Así, en materia de medio ambiente, la propuesta del PSOE pasa por alcanzar un sistema eléctrico que se base en las energías renovables en 2050 y para ello promoverá un "gran Pacto de Estado de la Energía" que facilite la transición energética. Este pacto incluye un plan de cierre de las centrales nucleares al cumplir 40 años de vida útil, la prohibición de los proyectos de fracking y la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que establezca objetivos de reducción de emisiones y su actualización.

Precisamente, prevé que esta ley impulse el "mejor conocimiento y la disponibilidad de escenarios climático" y que tenga en cuenta los riesgos asociados al calentamiento global "en cualquier actuación pública".

Otros de sus compromisos de gobierno pasan por regular el autoconsumo incluido, incluido el "denominado impuesto al sol" y se compromete a elaborar un marco regulatorio estable en esa materia, que incluya una reforma del mercado eléctrico.

En materia energética, propone la creación de un fondo verde para la transición energética que se alimente "con parte del nuevo impuesto al CO2" que se destinará a impulsar la eficiencia, la movilidad sostenible y el apoyo a una transición justa.

Para el objetivo de reducir las emisiones en las ciudades, plantea un plan para la rehabilitación sostenible de viviendas con el que pasar de 23.000 viviendas al año rehabilitadas a las 200.000 viviendas en 2025.

En materia ambiental, el programa que propone el PSOE pasa por derogar buena parte de las normas ambientales aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, como recuperar la "prohibición absoluta" de cambio de uso de suelo en zonas forestales incendiadas; desarrollar la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 2007, de modo que se derogarán las limitaciones y excepciones incorporadas en 2015, o recuperar los plazos de las concesiones que marcaba la Ley de Costas de 1998 y prohibir cualquier autorización nueva, al tiempo que propone desarrollar la ley de protección del medio marino y una estrategia de adaptación de la costa al cambio climático.

En materia de agua, el programa que el PSOE pone sobre la mesa de negociación señala que "recuperará la consideración del agua como un derecho así como un bien ambiental".

Para ello, buscará mecanismos para usar el agua desalada a precios asequibles con tarifas sociales; propiciar el "uso eficiente" de estas desaladoras y dotar "especial prioridad" a los territorios afectados por las sequías, así como impulsar la inversión en eficiencia y medidas prioirtarias y urgentes para una gestión eficaz de los recursos hídricos.

También se compromete a aprobar un plan de restauración de ríos y humedales y un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua.

PACTO POR LA CIENCIA Y ATRACCIÓN DE TALENTO

En cuanto al sector de la ciencia, el texto de los socialistas apunta a la necesidad de promover un amplio acuerdo social y político que, partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia suscrito en 2013, permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

Para ello, los socialistas proponen crear el Consejo para la Ciencia y la Innovación, presidido por el presidente del Gobierno, impulsar la inversión pública en I+D+i civil y recuperar como objetivo estratégico el consenso europeo del 3 por ciento del PIB.

Además, abogan por promover un Plan Especial para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico para incorporar, con criterios de excelencia, a 10.000 investigadores en cuatro años, con especial atención a los que se encuentren en las etapas iniciales de su carrera. Esta medida ya fue registrada hace semanas en el Congreso de los Diputados.

Del mismo modo, el PSOE busca la reforma del Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación, creada justo antes de las elecciones generales del 20D, para que responda al modelo del European Research Council; así como el del Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), con el fin de que se transforme en Agencia Estatal de Innovación, otorgándole más autonomía y mayores recursos.

El CDTI también se vería implicado en su propuesta de reformar el sistema de deducciones fiscales por I+D+i. De este modo, se ortorgaría al organismo la competencia para expedir las certificaciones tecnológicas necesarias para las deducciones fiscales por I+D de las empresas, con el fin de mejorar la eficacia del sistema de incentivos fiscales a la I+D+i.

También propone dedicar el 3 por ciento de todas las nuevas inversiones públicas a Compra Pública Innovadora primando criterios de sostenibilidad ambiental y la creación de una red de Centros de Excelencia en Innovación Industrial.

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