Así, durante su intervención en el Congreso de los Diputados, Montero afirmó que, a propuesta del Ministerio de Transición Ecológica, se está estudiando una «fiscalidad medioambiental» que buscaría evitar «comportamientos agresivos con el medio ambiente». «En ese tipo de fiscalidad, en el conjunto de Europa no se busca tanto una capacidad recaudatoria, sino que las empresas fundamentalmente eviten comportamientos que fueran agresivos con el medio ambiente», añadió, tal y como informa Europa Press.
Asimismo, Montero incidió en que, aunque todavía es «prematuro trasladar ninguna decisión», el objetivo del Ejecutivo socialista es la de «revisar el conjunto de fiscalidad para adaptarla al siglo XXI».
Pero a pesar de los esfuerzos de la responsable de Hacienda por dejar la parte económica en un segunda plano, resulta indudable que esta revisión tendrá un notable impacto y que, en el caso del diésel, supone una amenaza real para 1,8 millones de conductores. Y es que la medida, adelantada por el diario Expansión, encarecerá el litro de gasóleo hasta en 15 céntimos en determinadas comunidades autónomas.
Este incremento, que coincide con un encarecimiento del coste del petróleo, se dividirá en un aumento del impuesto sobre hidrocarburos de 9,5 céntimos por litro sobre este carburante -que igualará el recargo al que recae sobre la gasolina- y otro alza adicional de 4,8 céntimos por litro que pretende igualar a partir del 1 de enero de 2019 el impuesto autonómico sobre los carburantes en todas las regiones del país.
El primero de estos aumentos va incluido en el programa fiscal del PSOE con el que se pretende reformular los tributos medioambientales para reducir las emisiones de CO2. El segundo va incluido en la letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) redactados por el Gobierno del PP y defendidos por el actual Ejecutivo para cumplir con la normativa europea. En este caso, el aumento afectará de lleno a cinco autonomías -Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja, y Castilla y León- donde hasta ahora no existía impuesto autonómico. En otras regiones el tributo subirá hasta igualar los 4,8 céntimos por litro que ya pagan en nueve autonomías.
Los 1,8 millones de conductores afectados de lleno por ambas subidas en las cinco autonomías mencionadas son solo una parte de los 17 millones de conductores que sufrirán el incremento de los impuestos sobre el diésel. Se trata de una vieja recomendación de organismos como la Comisión Europea y la OCDE que persigue reducir el uso de este carburante pero que hasta ahora ningún Gobierno se ha atrevido a poner en marcha por lo impopular de la medida y su repercusión sobre el ahorro de las familias y el IPC.
La puntilla a los turismos diésel
El nuevo Gobierno quiere recaudar 2.100 millones de euros más equiparando la fiscalidad del diésel y la gasolina. La subida será de 9,55 céntimos de euro por litro para el gasóleo. La gasolina tiene actualmente un impuesto especial de 40,25 céntimos por litro, y el gasóleo, de 30,7 céntimos.
España es un país dieselizado desde hace décadas. Siete de cada 10 coches nuevos que se vendían se movían por gasóleo. Eran más caros que los de gasolina, pero llenar el depósito costaba un tercio menos y, además, se recorría al menos un 25% más de kilómetros con esos litros de diésel.
No sólo España favoreció este combustible. Lo hizo Europa y sus fabricantes de automóviles inundaron el mercado con versiones diésel. Porque además de que consumen menos que el gasolina emitían menos CO2 que estos últimos. Este gas era clave en el aumento del denostado agujero de la capa de ozono, sin olvidar que en España el nivel de emisiones de este gas de los modelos de coches nuevos marca el gravamen del Impuesto de Matriculación.
Pero en septiembre de 2015, la Agencia medioambiental de EEUU (EPA) destapó el caso Volkswagen. El consorcio alemán trucó deliberadamente sus motores diésel con un software ilegal que hacía que los coches emitieran menos NOx durante los test de homologación que el que expulsan en condiciones reales de conducción. El grupo alemán reconoció más de 11 millones de vehículos manipulados en todo el mundo y ha afrontado pagos de multas de 26.000 millones de dólares en Norteamérica y acaba de recibir una sanción en Europa de 1.000 millones. Hoy, una filial, Audi, podría recibir otra sanción.
Más allá de la gravedad del engaño, entró en escena el NOx, un gas nocivo para la salud y que ha hecho que la sociedad vea con malos ojos los vehículos diésel. A su demonización ha ayudado el cierre de la circulación en los centros de las ciudades a los vehículos de gasóleo más antiguos, que son un 97% más contaminantes que los fabricados en 2018.
Las ventas de turismos diésel han caído desde que se conoció el dieselgate. Pero el desplome se ha acentuado en lo que va de año. Si las compras de gasóleo coparon en 2017 el 48,3% según los datos de la patronal de fabricantes Anfac, en el acumulado de este año sólo representan el 37,4% (en 2012 supusieron el 68,9% del total del mercado de turismos).
Los fabricantes de automóviles insisten en que los actuales motores diésel son eficientes: emiten lo justo y son asequibles económicamente para los consumidores. Pero se han quedado solos en su reivindicación. Eso sí, recuerdan los miles de empleos que dependen de esta tecnología en Europa. No obstante, en España, Renault cuenta con una factoría de Motores que hace millón y medio de unidades anuales. En 2017 un 70% fueron diésel; este año quedarán incluso por debajo del 50%.
El problema es que el trasvase de las ventas de diésel ha ido hacia vehículos de gasolina, lo que va a producir un incremento de los niveles de CO2. Porque los turismos denominados alternativos (híbridos, impulsados por gas licuado de petróleo o natural y los eléctricos) han pasado del 5,1% de cuota en 2017 al 5,6% en lo que llevamos de este año. La descarbonización del automóvil debe ir acompañada de un plan de incentivos más fiscales que monetarios a la compra de vehículos cero emisiones. Hay aprobada una segunda edición del plan VEA (Vehículos de Energías Alternativas) de ayudas a la compra con 66,6 millones. Presupuestado está. Falta ver cuándo se ejecuta.
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