférica o la exposición ocupacional a metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos, que se da en las industrias petroquímicas de esta zona".

En su opinión, "llama la atención" el hecho de que haya descartado con esa rotundidad la contaminación en el grupo de causas posibles en el deterioro de la salud de su población, "si no es porque existen presiones de otro tipo", destacando que la Junta afirma que la mayor parte de las causas de muerte observada y "exceso de mortalidad" son "el tabaquismo, la seguridad vial o la obesidad".

Según ha indicado, existen tres problemas en el Campo de Gibraltar: sus condiciones de "mayor pobreza, desempleo y trabajos peligrosos y precarios; soportar vivir rodeados de una concentración de industrias contaminantes y, en tercer lugar, ser una de las zonas del Estado mayor con la mayor mortalidad general y prematura por importantes enfermedades, entre ellas el cáncer".

A su juicio, es "insólito y falto de ética y equidad" no reconocer que la peor salud de la población en la zona es debida a las causas indicadas. Por eso, más allá de los estudios que se deban hacer en la zona, reclama medidas "amplias y urgentes".

Así, como se indica en el documento presentado en su día al Defensor del Pueblo Andaluz, apunta la necesidad de "aplicar el principio de precaución y para nuevas instalaciones industriales en la zona, imprescindible para mejorar la salud de la población y evitar más contaminación ambiental y atmosférica".

Igualmente, reclama "una moratoria para que no se sigan implantando industrias fósiles y contaminantes", lo que debe ir acompañado de "decisiones políticas que implanten medidas concretas para generar realmente el empleo suficiente, de calidad y mejorar las condiciones de vida para la población del Campo de Gibraltar".

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