El Almacén Temporal Centralizado (ATC) proyectado en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca) es su destino final, pero el proyecto, que lleva años estancado, sufrió ayer un nuevo alto en el camino: el Ministerio para la Transición Ecológica decidió paralizar el permiso para su construcción y, a la espera de conocer la resolución de este nuevo episodio, la deuda con el vecino galo sigue subiendo.
El proyecto de ATC, alumbrado en 2004, debía estar en funcionamiento en 2010, pero casi ocho años después ni siquiera ha comenzado a construirse. Un almacén en Normandía es el lugar donde Areva -una empresa semipública francesa antes conocida como Cogema- custodia los residuos de Vandellós I desde que en 1989 la central fuese clausurada tras un incendio. Dichos materiales debían estar de vuelta en 2012, pero la falta de un lugar de acogida ha obligado a sucesivos aplazamientos, con las consiguientes penalizaciones para España. Las últimas entraron en vigor hace ahora un año, el pasado 1 de julio de 2017, tal y como recoge el Informe Anual 2017 de Enresa, la entidad española de carácter público que se encarga de la gestión de este tipo de residuos y del sufragio de los gastos que genera su traslado al exterior.
"Enresa ha tenido que desembolsar la cantidad de 49.545,17 euros diarios a partir del 1 de julio de 2017. Como resultado de aplicar determinados índices de actualización previstos en el acuerdo [con Areva], la cantidad a abonar durante 2017 ha sido de 74.603,14 euros diarios", recoge el documento. Es decir, España ha desembolsado desde esa fecha casi 28,5 millones de euros a Francia y la cifra seguirá creciendo hasta que se efectúe el último transporte de los residuos radiactivos a la Península, previsto ahora para finales de 2020. "En ese momento serán reembolsadas a Enresa todas las cantidades abonadas y, por otra parte, será facturado a Enresa el almacenamiento en Francia de dichos residuos desde el 1 de octubre de 2015", apunta la memoria de la empresa pública.
Hasta ese momento, mantener los residuos nucleares españoles en un cementerio francés costará al Estado más de 522.000 euros a la semana, 2,2 millones de euros al mes y 27,2 millones de euros al año.
Esperanzas frustradas
La factura será todavía mayor para los habitantes de Villar de Cañas, que depositaron sus esperanzas de futuro en el polémico almacén. Este municipio de poco más de 400 habitantes fue elegido como emplazamiento del ATC en diciembre de 2011, imponiéndose a otras localidades que se habían postulado también para ello.
El proyecto partía con un presupuesto inicial cercano a los 1.000 millones de euros y se presentaba además como un revulsivo para la economía de la zona. La comarca recibiría seis millones de euros anuales como compensación al impacto del almacén durante al menos 60 años desde que comenzasen a llegar materiales de desecho; de esos seis millones, el 40% irían a parar al Ayuntamiento de Villar de Cañas y el resto, a los municipios colindantes, tal y como cuenta su alcalde, José María Saiz Lozano (PP), a EL MUNDO.
"Para nosotros, la decisión del Ministerio es la ruina. Imagínese, de hacer una inversión de 1.000 millones a no tener nada", se lamenta el regidor. En una localidad que lucha contra la despoblación, la idea del ATC atrajo a un considerable número de familias que buscaban una salida laboral en plena crisis. "Se abrieron negocios que han acabado cerrando y hay muchos proyectos de restaurantes, hoteles y casas rurales que ahora están parados", comenta el dirigente.
También han quedado paralizadas algunas de las infraestructuras que se pusieron en marcha tras el anuncio. "Se han gastado ya 200 millones de euros en construir un vivero de empresas, un almacén de Enresa o en mejorar carreteras, como la que va desde Villares del Saz hasta Villaescusa de Haro", enumera José María Saiz. Sus cálculos también vaticinaban la creación de 150 puestos de trabajo directamente relacionados con el ATC, más los que se generasen con la activación económica de la zona.
El alcalde se refiere al almacén como "un tren que pasa una vez en la vida" y tal vez por eso confía en que el nuevo revés sea sólo "un parón político" hasta que la nueva ministra revise el proyecto. "Es un proyecto de Estado de interés nacional", concluye.
Un proyecto plagado de contrariedades
La solicitud de paralización del ATC de Villar de Cañas anunciada ayer por el Ministerio para la Transición Ecológica no es la primera contrariedad que sufre el proyecto. Sólo un día después de que el Consejo de Seguridad Nuclear emitiese su voto favorable para el emplazamiento del futuro almacén de residuos nucleares, el Gobierno regional de Emiliano García-Page protegía el área natural en el que se encuentra la parcela ampliando el espacio reconocido como Red Natura de la Laguna del Hito y declarándola Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en un intento por bloquear la instalación del cementerio de residuos.
El propio presidente regional, tras conocerse ayer la información, celebró en su cuenta de Twitter que se está «muy cerca del objetivo» de paralizar la construcción del almacén.
Aparte de las disputas políticas, los técnicos también han tenido opiniones enfrentadas. La ex consejera del CSN Cristina Narbona publicaba en 2015 su voto particular después de que este órgano diese luz verde al inicio de las obras del ATC en Villar de Cañas y en él citaba informes que desaconsejaban este emplazamiento. Ayer incidió en su postura: "Al margen de las dudas no resueltas sobre la calidad de los suelos, sin un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos adaptado a la directiva europea, donde se plasme el calendario de cierre de las centrales de forma que se conozca el volumen de residuos que habrá que almacenar, no se debería avanzar".
Sin embargo, los expertos en energía nuclear insisten en la importancia de disponer de un cementerio para los residuos radiactivos más peligrosos. «Nos hace falta un almacén. El combustible gastado tiene que estar bien guardado hasta que llegue una solución definitiva», asegura Eduardo Gallego, catedrático de Ingeniería Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid. El problema es que estos residuos son tóxicos durante miles de años, así que el ATC ofrece una solución temporal, para unas décadas, pero aún habría que encontrar una solución definitiva, como el almacén geológico profundo que está construyendo Finlandia.
Los datos que manejan los expertos indican que el volumen de los residuos de alta actividad generados por todas las centrales nucleares de España, si su vida útil fuese de 40 años -Zorita se cerró con 38 años y Garoña con 41-, tras generar el 20% de la electricidad nacional día tras día cabría en un almacén. "Es una cuestión de Estado. Estamos frente a un problema tangible que tiene solución. Estoy convencido de que un proyecto como el del ATC es realizable técnicamente. Se trata de asumir la responsabilidad como país, es una energía que hemos consumido todos", opina Gallego.
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