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ene 10, 2006

Aragón: rechazo empresarial a los nuevos impuestos ''medioambientales''


La implantación de tres nuevos impuestos, agrupados bajo la denominación de 'medioambientales', ha generado un profundo malestar en amplios sectores empresariales que critican, entre otros aspectos, la arbitrariedad con la que se han establecido y la pérdida de competitividad por el perjuicio que suponen para sus cuentas.

10/01/2006

Las estaciones de esquí, las grandes superficies comerciales -así consideradas las de más de 500 metros cuadrados- y las industrias que emiten gases contaminantes a las atmósferas comienzan a pagar a partir de este año unos tributos por los que el Gobierno aragonés dice esperar una recaudación total de más de 15 millones de euros, aunque algunos de los afectados estiman que las cifras serán mucho mayores.

El Ejecutivo aragonés descartó a finales del pasado año la puesta la aplicación del llamado céntimo sanitario, es decir, un recargo en el impuesto sobre los hidrocarburos (gasolinas y gasóil) que iría destinado a respaldar el creciente gasto sanitario. La clara impopularidad de la medida, sobre todo en un escenario de galopante subida de los precios del petróleo y el acuerdo de financiación sanitaria, que permite dotar de más recursos de los previstos al sistema de salud, fueron las principales razones para aparcar esta opción en la que el Departamento de Economía venía trabajando ya en los últimos años.

Sin embargo, el gobierno PSOE-PAR que preside Marcelino Iglesias no renunció a buscar otras vías de incrementar la recaudación fiscal. Así, junto a una serie de deducciones familiares para tratar de edulcorar la decisión, anunció la puesta en marcha para 2006 de tres nuevos impuestos, a los que colocó la etiqueta de 'medioambientales' para una mayor corrección política y que se han introducido a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad.

Por una parte, se establece un impuesto 'sobre el daño medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable', un tributo que va directamente dirigido a gravar la actividad de las estaciones de esquí, entre las que se ha acogido con malestar e incluso se estudia recurrirlo. Paradójicamente, el sector de la nieve es una de las principales apuestas del Gobierno aragonés para impulsar el desarrollo de la Comunidad autónoma. Gracias al atractivo del Pirineo, donde hay cinco estaciones, pero también a las montañas de Teruel, donde hay otras dos que reciben a miles de valencianos, Aragón es una potencia en este tipo de turismo invernal, que aporta visitantes de alto poder adquisitivo y en el que tiene duros competidores en vecinos como Cataluña, Andorra o el sur de Francia.

Según la justificación del nuevo impuesto en la ley, el sujeto pasivo 'no es el consumidor o usuario, en el caso de las pistas de esquí, sino el titular de la explotación de la correspondiente estación alpina. Esto es, que no se grava la práctica del esquí ni la actividad que la propicia, sino el perjuicio en el medio ambiente y en otros valores superiores (territorio, paisaje, flora, fauna) que deben ser protegidos y, en su caso, restaurados'. Sin embargo, las instalaciones de Candanchú y de Astún -las únicas que están fuera de la sociedad Aramón, participada por Ibercaja y el Gobierno autonómico- han incrementado en 1,5 euros el precio de sus abonos, con lo que finalmente sí será el usuario, en estos casos, quienes paguen el impuesto.

En concreto, a las estaciones se les cobra 5.040 euros por cada transporte por cable colectivo instalado; 4.560 euros por cada transporte individual y otros doce euros por cada metro de longitud del transporte por cable de personas. A la cuota obtenida se le aplica, además, en función de la longitud total por estación en kilómetros de las pistas, un determinado coeficiente (uno hasta 20 kilómetros por pista, 1,25 hasta 40 y 1,5 si tiene más de 40). En total, el Departamento de Economía del Gobierno aragonés calcula que obtendrá por esta vía 1,7 millones de euros durante el ejercicio.

Aramón, sociedad a la que pertenecen las estaciones pirenaicas de Formigal, Panticosa y Cerler y las turolenses de Javalambre y Valdelinares, no va a alterar los precios actuales por la aplicación del impuesto, a pesar de que, según reconoce, 'el impacto de dicho impuesto incidirá directamente en la cuenta de resultados del grupo'. Según explica, 'es conveniente recordar que el Gobierno de Aragón participa en un 50 por ciento en el capital de Aramón y que, por tanto, ha ejercido un acto de responsabilidad al distinguir sus compromisos de gestión presupuestaria y sus intereses empresariales en un tema tan sensible como es el de la colaboración al mantenimiento del medio natural'.

El segundo de los polémicos tributos es el llamado 'impuesto sobre daño medioambiental causado por las grandes areas de venta', que tiene por objeto 'gravar la concreta capacidad económica manifestada en la actividad y el tráfico desarrollados en establecimientos comerciales que, por su efecto de atracción al consumo, provoca un desplazamiento masivo de vehículos y, en consecuencia, una incidencia negativa en el entorno natural y territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón'.

Por este impuesto, el Gobierno aragonés estima que recaudará en torno a cuatro millones de euros, si bien la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) considera que sólo para las cuentas de sus asociados supondrá un perjuicio de siete millones de euros, por lo que calcula que en total la Administración obtendrá en torno a ocho millones de euros. En opinión de esta asociación, en la que participan empresas como El Corte Inglés, Ikea, Alcampo o Carrefour, el nuevo impuesto es 'anticonstitucional, discriminatorio, recaudatorio, sancionador y confiscatorio, y daña gravemente la competitividad de las empresas'.

En primer lugar, lo consideran anticonstitucional porque 'el hecho imponible coincide con el IBI y el IAE' y, según la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, tal y como establece la Lofca, 'no se pueden fijar impuestos sobre hechos imponibles ya gravados por el Estado, ni materias reservadas a las corporaciones locales', explican fuentes de Anged. Para la asociación, 'esta figura impositiva no tiene un carácter extrafiscal como se dice, sino una finalidad exclusivamente recaudatoria, ya que los ingresos no pueden hacer nada para evitar el supuesto daño medioambiental, salvo que los comerciantes cierren sus establecimientos'. Asimismo, la ve discriminatoria por gravar a las grandes superficies por la afluencia de vehículos, pero excluyendo 'otros tipos de comercio y actividades, en las que concurren las mismas circunstancias'. 'Dada su extraordinaria capacidad recaudatoria, este impuesto podría ser además confiscatorio', continúa.

Las empresas representadas en Anged señalan también 'la incoherencia de que el Plan General de Equipamiento Comercial de Aragón exija construir aparcamientos para obtener una licencia comercial, y ahora se trate de gravar precisamente a los que los tienen'. En este sentido, consideran que 'las plazas de aparcamiento han representando una fuerte inversión de las empresas para satisfacer las necesidades de los clientes, cumplir la normativa vigente y colaborar en la resolución de los problemas de tráfico urbano, por lo que no deben ser objeto de impuesto alguno'. Por todo ello, Anged recuerda que 'los gobiernos deben favorecer la competitividad d de las empresas y el libre juego del mercado. Impedirles desarrollar su trabajo, con trabas e impuestos sin sentido entorpece la creación de empleo, riqueza y bienestar para toda la sociedad'.

En la actualidad, están recurridos tres impuestos autonómicos ante el Tribunal Constitucional de características similares, en Cataluña, Asturias y Navarra. El tercero de estos ecoimpuestos medioambientales es el que se refiere al daño medioambiental causado por la emisión de contaminantes a la atmósfera. En concreto, el hecho imponible del tributo es el daño medioambiental causado por focos contaminantes ubicados en Aragón mediante la emisión a la atmósfera de óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2). Ésta es, con diferencia, la nueva figura con la que más espera recaudar la Administración autonómica, hasta 12 millones de euros, según los cálculos de Economía.


 Fuente: Terra Actualidad

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