La organización que agrupa a 82 organizaciones científicas con 40.000 miembros considera que este es uno de los problemas más urgentes que debe resolver el ministro de ciencia, Pedro Duque. El 2017 se presupuestaron 4.634 millones de euros para I+D+i, pero solo se gastaron 1.375 millones de euros. La práctica totalidad de los más de 3.000 millones de euros que no se gastaron eran préstamos que no llegaron a concederse, según detalla el informe anual de la Cosce sobre los recursos destinados a I+D+i presentado ayer en Madrid. La ejecución de los fondos no financieros —las subvenciones— fue del 90%.
Respecto al presupuesto de 2018, el documento resalta que los fondos no financieros ascienden a 2.844 millones de euros, unos 400 millones de euros más que en 2014, lo que supone solo el 67% de lo que se disponía en el año 2008. Este tipo de fondos son los que representan la principal fuente de financiación del sistema público de investigación.
Los presupuestos de 2018 que el actual Gobierno ha heredado del anterior aumentan la dotación de la I+D+i en 548 millones de euros, un 8,42% más que en 2017. El trabajo resalta que los presupuestos aprobados —gracias al apoyo in extremis del Partido Nacionalista Vasco— contienen un tímido aumento del 0,2% respecto al proyecto presentado originalmente. Entre las principales subidas identificadas por el informe destacan 14,5 millones de euros destinados a proyectos en Canarias, una partida de 1,5 millones de euros para la Universidad de Mondragón y otra de dos millones de euros para la Universidad de Navarra, ambas privadas.
La Cosce ha valorado “la incorporación de un Ministerio Ciencia, Innovación y Universidades en la estructura ministerial del actual Gobierno” y ha señalado las cuestiones que, en su opinión, requieren “una decisión inmediata” por parte del nuevo equipo liderado por Pedro Duque. Entre ellas están la elaboración de un plan presupuestario a largo plazo para la ciencia, resolver el envejecimiento de las plantillas de los organismos públicos de investigación, eliminar las trabas burocráticas y establecer una programación cierta y duradera de las convocatorias de proyectos, becas y contratos para científicos.
La organización también considera “urgente” reformar la Agencia Estatal de Investigación o el nuevo instrumento que la sustituya para ampliar su autonomía. Los científicos también exigen “un plan de crecimiento a largo plazo con el compromiso de mantenerlo ante cualquier circunstancia”.
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