El Ministerio de Medio Ambiente hará públicos los datos de emisiones industriales controladas por el Protocolo de Kioto a partir del próximo mes de mayo.
22/01/2006
Acaba de cumplirse un año de la puesta en marcha del acuerdo mundial por el que se pretende reducir la emisión de gases responsables del efecto invernadero a los niveles de 1990 en el año 2012, principalmente el dióxido de carbono. Ahora, todas las empresas incluidas en el Plan Nacional de Asignación de Emisiones (PNA) deben hacer balance, informar al ministerio y cuadrar sus números en caso de haber superado el cupo establecido por Medio
Ambiente.
Los datos definitivos se conocerán a partir del próximo mes de mayo. La ley 1/2005 que regula todo lo relativo a la aplicación del protocolo en España establece que el balance anual debe presentarse ante las Comunidades Autónomas antes del 28 de febrero. Un mes más tarde, como límite, las Comunidades Autónomas deben inscribir los datos en el registro oficial. Las empresas, por su parte, están obligadas a satisfacer el pago de los derechos
correspondientes a sus emisiones –compensar sus cifras– hasta el 30 de abril.
Andalucía
En el Campo de Gibraltar el Protocolo de Kioto regula y controla las emisiones de doce instalaciones pertenecientes a diez empresas diferentes. El Plan Nacional de Asignación de Emisiones establece que durante 2005 estas doce infraestructuras tenían como límite legal algo más de 9,69 millones de toneladas de dióxido de carbono. Para este año la cifra se recorta en un 7,3 por ciento hasta los 8,98 millones y en 2007 el tope previsto llega a
los 8,54 millones –un 5 por ciento menos–.
La empresa con mayor cuantía de emisiones legales es Cepsa, con casi dos millones de toneladas anuales, seguida por la central térmica de ciclo combinado de Nueva Generadora del Sur (1,5 millones), ambas radicadas en San Roque.
Ninguna de las industrias consultadas por este diario facilitó datos finales sobre sus emisiones. Las empresas alegan que se encuentran inmersas en el proceso de recuento y que deben auditar antes los datos a Medio Ambiente. Sólo entonces será posible comparar la asignación y resultado final.
El control de las emisiones se realiza telemáticamente a través del Registro Nacional de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (Renade) accesible a través de Internet con los datos recogidos en tiempo real a través de una red de medidores tutelada por la Junta de Andalucía.
En este sistema, gestionado por la empresa Iberclear, las industrias deben registrar sus emisiones y sirve además como plataforma para el comercio de los derechos de emisión. Las industrias pueden compensar sus excesos a un precio que alcanzó el pasado verano los 29 euros por tonelada. El mecanismo de funcionamiento se basa en los principios de la bolsa, donde las acciones se sustituyen por toneladas de dióxido de carbono que se compran a
terceros países, vía on-line.
El sistema, por tanto, permite emitir a las industrias –previo pago– todos los gases que sus carteras pueden afrontar. El Ministerio, aunque puede supervisar dichos datos en tiempo real a través de la red de medidores de cada Comunidad Autónoma, espera al cierre del ejercicio. Las industrias, por su parte, tienen únicamente acceso a su cuenta de datos en Renade. No pueden consultar las cuentas de otras industrias. El sistema garantiza y se
publicita como de acceso libre para consultas de usuarios, aunque en la práctica el acceso libre se limita a la descarga del texto íntegro del Protocolo de Kioto y documentos anexos.
Para abrir una cuenta en Renade es necesario acreditar ante la Administración la necesidad de operar en el sistema y satisfacer unas cuotas que durante el primer año han sido gratuitas. También existe la posibilidad de que terceras personas entren en la bolsa de las emisiones como intermediarios, debidamente acreditados y autentificados por las industrias. El registro comenzó a operar el 20 de junio, casi cuatro meses después de la entrada
en vigor el protocolo a escala mundial y fue adjudicado en noviembre de 2004.
Desde Endesa Generación el planteamiento de control del sistema a posteriori se ampara en la globalidad del acuerdo. "Si una industria emite mayores cantidades de las asignadas es porque, sencillamente, otras instalaciones o países no llegan al límite. El Protocolo de Kioto debe valorarse atendiendo a que se trata de un acuerdo que pone techo a las emisiones de todo el planeta. Además, el dióxido de carbono no es contaminante ni tóxico en sí
mismo, aunque es responsable de la subida paulatina de la temperatura", explica Regina Manzanares, responsable de generación eléctrica de Endesa Andalucía.
La única salida a medio plazo para lograr la perseguida reducción de emisiones pasa por la inversión tecnológica. Es el camino emprendido por la industria campogibraltareña para evitar dependencia por la compra de derechos, que cada vez serán más caros y escasos. Viesgo Generación desmantelará sus dos módulos de generación eléctrica basados en fuel antes de 2007. Endesa apuesta por instalar plantas desulfuradoras que minimicen emisiones y
otras empresas ya emplean combustibles menos nocivos con el entorno en sus procesos productivos, como Torraspapel.
Kioto
El cumplimiento del Protocolo de Kioto será obligatorio a partir de 2008 aunque Estados Unidos aún no lo ha suscrito a pesar de ser el país responsable del 25 por ciento de los gases contaminantes del mundo.
En España, se permitirá emitir 513,6 toneladas de dióxido de carbono a 957 instalaciones industriales durante el periodo 2005-2007 sin que tengan que pagar nada por ello. Todo lo que supere esa cifra deberá ser comprado en el mercado del humo. De no alcanzarse el objetivo, la Unión Europea podría aplicar a España sanciones, aunque todavía no se ha especificado la cuantía de las mismas.
Por tanto, existen demasiados flecos para lograr una reducción eficaz de los seis gases controlados por el protocolo, además de que las emisiones españolas superan con creces lo previsto.
Fuente: Europa Sur
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