En la iniciativa, que recoge Europa Press, la formación magenta critica que "pese a las reiteradas demandas de los especialistas" del sector de la salud y los científicos, España no tiene aún ninguna normativa "de obligado cumplimiento" para que los edificios construidos en zonas de riesgo cuenten con las adecuadas medidas de protección frente a la exposición por gas radón.

De hecho, el radón sólo está regulado en el Reglamento sobre Protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, de 2001, en cuanto a la exposición en el lugar de trabajo, pero ni el Código Técnico de la Edificación ni el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios tienen en cuenta las "especiales características" del gas radón a la hora de su eliminación.

"En muchos países con un desarrollo económico equivalente al español existen guías, recomendaciones y políticas de concienciación social sobre los riesgos que representa el radón. Se aconseja a la población la adopción de medidas preventivas para nuevas edificaciones y la necesidad de evaluar la situación de los edificios ya construidos, para implementar, si fuera necesario, las medidas de remediación adecuadas", recuerda UPyD, poniendo como ejemplo el caso de Irlanda.

RECOMENDACIONES DEL CSN

De hecho, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene recomendaciones para la protección de edificios frente a este gas, un estudio general sobre las concentraciones de radón en viviendas españolas y otro donde se presentan mapas de exposición potencial al radón en España.

Sin embargo, estos documentos no han servido para impulsar ninguna regulación específica, por lo que la formación que lidera Rosa Díez pretende conseguirlo mediante una iniciativa parlamentaria, cuyo objetivo es "proteger a la población de la exposición prolongada al radón" reduciendo así los riesgos sobre la salud.

Y, en concreto, pide cambios en el Código Técnico de la Edificación para que incluya una normativa específica de protección frente al gas radón, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. Dicha normativa debería distinguir entre un nivel de protección básico para todos los edificios nuevos situados en las áreas de riesgo reconocidas por el CSN y otro nivel obligatorio para edificios ya construidos como escuelas, guarderías u hospitales, que también debería atender a las zonas delimitadas por el Consejo de Seguridad Nuclear y que obligue, en su caso, a tomar medidas.

Por otra parte, la formación magenta también reclama que se usen "todos los medios disponibles" del CSN, sobre todo técnicos y humanos, para "mejorar el conocimiento sobre las áreas españolas con riesgo ambiental por radón y divulgar e informar a los ciudadanos de las medidas que pueden adoptar para paliar los efectos nocivos de este gas".

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