En carta enviada al mandatario distrital, el Ministerio Público recomendó adelantar un control efectivo en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros, y condicionar en situaciones de alerta la circulación de vehículos con más de 20 años de antigüedad y/o de combustión Diésel.
Por eso, la Procuraduría insistió en la importancia de “crear y poner en marcha programas óptimos de reposición vehicular, para incorporar nuevas alternativas de movilidad en términos de sostenibilidad, tales como la adquisición de vehículos eléctricos o de energías limpias”.
Además, pide diseñar un plan de contingencia para atender futuras declaratorias de emergencia de los niveles de prevención o alerta en materia de calidad del aire, y realizar los estudios correspondientes para establecer los aportes de contaminantes.
Finalmente, se hizo un llamado de atención al alcalde Enrique Peñalosa a priorizar las medidas que permitan garantizar la calidad del aire que se respira en Bogotá.
La Alcaldía de Bogotá había declarado el pasado viernes 15 de febrero la alerta naranja en el suroccidente de la ciudad y amarilla en otras zonas, por "las condiciones climáticas, que llevaron a un escenario de contaminación en el aire".
Sin embargo, la Secretaría de Ambiente aseguró que la emergencia fue superada según los indicadores que fueron suministrados por la red de monitoreo de la ciudad.
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