Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han elaborado una propuesta de fiscalidad ambiental por la que plantean al Gobierno la creación de 13 nuevos impuestos y modificaciones en gravámenes como el IVA, el IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades.
Así, reclaman al Gobierno una "profunda" reforma fiscal que integre los criterios de ecofiscalidad y plantean una treintena de medidas fiscales para contribuir a la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.
El documento Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible ha sido presentado este martes por las ONG, que quieren que la fiscalidad incentive o penalice las distintas actividades y conductas así como las decisiones de los agentes económicos en base a su impacto ambiental.
En concreto, consideran que con su propuesta la fiscalidad española se acercará a los países del entorno, ya que en este momento España está en el puesto 25 de los 28 Estados miembro de la UE en cuanto a la fiscalidad ambiental dirigida a orientar el comportamiento de los agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente y a la mejora de la justicia social.
Además, quieren que a diferencia del régimen actual en España, la recaudación que se obtenga con la nueva ecofiscalidad sea finalista y se destine "íntegramente" a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.
En su propuesta abogan por reformar el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades para que primen actividades más sostenibles; las tasas sobre hidrocarburos para penalizar los combustibles más contaminantes; gravar la generación de CO2, disuadir de la producción de la energía nuclear; crear nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, sobre la caza, el consumo de plaguicidas o la extracción de agua subterránea; o un impuesto sobre la ganadería intensiva, que grave el impacto ambiental que provoca la generación de purines o las emisiones de metano, son algunas de las medidas que piden los grupos ecologistas. También se incluyen reformas ecológicas en impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos.
También apuestan por modificar el impuesto de matriculación de vehículos para gravar los más contaminantes; por aprobar exenciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para favorecer los Acuerdos de Custodia del Territorio; considerar las Fincas de Interés Natural dentro del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; reformar el impuesto de la electricidad; incluir la contaminación dentro de los cánones del agua y también el canon de uso de los bienes de dominio público hidráulico; y crear nuevos impuestos para la energía nuclear.
Otras de sus propuestas pasan por crear impuestos para el esquí alpino, a las aguas minerales embotelladas, a los envases no reutilizables, a la minería, a los hoteles, a la construcción, a los bienes inmueble, al carbono, a los vertidos y la incineración, a la caza y al cambio de los usos de suelo.
Las ONG consideran que la "urgencia ambiental" actual hace que esta reforma fiscal sea una necesidad "urgente" en todas las Administraciones, de modo que cada individuo, colectivo o corporación, asuma la responsabilidad de los costes ambientales de las actividades económicas, del uso de productos contaminantes y que, al mismo tiempo, se bonifiquen las buenas prácticas que conlleven externalidades positivas para el conjunto de la sociedad y ayudar a reducir desequilibrios sociales.
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