Categories: Noticias Ambientales
      Date: abr 26, 2019
     Title: España: el Gobierno se compromete a elevar las compensaciones por costes indirectos de CO2 a las industrias electrointensivas hasta el máximo que permite la UE

El Gobierno central se compromete a elevar las compensaciones por costes indirectos de CO2 hasta el máximo que permite la Unión Europea, lo que supone pasar de 91 a alrededor de 200 millones de euros a las empresas electrointensivas.



Así lo ha asegurado esta tarde la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, al comité de empresa de Alcoa. De hecho, ha anunciado que el secretario general de Industria, Raúl Blanco, y el jefe de gabinete del ministerio, Juan Ignacio Díaz, llegarán hoy a Oviedo para reunirse con los representantes de los trabajadores de la aluminera y trasladarles las medidas que se van a adoptar después de que el Consejo de Ministros no aprobase hoy el estatuto para el consumidor electrointensivo.

No obstante, Lastra indicó que el Gobierno en funciones continuará desarrollando la tramitación de dicha iniciativa, que se vio interrumpida por un informe desafavorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNCM). «Por responsabilidad, no hemos llevado el estatuto hoy. Pero va a haberlo. En estas semanas, el Ministerio de Industria seguirá trabajando en esas alegaciones de las comunidades autónomas, las empresas y la CNMC para hacer un buen estatuto que responda a las necesidades del sector», ha apuntado Lastra.

Precisamente, el presidente del Principado, y el consejero de Industria, Isaac Pola, había acordado esta mañana con los representantes de CC OO, UGT y USO solicitar al Gobierno central elevar las compensaciones por costes indirectos de CO2, medida que puede abordar el Ejecutivo en funciones, ya que solo requiere de modificaciones presupuestarias.

Por su parte, el secretario general de la FSA y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, ha recalcado que lo que supondría «una traición a los trabajadores sería haber aprobado algo que sabemos que el lunes la propia UE iba a tirar para atrás». Asimismo, subrayó que el PSOE «da la cara» y es el único partido que «ha defendido la necesidad de que exista en este país un estatuto de la industria electrointensiva».

También se ha pronunciado el presidente del comité de empresa de la factoría avilesina de Alcoa, José Manuel Gómez de la Uz, quien ha destaco que la subida de las compensaciones por costes indirectos de CO2 para los trabajadores «es más que el estatuto». «Es algo que llevamos pidiendo todo este año; esto sí es una medida, es un compromiso por parte del Gobierno y así lo consideramos», ha subrayado.

50 millones para una nueva línea de financiación de proyectos contra el cambio climático

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una nueva línea de financiación reembolsable para proyectos que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y que estará dotada con hasta 50 millones de euros.

La nueva línea que tiene condiciones comerciales OCDE contribuirá a los compromisos asumidos por España para la financiación climática con hasta 50 millones de euros con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), la Línea ECOFIEM.

La propuesta partió de la Secretaría de Estado de Comercio en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica, que planteó crear una línea de financiación del sector climático y del medioambiente para promover la internacionalización de las empresas españolas en este ámbito.

La línea se orienta a financiar proyectos que contribuyan a la luchacontra el cambio climático tanto en mitigación, es decir, proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y proyectos que promueven la adaptación a los impactos del cambio climático.

La línea contribuirá a los compromisos de España en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, cuando las actuaciones financiadas se dirijan a países en desarrollo. En concreto, a partir de 2020 a España le corresponden movilizar 900 millones de euros anuales, el doble de los niveles de financiación climática de España en 2014.

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