Categories: Noticias Ambientales
      Date: jun 24, 2018
     Title: España: los planes sobre energía de la ministra de Transición Ecológica se topan con el rechazo de Extremadura, Asturias y Aragón

Lada, Guardo, Compostilla, Teruel, Anllares... La cuenta atrás para el cierre de estas centrales térmicas que queman carbón para generar electricidad ha comenzado. Las eléctricas se preparan ya para acometerlo. “No son económicamente viables”, señala una de las compañías sobre las costosas obras que se deben hacer para cumplir a partir de 2020 con los exigentes estándares europeos contra la contaminación y el cambio climático. “Es más fácil ahora acometer los cierers”, admiten en el sector, porque el nuevo Gobierno ha abandonado la idea de impedir por decreto el fin de las centrales de carbón que proyectó el Ejecutivo del PP. Las 15 térmicas que funcionan ahora en España son responsables del 14% de los gases de efecto invernadero de todo el país.



Las normas que la UE ha ido aprobando para luchar contra el cambio climático y la contaminación apuntan hacia un mismo lugar: el fin del uso del carbón para generar electricidad. Porque cada vez serán más duras las restricciones sobre los contaminantes que expulsan las centrales que queman este combustible; porque la UE ha modificado el sistema de comercio de derechos de gases de efecto invernadero para que cada vez sea más caro emitir CO2 a la atmósfera; porque los Veintiocho también han acordado que en 2018 se acaban las ayudas estatales a la minería del carbón...

En definitiva, porque el compromiso contra el cambio climático —que Europa dice abanderar en el mundo— ha hecho que la UE construya en los últimos años un armazón legal para que se deje de quemar carbón.

El 17,2% de la electricidad que se consumió en España en 2017 procedía de las 15 centrales térmicas que usan este combustible y que aún están operativas. Para producir esa energía esas instalaciones expulsaron a la atmósfera 46,5 millones de toneladas de CO2 equivalente (la medida que se emplea para los gases de efecto invernadero). Esto supone que esas 15 centrales acumulan ellas solas casi el 14% de los gases de efecto invernadero que emitió toda la economía española en 2017.

Fuente: elpais.com

Las centrales son propiedad de las cinco grandes eléctricas: Iberdrola, Endesa, Gas Natural, EDP y Viesgo. Y, según la información que las empresas trasladan a EL PAÍS, hasta ocho de las 15 centrales están en riesgo de cerrar en un plazo máximo de dos años. Iberdrola quiere clausurar de aquí a 2020 las térmicas de Lada y Guardo, las dos únicas de carbón que esta multinacional aún tiene abiertas en el mundo. Endesa hará lo mismo con Compostilla y Teruel, porque la empresa no considera que sea rentable acometer las obras para reducir los contaminantes que la UE exige a este tipo de centrales si quieren seguir operando más allá de junio de 2020. Gas Natural ya tiene decidido que Anllares no continuará y está a punto de decidir qué hace con Meirama. Viesgo sostiene que no tiene una decisión tomada, aunque en el caso de su térmica de Puente Nuevo en este momento no están “considerando una importante inversión” debido a “los requerimientos regulatorios y las condiciones de mercado”. Y si no acometen las obras para reducir los contaminantes, en dos años tendrá que cerrar.

Fuente: elpais.com

Al coste de realizar las mejoras que exige la UE se añade otro factor: en lo que llevamos de año se ha duplicado el precio del CO2 que esas centrales tienen que pagar por cada tonelada que emiten de ese gas de efecto invernadero. Con la reforma de este mercado acordada por los Veintiocho la previsión es que sigan subiendo. Cada vez será menos rentable usar carbón. “No son económicamente viables”, resumen en el sector sobre algunas de estas instalaciones de España.

En el caso de la central de carbón de Alcudia es el Gobierno de las Islas Baleares, donde está esa térmica, el que exige que se deje de quemar este combustible... Si todas estas térmicas se clausuran en los próximos dos años desaparecerá casi la mitad de la potencia instalada de térmica de carbón que hay ahora en España.

En el sector admiten que el cambio de Gobierno facilita este ocaso del carbón, que ya se ha producido en países como el Reino Unido y al que otros Gobiernos —como el de Francia, Italia o Portugal— se han comprometido a acelerar en los próximos años. Cuando en noviembre de 2017 Iberdrola anunció su intención de cerrar sus dos térmicas, el entonces Ministerio de Energía —que dirigía Álvaro Nadal— salió en tropel y anunció que impediría esa clausura (y otras que se preveían) por decreto. Pero Nadal no encontró apoyo de ningún partido en el Congreso para aprobar su norma; recibió un rapapolvo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; e, incluso, fue advertido de oficio por Bruselas. Nadal argumentaba que se podría producir un aumento de los precios de la electricidad con el cierre de esas centrales. Pero hasta el comité de sabios que el ministerio puso en marcha para ayudar a diseñar el futuro energético de España partía en su informe final de recomendaciones de un escenario en el que no había carbón en 2030.

“Por esa vía no se iba a ninguna parte”, resumen fuentes del PSOE sobre la posición que adoptó Nadal. El Gobierno ha cambiado y Pedro Sánchez ha situado las competencias de energía en el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica. Su titular es Teresa Ribera, especialista en cambio climático y responsable del llamado Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, que asesoraba a Sánchez antes de llegar a La Moncloa. Ese consejo elaboró un informe sobre el futuro energético en el que ya se contemplaba el “el cierre paulatino de las centrales de carbón antes de 2025”. Una vez nombrada ministra, Ribera dio por bueno ese horizonte y admitió que “el carbón tiene poco futuro”.

Fuente: elpais.com

El ministerio ha rechazado concretar a EL PAÍS los planes que maneja ahora para este sector. En todo caso, este departamento tendrá que pronunciarse, por ejemplo, en el plan de energía y clima que tiene que presentar ante Bruselas este 2018 y donde deberá esbozar una hoja de ruta energética para los próximos años.

Las primeras declaraciones de Ribera poniendo en duda el futuro del carbón despertaron las críticas en las pocas cuencas mineras que aún quedan en España. El 86% del carbón que utilizaron las 15 centrales españolas el pasado año era importado, según datos de la patronal del sector. La condena para estas zonas mineras viene, de nuevo, desde Bruselas. La UE estableció en 2010 que a partir de 2019 ninguna mina de carbón podría seguir recibiendo ayudas. Además, el Gobierno español y la Comisión Europea acordaron que después del 31 de diciembre de 2018 las minas que quisieran seguir operando deberían devolver todas las ayudas para el cierre que las empresas han recibido desde 2011.

Estas ayudas ascienden a más de 524 millones de euros, según la patronal Carbunion. La empresa que más ha recibido es la pública Hunosa, que a su vez acumula alrededor de la mitad de las 2.265 personas que aún están en España dentro del Régimen Especial de la Minería del Carbón.

En el sector se estima que, ante el escenario de devolución de las ayudas al cierre, la mayoría de minas subterráneas cerrarán este año. Algunas de las que son a cielo abierto —con mucho más impacto medioambiental pero más baratas de explotar— podrían continuar al haber recibido muchas menos ayudas algún tiempo más. En todo caso, su futuro también estará ligado al de las centrales térmicas que se construyeron para quemar este combustible y que ahora enfilan el proceso de cierre.

Contratos de transición ecológica en las comarcas afectadas

En la dirección del PSOE preocupan las comarcas que puedan verse afectadas por el cierre del carbón, tanto de las centrales como de las minas. Aunque el empleo relacionado con esta actividad se ha reducido considerablemente —en los ochenta eran 50.000 las personas que estaban dentro del régimen especial, frente a las menos de 2.300 de ahora—, el malestar de algún barón territorial y de parte de UGT ha hecho saltar alguna señal de aviso en la dirección socialista. "Esperamos que el partido en Asturias y el sindicato se incorporen al proceso de transición justa", sostienen fuentes socialistas.

Con este término se refieren a la búsqueda de salidas para los trabajadores afectados. Ya existe una plataforma europea de comarcas en transición y en la futura directiva de la UE de renovables se contemplarán fondos para esas zonas. En el PSOE tienen en la cabeza fórmulas como los "contratos de transición ecológica" que el Gobierno francés ha puesto en marcha para las áreas de influencia de cuatro centrales de carbón que cerrarán en 2022. "Se trata de implicar a las tres Administraciones, a las empresas y a los trabajadores", señalan desde el PSOE. "Hay que generar empleo para que no se produzca un colapso social", resumen estas fuentes.

Extremadura, Asturias y Aragón se rebelan

La política ecologista de Pedro Sánchez en materia energética va camino de chocar con los intereses de tres de las autonomías que actualmente dirigen los socialistas: Asturias, Aragón y Extremadura. Los gobiernos de estas regiones miran con gran preocupación el plan del nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica para cerrar definitivamente y en el corto plazo las centrales nucleares y las plantas térmicas que usan carbón para generar electricidad, lo que en la práctica tendría un enorme impacto económico sobre las cuencas mineras y las comarcas nucleares que pone en juego cientos de empleos en estos territorios.

Aragón y Asturias ya han solicitado a la ministra Teresa Ribera una reunión para tratar la situación del carbón después de que ésta pronosticara «poco futuro» al sector horas después de llegar al Ministerio. Las dos autonomías cuentan a su vez con el apoyo de sindicatos y empresas, que de forma excepcional luchan juntos por la supervivencia del sector. En el caso de Extremadura, su presidente Guillermo Fernández Vara aseguró el jueves en el Parlamento regional que no permitirá el cierre de la nuclear de Almaraz (Cáceres) en 2020 si no existe un plan alternativo real para revitalizar la zona.

El plan ambiental del nuevo gabinete socialista señala como «medida prioritaria» la retirada definitiva del carbón del sistema eléctrico antes de 2025 y de la nuclear cuando las plantas cumplan 40 años de explotación, un periodo que según cada reactor se cumplirá entre 2020 y 2024. Así se define en la propuesta de bases para una estrategia de transición energética elaborada recientemente por el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, organismo próximo al PSOE que preside la ministra y en el que también participa activamente el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal.

La propia Ribera ha intentado bajar el tono en los últimos días asegurando que la transición hacia el final del carbón y la nuclear se hará de forma justa y sin dejar a nadie atrás, abriendo la puerta así a nuevos mecanismos de ayuda para fomentar la regeneración de las cuencas que se sumarían a los más de 28.000 millones de euros invertidos en el sector desde los años 90. «El proceso de transformación de una fuente de energía por otra debe ir acompañado de un proyecto de desarrollo económico y tecnológico que diversifique el sistema productivo en pro de un desarrollo sostenible de la zona», explican fuentes del ministerio.

No obstante, estas ayudas no son suficientes para los gobiernos autonómicos, que apuestan por una «transición sin prisas y planificada» más allá del horizonte 2025. «Con el carbón tiene que acometerse una transición ordenada, y no una revolución que podría tener un impacto brutal en nuestro territorio», explica el consejero de Empleo, Industria y Turismo de Asturias, Isaac Pola, en conversación con ELMUNDO.

Este ingeniero de minas advierte de que el cierre del carbón tendría un triple impacto sobre la comunidad asturiana. Por un lado, se verían afectadas de forma directa las cuencas mineras en las que todavía trabajan 1.765 personas sólo en Asturias, una cifra a la que hay que sumar otras 117 en Aragón y 360 en la provincia de León.

En segundo lugar, el cierre del carbón afectaría a las centrales eléctricas que operan con este mineral y a la potente industria siderúrgica que lo utiliza para la fabricación de acero. En ese sentido, Pola avisa de que el «cierre rápido» del carbón que reclaman también eléctricas como Iberdrola supondría un incremento del precio de la electricidad al sustituirlo por gas, lo que tendría un tercer impacto sobre el conjunto de la industria electrointensiva que opera en Asturias. «Tener una energía competitiva es una condición imprescindible para que empresas como Alcoa, Asturiana de Zinc o Arcelor sigan operando aquí», insiste Pola.

Este mismo argumento fue utilizado hace unos días por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, al advertir de que la ausencia del carbón en el mix energético nacional podría «disparar de forma insoportable» el precio de la energía en algunos momentos del año.

«Todos somos ecologistas, pero creemos que el carbón tiene que cumplir una función importante hasta 2030 como garantía de suministro mientras entran más renovables al sistema», explica a este diario la consejera de Economía, Industria y Empleo de Aragón, Marta Gastón. Sólo en el caso de esta región está en marcha la instalación de 141 parques eólicos. ¿La solución pasa por más ayudas? «El dinero no es suficiente. Hace falta un plan más ambicioso y sensible con los territorios con instrumentos de muy distinto tipo: fiscales, inversión en infraestructura, fomento del autoempleo...», añade.

El carbón fue en 2017 la tercera fuerza de generación eléctrica con un 17,1% de cuota de mercado, sólo por detrás de la tecnología eólica con un 17,4% y la nuclear, con un 20,4%. En el país hay un total de 15 centrales térmicas que utilizan este mineral, aunque seis de ellas serán clausuradas antes de 2020 al no haber acometido las reformas medioambientales obligatorias para cumplir con la legislación comunitaria.

A éstas se sumarían las dos instalaciones que quiere cerrar Iberdrola y que provocaron que el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, impulsara un endurecimiento del procedimiento de cierre para frenar al grupo bajo el argumento de que sin el carbón subiría el coste de la electricidad para los hogares. Esta idea parte de que el carbón es más barato que el gas en los mercados internacionales, por lo que su uso como combustible para cubrir la intermitencia de las renovables abarata la factura pero dispara las emisiones de CO2.

Ribera tendrá que decidir ahora si avala desde el ministerio el plan de Nadal o si deja que la eléctrica cierre ambas centrales. «El ministerio quiere promover un gran Pacto de Estado de la Energía que permita una política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar así la transición energética. Esto pasa por normalizar las relaciones con las compañías energéticas, para dejar atrás una época marcada por las tensiones», señalan fuentes próximas a la ministra.

Desde Extremadura se ha trasladado la misma reivindicación al Ministerio y a Ferraz. «Para que las cosas se hagan bien es necesario que se establezca un calendario de cierre de las centrales nucleares para que se hagan de una manera armónica», reclama Fernández Vara.

"Subiría el precio de la luz"

Las comunidades autónomas amenazadas por el cierre del carbón y de la nuclear han hecho suyo el argumento esgrimido por el ex ministro de Energía, Álvaro Nadal, de que la ausencia de estas tecnologías en el 'mix' eléctrico del país dispararía el coste del recibo que pagan hogares y empresas.

«El carbón es hoy la tercera fuente de generación en España y ayuda a modular la tarifa eléctrica cuando no hay renovables y aumenta el precio del gas», explica el consejero de Industria asturiano, Isaac Pola. «Es una garantía de suministro que en los últimos meses ha evitado que el precio de la electricidad haya sido más caro para empresas y hogares, por lo que hoy no se puede renunciar a él», añade la responsable de la cartera industrial en Aragón, Marta Gastón. Nadal advirtió en decenas de ocasiones que cerrar el carbón y la nuclear podría conllevar un encarecimiento del coste de la luz en el mercado mayorista del 40%, lo que tendría a su vez un impacto próximo al 16% en la factura final que paga el consumidor.

Asturias recuerda que defender las térmicas es apostar por futuro de la industria española

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha señalado este sábado que la defensa del mantenimiento de las centrales térmicas de carbón para producir electricidad no supone una apuesta por el pasado si no por el futuro de la industria española ante el riesgo de un incremento del precio de la energía.

«Asturias no es una aldea gala reticente a la romanización y que defiende algo de otro tiempo«, ha señalado Fernández en relación a la postura del Gobierno central de sumarse en la UE al grupo de países que opta por acelerar el proceso de descarbonización elevando el peso de las renovables el mix energético europeo.

En su respuesta en el parlamento asturiano a una pregunta del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, el jefe del Ejecutivo asturiano ha garantizado que seguirá defendiendo los intereses de la región en este ámbito como ya hizo con el anterior gobierno con el que, ha recordado, no tuvo «ningún reparo» en apoyar, pese a su distinto signo político, la postura que defendía el entonces ministro de Industria de oponerse al cierre de térmicas planteado por Iberdrola.

Fernández ha reclamado un amplio consenso político, sindical y empresarial para defender la postura de Asturias en este ámbito dado que la región ya pasó en las décadas anteriores una reconversión de sus sectores tradicionales «y no puede asumir que venga otra».

Para Fernández, esta «pelea« es por el futuro del conjunto de la industria española, un sector que la UE plantea que represente en los próximos años el 20 por ciento del PIB nacional, un porcentaje que en España alcanzan pocas comunidades, entre ellas Asturias.

Por su parte, Llamazares ha alertado de que la postura del nuevo Gobierno no se basa ya en opiniones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, si no en decisiones con la postura que ya ha trasladado a la UE y que ha hecho que España «cambie de bando» y pase de estar como hasta ahora junto a los países que aún tienen carbón a situarse con los que optan por la energía nuclear.

«No estamos en el bando ecológico frente al conservador. Estamos en una situación excéntrica que no tiene que ver con la realidad de la industria española«, ha añadido tras advertir de que las eléctricas quieran ahora que se les paguen las nuevas plantas de generación que sustituirán a las de carbón dado que, ha ironizado, siguen pensando que el problema de la luz »se resuelve a oscuras«.

Jorge Sanz: "La ministra hace política. No tiene ni idea de lo que va a ocurrir con el sistema eléctrico"

El presidente del comité de expertos responsable de elaborar un informe para el anterior Gobierno sobre la transición energética, Jorge Sanz, asegura que lo que plantean en su análisis son distintos escenarios y qué ocurriría en ese camino a la descarbonización de la economía con medidas encaminadas a combatir el cambio climático y al menor coste posible. Sin embargo, matiza que es imposible "adivinar" lo que ocurrirá en el sistema eléctrico español de aquí a 2030 y cuál será el futuro de centrales como las térmicas, algo que, señala, depende mucho de las instituciones europeas. Este experto, que formó parte de los Gobiernos socialistas entre 2004 y 2009, presentó a finales de mayo su informe en Galicia, en un acto organizado en Santiago por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (Icoiig), y en esta entrevista defiende que su análisis, pese a ser un encargo del anterior Ejecutivo, es independiente, por lo que asevera: "Un informe así hay que leerlo, porque ideas va a dar".

¿Qué le parecen los anuncios realizados por el nuevo Gobierno sobre la transición energética y su plan de acelerar la descarbonización de la economía?

Creo que todavía no hay un posicionamiento concreto. Entiendo que hay sensibilidad hacia el problema de la transición energética y el cambio climático, lo que no se sabe es qué medidas se van a adoptar.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, habla de eliminar la producción de electricidad con carbón en 2025. Su informe apuntaba a 2030?

Nosotros no dijimos fechas, eso es un malentendido. Hicimos simulaciones para calibrar cómo de sensible es el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales a determinadas hipótesis como los precios de los combustibles o a decisiones como cerrar las nucleares. Para eso utilizamos un escenario central que es una foto de lo que podría ocurrir en 2030. Lo utilizamos como referencia igual que podíamos haber usado otro.

Pero en ese escenario central hay poco carbón...

Sí, pero no pasaría nada por poner otro en el que hubiese más carbón. El objetivo no es adivinar qué va a ocurrir en 2030 sino cómo de sensible es el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales ante las hipótesis que hagas en ese escenario central. Si el precio del petróleo es mayor o menor, vemos qué impacto tendría. No queremos adivinar el futuro porque nos vamos a equivocar. En ningún momento le estamos diciendo al Gobierno: "Oiga, en 2030 no va a haber carbón", porque no lo sabemos.

¿De qué dependerá que haya más o menos carbón?

Del precio del petróleo, del gas y del CO2 y de lo exigente que sea la Comisión Europea con la directiva de emisiones industriales. Pero hay un exceso de capacidad, de generación. Tenemos potencia un 30% por encima de nuestra demanda punta y, con la interrumpibilidad, ese 30% sube al 40%. Tener capacidad disponible y ociosa es caro.

Y para reducir ese exceso, ¿qué se hace?

Decidir si queremos hibernar centrales, para no desmantelarlas y luego tener que construir otras nuevas en 10 años, y le decimos al Gobierno: "Usted decida lo que quiere disponible, pero no un 30% o un 40%". Lo lógico es que sea un 10%, que es lo que pide Red Eléctrica [firma operadora del sistema eléctrico español] para sentirse cómoda, con capacidad para atender la demanda prevista. Lo que no queramos tener disponible y no queramos pagar, o para pagar menos, podemos hibernarlo. Y si aún así nos sobra, esas habrá que cerrarlas. Pero no se decide a dedo, no decide el Gobierno: "Pues tú porque me caes bien o tú porque eres carbón". El procedimiento es competitivo.

¿Mediante subasta?

Sí. Vea cuánto le piden las centrales por estar disponibles y cierre las que sean más caras, las que pidan más dinero. En el informe el criterio que se nos pidió era el mínimo coste. Para hacer la transición al mínimo coste las señales de precios deben ser las adecuadas, internalizar los daños ambientales y hacer pujas para decidir cuánta disponibilidad queremos, cuánta hibernamos y el resto se cierra porque no la vamos a pagar. Si no pagas, cierran.

Pero la ministra sí dice que espera que en 2025 la aportación del carbón sea mínima. ¿Ese objetivo es ambicioso o factible?

No lo sé. Debe ser que ella es adivina. ¿El carbón producirá más o menos en 2030? ¿De qué depende? De que sea más o menos competitivo que el gas y de más cosas. Para saber si es más competitivo hay que comparar el precio del gas en 2030 con el precio del carbón en 2030, con el CO2 incluido, porque ambas tecnologías tienen que comprar CO2, pero el carbón ha de comprar mucho más porque emite mucho más que el gas. Puede que la ministra tenga una bola de cristal, yo no. Quiero pensar que la ministra está haciendo política porque no puede saber el precio del carbón y del gas en 2030.

Los acuerdos de la UE serán determinantes para el cierre de las centrales, ¿no?

La directiva de emisiones industriales obliga a que las plantas que emiten gases contaminantes tengan que hacer inversiones para adaptarse a las mejores tecnologías disponibles. Ahí entra un elemento adicional: el titular de las plantas, que tendrá que decidir si al obligarle la CE a hacer nuevas inversiones las va a rentabilizar. ¿La ministra sabe las nuevas obligaciones de inversiones que va a imponer la CE y lo que van a decidir los titulares de las centrales? No. Es un ejercicio de adivinación. Está haciendo política. En realidad no tiene ni idea de lo que va a ocurrir con esto.

Pero alguna capacidad de decisión tendrá...

Están los pagos por capacidad, que sí dependen de ella. Pero mientras no salga la directiva europea no sabremos si se puede discriminar o no en contra del carbón. Cabe la posibilidad de que las centrales de carbón queden excluidas del cobro de pagos por capacidad, lo que hace mucho más difícil la supervivencia del carbón. Si se prohibe, es más probable que el carbón desaparezca en 2030. En algún momento los precios de los combustibles y del CO2 o la directiva de emisiones industriales harán la vida difícil al carbón. Depende de muchas cosas y sobre ellas la ministra tiene poca capacidad de decisión.

Pero viendo la situación actual, eliminar el carbón con casos como el año pasado (muy seco) con menos eólica e hidráulica, habría menos mecanismos de respaldo para cuando fallen las renovables? ¿No es difícil plantearse el cierre de plantas?

No, nos sobra capacidad de generación, hay ese exceso del 30%.

Entonces, si Galicia no tiene generación, se trae de otras comunidades...

Claro. Red Eléctrica tiene que hacer una subasta para pagar a las instalaciones que quiere que estén disponibles. Al final debe elegir las que tengan menor coste y no tengo claro que fuese a ser el carbón. El competidor del carbón es el gas y tiene a favor que es mucho más flexible, sube y baja producción mucho más rápido.

Sin embargo, al gas suele achacársele que es más caro y que eso repercute en el recibo del consumidor final?

El coste es mayor o menor en función de lo que cuestan los combustibles y el CO2. ¿Cómo determina una empresa el precio al que vende la electricidad? Mira lo que le cuesta el gas o el carbón, le suma los peajes, lo convierte en electricidad, le suma los impuestos y de ahí sale el precio. Para producir un megavatio eléctrico se necesitan dos de gas, a grandes rasgos, con lo que se pierde uno en la transformación en la central, mientras que la del carbón tiene menor eficiencia, necesita tres megavatios para producir uno. Eso la pone en una situación más difícil. ¿Cuál va a ser más competitivo? Depende de todos esos factores. Y ambas deben comprar CO2, pero tiene que comprar mucho más el carbón, porque emite más.

¿Entonces no habrá tanta diferencia de precio?

El precio del carbón y el precio del gas están más o menos iguales. Lo que pasará en el futuro no lo sabemos. Si el CO2 sigue subiendo, será más competitivo el gas, si baja, lo será el carbón. En el último año el CO2 se duplicó, hace un año estaba más barato y eso hacía el carbón más competitivo. La eficiencia de cada planta también será crucial.

¿Es exagerado o real lo que dijo el exministro de Energía, Álvaro Nadal, de que sin centrales nucleares y térmicas, la factura de la luz subiría un 65%?

No lo sé. Puedo decir lo que hizo el grupo de expertos, en el que simulamos la desaparición de la nuclear y nos salía una subida del 20% sin los 7.000 megavatios de nuclear que hay ahora mismo, porque son sustituidos básicamente por gas, más caro, y habrá más emisiones.

¿Y no se pueden sustituir nucleares por renovables?

No, por razones de garantía de suministro.

Para la garantía de suministro está también el lastre de la escasa interconexión eléctrica de España con Europa?

Exacto. Eso tampoco ayuda. Si tuviésemos mucha más interconexión con Francia, seguramente el operador del sistema sería menos exigente en materia de garantía del suministro porque, si pasa algo, puede tirar de la interconexión. Pero así estás obligado a tener más mecanismos de garantía del suministro en tu propio territorio porque no puedes contar con el país vecino.

La interconexión española es del 3%; la UE pide el 10%...

Sí, el 10% en 2020 y el 15% en 2030. Estamos lejos, pero tenemos los Pirineos que nos separan de Francia, una zona sensible medioambientalmente y un país vecino con toda esa zona turística y es difícil decirle que vamos a meter una línea eléctrica espantando a los turistas para llevar electricidad a España. Dirán: "Pues no". Y como son votantes, es lo que ocurre.

En los cambios que haya sobre térmicas y nucleares, la gran industria teme la pérdida de competitividad por el encarecimiento del recibo. ¿Tiene razón?

Tiene motivos para estar preocupada. En el informe del grupo de expertos hemos sido especialmente sensibles a ese asunto y propusimos que a todas las empresas industriales que compitan a nivel internacional se les dé un tratamiento específico, que se les exima de todas las implicaciones que tiene la transición energética en términos de precios. Pedimos una fiscalidad más exigente en términos ambientales, pero que a la industria que compite a nivel internacional se la compense o exima del pago de esas tasas.

También abordan en el informe el sistema de interrumpibilidad, las subastas. ¿Debería modificarse el sistema de pujas o cambiar el modelo directamente?

Ahora mismo hay una dispersión de instrumentos para conseguir lo mismo. El pago por capacidad y la interrumpibilidad son lo mismo. El pago por capacidad es pagar a una generadora por tener un megavatio disponible y la interrumpibilidad es tener un megavatio de consumo dispuesto a ser interrumpido. Uno es un megavatio a subir y el otro a bajar. Nosotros proponemos que ambos mecanismos converjan. No es sostenible que los instrumentos se gestionen de forma separada y den precios diferentes. Debe haber una única subasta al dar valor a la potencia a subir o a bajar.

El informe plantea subir los impuestos a los carburantes para luchar contra el cambio climático y bajo el criterio de que el que contamina paga. ¿Es así?

Sí, el lema es ese: "El que contamina paga". No es una propuesta al Gobierno, es una simulación de lo que ocurriría si se hace de determinada manera para saber quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores para compensar a los perdedores. Es bueno saberlo antes de hacer nada. En las simulaciones cambiamos la fiscalidad actual, que no es medioambiental, por una que sí lo es y con ello pierden los productos energéticos que emiten más. ¿Quiénes emiten más? Los productos derivados del petróleo. ¿Quiénes menos? La electricidad. La electricidad baja de precio y los derivados del petróleo suben, algo que parece razonable en el contexto de la descarbonización.

¿Confía en que los Gobiernos, actual y futuros, tengan en cuenta su informe y no quede olvidado en un cajón?

Nunca se sabe. Es un informe que se aprobó con 11 votos a favor y tres abstenciones, no tiene votos en contra. Un informe así hay que leerlo porque ideas va a dar y no se puede decir que sea un informe del Ejecutivo anterior. Si fuese así sería votado solo por los que había elegido el Gobierno. No creo que se acepten el 100% de las propuestas, pero con leerlo y empezar el debate y reflexionar sobre los temas que allí se apuntan ya me conformo.

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