El Matadero era uno de los puntos negros de la contaminación en Avilés e incumplía la normativa año tras año, pese a que desde 2004, los registros de partículas en suspensión menores de diez microgramos, PM 10, habían descendido y, el pasado año, después de una inversión de 42 millones de euros, fundamentalmente de la Autoridad Portuaria, pero también de sus operadores privados, el número de superaciones de los límites legales se encontraba dentro de los límites de la normativa que regula la lucha contra la polución.
La ubicación de la estación del Matadero era anterior a la aprobación de ese Real Decreto. A lo largo del pasado año, dos informes fueron claves para lograr la autorización de la Unión Europea para la supresión de la estación. El primero era un documento sobre el origen de las PM 10. Aunque las conclusiones se limitaban al otoño, se indicaba que el 43% de las partículas procedían de aerosoles marinos, es decir, de origen natural: salitre o arena levantada por el viento. Un 40% era actividad industrial, un 10% tráfico y un 7 por ciento aerosol secundario, que surgen de la conversión de gases en partículas en función de unas condiciones térmicas y atmosféricas concretas.
Un Real Decreto de 2011 abría la vía al cambio de estaciones de medición de la contaminación poniendo varias condiciones, entre ellas que no se encuentre en un núcleo residencial y que se encuentre en un lugar que no sea de acceso cotidiano, como sucede en el Matadero. Por eso resultó clave la presencia de la unidad móvil del Principado en el patio del Colegio de Raíces durante el pasado verano, 92 días. En ese tiempo, la media de PM 10 fue de 23 microgramos por metro cúbico, cuando el ideal de la Organización Mundial de la Salud es de 20 y la legislación española fija como media anual máxima 40 microgramos.
De esa manera, se argumentó la decisión de anular este punto de los registros que se incluyen en el Plan de calidad ambiental. El Colectivo Ecologista de Avilés criticaba ayer la decisión de suprimir la estación de Matadero, acusando al Principado de «ocultar los datos», además de trasladar los puntos de medición que aportan «peores registros».
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