Desde 1977, estos vertidos fueron monitorizados con distintos controles, que en su última etapa fueron llevados a cabo con el patrocinio del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), pero terminaron con una última inspección en el 2005 que arrojó las mismas conclusiones que las anteriores: los niveles son muy bajos y en cualquier caso se diluyen antes de alcanzar la costa. Esto es lo que quizás explica el cese de las revisiones en todos estos años.

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Esta situación preocupa especialmente a Alemania, que hace algo más de un año elaboró un informe para discutir en el seno de la Convención sobre la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste (OSPAR, siglas en inglés) la posibilidad de emprender una expedición para comprobar si se han producido escapes en los bidones que fueron arrojados en diez emplazamientos del Atlántico y el golfo de Vizcaya. Este planteamiento estaba basado en una perspectiva inmediata. En el 2018 termina la prohibición de estos vertidos decretada a través de un anexo a la Convención de Londres de la Organización Marítima Internacional consensuado en 1993, después de una moratoria voluntaria que empezó en 1983. La demanda alemana se sustenta precisamente en el artículo 12 de este anexo, donde se asegura que esta prohibición debe ser revisada a la luz de un estudio científico que detalle las consecuencias de esta práctica para el medio ambiente marino. La OSPAR se ha comprometido a estudiar con la Organización Marítima Internacional las consecuencias de ese artículo y el asunto estará en la agenda del comité de Sustancias Radiactivas que se reunirá en Bruselas a partir del próximo martes.

Estado desconocido

«Hoy en día el estado de los contenedores de vertidos radiactivos es totalmente desconocido y está sujeto a especulación», se asegura en el informe de la delegación alemana, que recuerda que en la actualidad existen «nuevas técnicas que no estaban disponibles» cuando se llevaron a cabo los primeros controles. Esta tecnología, aducen, podría servir para recabar muestras más cercanas a los residuos. No obstante, más adelante ven complejo el uso de robots submarinos por el alto coste de la operación. También argumentan que sucesos como el accidente de Fukushima han aumentado la preocupación de la opinión pública sobre estos asuntos.

Uno de los aspectos más llamativos del informe es el análisis que se hace de los más de 220.000 bidones empleados para guardar los residuos. Su estructura, alegan, «solo estaba diseñada para retener su contenido durante las operaciones de transporte y depósito». Aseguran, además, que los bidones pueden sufrir perforaciones en un período que oscila entre los diez y los cuarenta años.

Tres estaciones de muestreo en Galicia detectarían niveles altos

Cuando comenzaron los vertidos a los que se opusieron expediciones como las que partieron desde Galicia en el buque Xurelo, se articularon una serie de condiciones para los depósitos. Por ejemplo, deberían estar a más de 2.000 metros de profundidad para evitar que los bidones se recuperaran por barcos pesqueros de arrastre. Después, el debate científico propició una necesaria prudencia, consistente en el argumento del efecto boomerang. Los residuos radiactivos que se depositan en el mar pueden volver de nuevo al hombre a través de la cadena alimenticia.

Mientras no se organiza una nueva campaña científica para analizar la situación de los residuos, que sirva de base para decidir si se prorroga la moratoria, Galicia cuenta con tres estaciones de muestreo (en Ortegal, cabo Vilán y Silleiro) del Consejo de Seguridad Nuclear, que detectarían posibles variaciones bruscas en actividad radiactiva, según informa este organismo. Pero España no puede asumir en solitario una inspección in situ de unos vertidos que no se originaron aquí y que se encuentran en aguas internacionales. La responsabilidad recaería en principio en el Organismo Internacional de Energía Atómica, encargado de coordinar los análisis hasta que dejaron de hacerse de forma periódica en 1995.

La última expedición de vigilancia, que terminó en el puerto de Vigo, fue la del buque Walter Herwig III, en el 2005.

El submarino K-8, otro riesgo en el golfo de Vizcaya

El informe de Alemania también recuerda la presencia del pecio del submarino K-8 en el centro del golfo de Vizcaya, a la altura de Cantabria, que se perdió tras un incendio a bordo. Murieron 52 tripulantes. Se encuentra a unos 4.500 metros de profundidad con dos reactores nucleares. «No consta que haya habido una inspección de la zona del hundimiento», destacan.

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