Categories: Noticias Ambientales
      Date: mar 30, 2019
     Title: Región de Murcia: una investigación judicial pone la lupa en las emisiones de varias industrias por la contaminación en La Aljorra

Una investigación judicial que incluye a la Unidad Técnica de la Fiscalía General del Estado ha forzado a la Comunidad Autónoma a iniciar una amplia investigación en los ámbitos de la salud pública, el medio ambiente y la seguridad agroalimentaria sobre la posible relación entre la actividad industrial de las empresas Sabic Innovate Plastic España SCPA, y de su filial Energyworks Cartagena SL, con problemas de salud de los vecinos de La Aljorra y otras localidades cercanas del municipio de Cartagena y del término de Murcia.



Según ha sabido 'La Verdad', el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena intenta aclarar si hay vínculos entre las emisiones al aire de bisfenol A y la presencia de metales pesados en la factoría con el desarrollo de cánceres por parte de adultos y de niños.

Además, por petición de la Fiscalía el juzgado ha pedido que la Guardia Civil y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) analicen la posible contaminación del agua -incluidas depuradoras, pozos de abastecimiento y de riego, canalizaciones de pluviales y vertidos al mar-, de los suelos y de los alimentos cultivados en esta zona del Campo de Cartagena. En ella, confluyen actividades industriales relacionadas con la fabricación de plásticos con la agricultura intensiva.

Todo parte de las denuncias interpuestas entre marzo de 2016 y enero de 2017 por vecinos y por la asociación Ecologistas en Acción, sobre la supuesta conexión entre lo que ellos consideran episodios de contaminación y los casos de cáncer en adultos y niños en la zona. Los residentes alertaron sobre las «nubes de humo en las plantas industriales y el olor a gas butano», y refirieron «diversas molestias, como picor de ojos, mal sabor de boca e incluso dificultades respiratorias». Por ello, reclamaron a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental «la paralización de la incineración de bisfenol A y otros residuos peligrosos, así como la modificación de la Autorización Ambiental Integrada» de las industrias.

En un escrito remitido al juzgado, la Consejería de Salud aseguró de forma reciente no tener constancia de que, en la Región de Murcia, haya habido casos de enfermedad por intoxicación aguda o crónica, como el saturnismo para el plomo, «que puedan ser relacionados directamente con la actividad de las industrias» de La Aljorra. En todo caso, Salud reconoció que «no podemos conocer el nivel de exposición al que está sometido la población, ya que se carece de mediciones sobre los metales pesados presentes en el aire de la zona (inmisión). Y anunció que llevará a cabo un estudio sobre estos residuos químicos, presentes en la incineración de materiales, de acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente. En paralelo, la Comunidad acordó con el grupo industrial que instale aparatos de medición. Además, a finales de diciembre le abrió «un expediente administrativo, que está en tramitación», al hallar en una inspección doce metales pesados entre los residuos de la incineración.

Eso sí, respecto al bisfenol A, las primeras averiguaciones del Área de Salud han permitido ya descartar riesgos para la población por respirar bisfenol A (BPA) en La Aljorra y Pozo Estrecho. En un informe remitido al Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad explica que, «a la vista de los resultados, sería razonable concluir» que el BPA está en «valores por debajo de los límites que pudiesen dar un incremento del riesgo para la salud de los residentes en La Aljorra».

La Consejería de Salud evaluó la concentración de BPA en el BPA-Tar incinerado en las mercantiles Sabic (que tiene una fábrica de polímeros termoplásticos de altas prestaciones o HPP) y Energy Works (que gestiona una planta de cogeneración eléctrica que suministra al complejo industrial de Sabic).

El objetivo era «calcular la cantidad teórica que pudiera ingresar en el organismo y compararla con los límites establecidos» en estudios médicos. Y, según el diagnóstico de los técnicos, «aun en el peor de los escenarios posibles, la biodisponibilidad que se alcanzaría con la ingesta diaria admisible es del orden de 8,3 veces superior» al nivel alcanzado en el caso de un neonato de 3 kilos de peso, señaló Salud. Y elevan esa cifra a 195 veces mayor en el de una persona adulta tipo.

En 4 kilómetros a la redonda

En definitiva, «no serían esperables efectos adversos provocados por la respiración de BPA en el ambiente de La Aljorra». Es más, «de producirse hipotéticos efectos adversos asociados al BPA, parece razonable deducir que sería asociados a otras hipotéticas fuentes». En todo caso, estudia usar «una técnica con un límite de detección inferior» al de 0,02 microgramos por metro cúbico.

Respecto a «la posible absorción por vía dérmica [por la piel] se considera despreciable e insignificante, con respecto a la cantidad que se podría absorber por vía inhalatoria». Acerca de la vía de la ingesta, la Consejería no la ha considerado en su estudio, pues no ve «esperable» que «el hipotético BPA aportado al ambiente» por la incineración «llegue al aparato digestivo «en cantidad apreciable».

Asimismo, considera que «es necesario realizar la Evaluación de Riesgos para la Salud», puesto que la Consejería de Medio Ambiente ha reflejado en sus informes «que en algunas ocasiones se han producido diferentes incidencias» en las empresas a las que investiga la Justicia. Según Salud, el área de Medio Ambiente comunicó que «en los procesos de incineración y coincineración de la empresa investigada se han encontrado 12 metales pesados».

Como se desconoce si los metales llegaron la atmósfera, y por lo tanto si han podido pasar a las personas, Salud propone efectuar un estudio de «cuantificación y caracterización de las partículas». Ante la sospecha de una «interaccionar con los cultivos», pidió a Medio Ambiente datos de la concentración y naturaleza físico-química de las partículas del aire en 4 kilómetros a la redonda, la fuerza y dirección de los vientos dominantes, de otras condiciones ambientales y de la altura del penacho.

Cadena alimentaria

La Administración también pide acceder al listado de contaminantes que pudieran estar relacionados con la industria y comprobar si hay otros «peligros» en el entorno inmediato. Estas fábricas, apunta, «están rodeadas de campos de cultivo» de melón, alcachofa y otros alimentos. Y hay que conocer, con ayuda de la Consejería de Agricultura, si los contaminantes han podido «llegar de alguna manera» a los vecinos de las localidades cercanas a través de la cadena alimentaria, por vía aérea, irrigados con agua contaminada o por el cultivo en suelos contaminados. Sabic, que siempre ha negado problemas con el bisfenol A y otras partículas, declinó ayer realizar comentarios.

Revisan los censos de cáncer y mortalidad desde 1983

El Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena pidió a la Comunidad Autónoma información sobre «los casos existentes de afección a las personas en cualquier hospital y centro de salud de la provincia que pudieran estar relacionados con las actividades» industriales de La Aljorra. En respuesta, la Consejería de Salud advirtió en febrero acerca de «la dificultad de atribuir enfermedades a causas ambientales, fuera del contexto de grandes exposiciones». Con este último, se refirió a las «ocupacionales» o las que se dan en «áreas de gran contaminación, por actividades industriales duraderas o por un desastre ambiental».

En cualquier caso, para atender la solicitud relativa a los efectos de posibles agentes tóxicos, la Consejería anticipó está realizando un estudio de «geolocalización de los casos incidentes de cáncer infantil entre los años 1983 y 2015» en la Región.

Salud consulta el registro de cáncer y revisará el análisis de tendencia temporal y el análisis de clúster, «para detectar posibles agrupaciones de casos a nivel de áreas pequeñas» en la Región. Además, comparará los datos de mortalidad por grandes causas, incluido el cáncer, del censo de La Aljorra con los del área de Cartagena. Esto exige «un plazo más largo».

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