El objetivo de la campaña es que el juzgado administrativo de París obligue al Gobierno a aplicar sus políticas, como el plan energético plurianual, conocido como PPE, y los tratados internacionales suscritos por Francia, como el Acuerdo de París, firmado en 2015.
"El Estado no está cumpliendo ni lo que se ha comprometido a hacer, especialmente todo lo relacionado con el Acuerdo de París de 2015", ha denunciado la actual directora ejecutiva de Oxfam y exministra francesa, Cecile Duflot. "El Estado es un litigante como cualquier otro, nuestro objetivo es que sea condenado a actuar", ha explicado.
La acción también está respaldada por otras ONG entre las que se encuentra la Fundación Nicolas Houlot, creada por el ecologista y exministro que dimitió el verano pasado por la falta de progreso en la lucha contra el cambio climático del presidente, Emmanuel Macron.
El comunicado de Greenpeace denuncia que Francia está en el mal camino, ya que desde 2015 la emisión de gases de efecto invernadero va en aumento. "Esta actitud de sentarse y esperar a ver qué pasa solo ha empeorado la situación en la agricultura, el transporte, la energía y en otros sectores", lamenta.
"Francia se está quedando atrás y ahora es necesario un nuevo comienzo y medidas fuertes y urgentes", alerta el comunicado de Greenpeace, que recalca que el Gobierno se niega a tomar medidas urgentes para lograr los objetivos climáticos.
El ministro de Medio Ambiente, François de Rugy, ha negado que el Gobierno esté actuando con demasiada lentitud en este sentido y ha criticado que una acción judicial no va a llevar a una reducción de los gases de efecto invernadero, ha asegurado en la televisión BFM.
Por su parte, Macron, que está en Nairobi en el 'One Planet Summit', dedicado a estudiar acciones contra el cambio climático, ha desdeñado una acción judicial que en su opinión no llegará a nada. "La solución está en todos nosotros. En este tema no se trata de que sea la gente contra el Gobierno. Este sinsentido debe acabar", ha afirmado en la televisión LCI.
Estaba previsto que el Gobierno aprobase esta semana un borrador de una nueva ley energética y sobre el clima que ahora ha sido pospuesta para poder incluir objetivos más ambiciosos.
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