Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, presentado este martes en el Congreso de los Diputados por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, dando así el pistoletazo de salida a su tramitación parlamentaria.
De todos los apartados presupuestarios más directamente vinculados con el medio ambiente, el gasto para prevención de la contaminación y el cambio climático es el que experimenta el recorte más severo, con una partida para este año de 21,89 millones de euros, lo que representa un descenso del 20,8% respecto a los 27,64 millones de 2017.
Se trata de la cantidad más baja desde 2007, cuando se presupuestaron 9,5 millones de euros, y el tercer año consecutivo de descenso desde 2015, precisamente cuando 195 Estados y la UE adoptaron el Acuerdo de París, que es el primer tratado universal contra el cambio climático, en vigor desde el pasado 4 de noviembre.
La Oficina Española de Cambio Climático tampoco escapa a los recortes porque para este año se han presupuestado 21,42 millones de euros en gastos, lo que supone un 20,5% menos respecto de los 26,94 millones de 2017.
Por otro lado, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 también recoge caídas en otras partidas relacionadas con el medio ambiente, concretamente en actuaciones en la costa (89,88 millones, un 5% menos) y en calidad del agua (182,12 millones, un 3,2% menos).
En cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), mantiene los 126,29 millones de presupuesto del año pasado.
Por el contrario, hay incrementos en partidas de gasto destinadas a gestión e infraestructuras del agua (1.199,2 millones de euros, un 2,6% más), protección y mejora del medio natural (173,73 millones, un 1,1% más), y protección y mejora del medio ambiente (20,83 millones, un 26% más).
INFRAESTRUCTURAS
Por otro lado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 indica que, en el marco de la política de aguas, el departamento dirigido por Isabel García Tejerina contempla abordar el Pacto Nacional del Agua con el fin de garantizar el suministro de agua en calidad y cantidad suficiente, de una manera integral y solidaria en todo el territorio nacional, asegurando a su vez una adecuada protección del medio ambiente.
De manera concreta, las prioridades en las infraestructuras hidrológicas se materializan en las siguientes líneas de trabajo: satisfacción de las demandas no cubiertas y consolidación de las existentes en los sistemas actuales, conservación, mantenimiento y modernización de las infraestructuras existentes y gestión de sequías e inundaciones.
Los objetivos a conseguir en cuanto a calidad de las aguas son mejora del estado de la depuración de las aguas residuales, de la calidad de las masas de agua y ecosistemas asociados; mantenimiento, conservación y protección del patrimonio medio ambiental, y mejora de la gestión.
Para el desarrollo de estas actividades, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente invertirá 689 millones de euros. Además, las sociedades de aguas tienen previsto realizar inversiones de 124 millones.
Por lo que respecta a las infraestructuras costeras, Medio Ambiente se propone dos objetivos: la defensa de la integridad del medio natural y la garantía de su uso y disfrute público, con excepciones justificadas por el interés colectivo y limitadas en el tiempo y en el espacio, y con la adopción de las adecuadas medidas de restauración. La consecución de esos objetivos implica la lucha contra el doble fenómeno que supone su destrucción física y su privatización.
Los objetivos en este apartado resumen en protección y conservación del litoral, sometido a diversas presiones de las que se derivan problemas de regresión, erosión costera y pérdida de biodiversidad de los ecosistemas naturales y marinos; recuperación de la accesibilidad y el tránsito peatonal para asegurar el uso y disfrute por los ciudadanos; planificar, conservar, proteger y mejorar el medio marino para lograr o mantener su buen estado ambiental, y asegurar la integridad del dominio público marítimo-terrestre, para conseguir la protección ambiental garantizando, a su vez, la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.
En cuanto a las infraestructuras medioambientales, están previstas actuaciones en áreas como prevención de la contaminación y el cambio climático, protección y mejora del medio ambiente y del medio natural.
Concretamente, en la adaptación al cambio climático, se ha aprobado la Estrategia Europea de Adaptación. En el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (Pnacc), Medio Ambiente pretende la integración de la adaptación al cambio climático en las políticas de los sectores sensibles y la coordinación de todas las administraciones públicas de forma que se eviten duplicidades.
En el ámbito de la protección y mejora del medio ambiente, se incidirá en el desarrollo de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, entre otras actuaciones. Por lo que se refiere a la protección y mejora del medio natural, se pretende mejorar la protección de los ecosistemas forestales con medidas dirigidas a mitigar los procesos de desertificación, prevención de incendios forestales y protección de los ecosistemas forestales frente plagas y enfermedades. Para el conjunto de estas actuaciones, Medio Ambiente dispondrá este año de créditos por importe de 149 millones de euros.
El Gobierno se atasca con la Ley de Cambio Climático
La redacción de la ley de Cambio Climático se le atraganta al Gobierno. El atasco es claro. Su elaboración fue un mandato al Gobierno aprobado por el Congreso de los Diputados hace siete años. También fue una promesa de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la Cumbre del Clima de la ONU celebrada de Marrakech (2016). Pero aún hoy no hay ningún borrador que esboce como será la transición energética en España; al menos, en su primer paso hasta el 2030.
La ley debe dar cumplimiento al Acuerdo de París (2015) contra el cambio climático, que comporta para la UE el compromiso de reducir sus emisiones de gases invernadero al menos un 40% en 2030 respecto a las de 1990. Pero en España, sin un liderazgo claro, el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, por un lado, y el de Energía, por otro, siguen en liza trabajando de manera interna en dos procesos paralelos que no convergen, según los expertos consultados.
Para elaborar la ley, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente emprendió un proceso participativo y recopiló 328 aportaciones de diversos sectores, mientras que el ministro Álvaro Nadal se rodeó de su propio grupo de expertos, que ayer entregó sus conclusiones. Pero el PSOE adelantó que rechaza su contenido.
Jarro de agua fría
El ministro Nadal aseguró hace unos días que la Ley de Cambio Climático no se presentará hasta que se apruebe la normativa europea al respecto. “Una vez que esté aprobada, se llevará a cabo la transposición a nuestro ordenamiento jurídico”, sentenció. Fue un jarro de agua fría para quienes estaban pidiendo diligencia. “La ley está paralizada; el Gobierno se ha preocupado más de bloquear la ley catalana de Cambio Climático que a elaborar la suya propia”, dice Juantxo López Uralde, diputado de Equo-Podemos.
Teresa Ribera, directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) –prestigio centro de estudios francés–, sostiene que “esta es una de las leyes más anunciadas por Rajoy, pero aún no hemos visto ningún planteamiento concreto, salvo la afirmación de la ministra Isabel García Tejerina de que se está trabajando en ello”.
El ministro Nadal demuestra su nivel de desconocimiento sobre las obligaciones europeas e internacionales. No hace falta esperar a las directivas, ya que España tiene firmados compromisos internacionales de obligado de cumplimiento”, replica Teresa Ribera al ministro Nadal, refiriéndose, entre otros, al Acuerdo de París contra el cambio climático. “Es una posición que no se sostiene, pues su responsabilidad es anticiparse, invertir y preparar a los numerosos sectores de su competencia ante la realidad del cambio climático”, remacha.
Nadal se ha caracterizado hasta ahora por su defensa acérrima del carbón (combustible de altas emisiones de gases) y por cuestionar un aumento destacado de las renovables en España en el futuro.
Lo que dicen los expertos designados por Nadal
En este contexto, el grupo de expertos designado por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, presentó ayer sus conclusiones, que van a servir al ministro para posicionarse ante la elaboración de la citada ley (pues ese dictamen no es vinculante).
¿Y qué proponen estos expertos? Apuntan en sus proyecciones un abaratamiento de la electricidad (casi un 7%) y un encarecimiento del gas y los derivados del petróleo (especialmente del gasóleo, con un 28,6%), como estrategia para lograr un sistema productivo que emita menos CO2 y provoque menos calentamiento.
Igualmente prevén la desaparición del carbón en el mix eléctrico para el 2020 (ante la previsión de un fuerte encarecimiento de los derechos de emisión). Asimismo, abogan por la prórroga de la vida de las centrales nucleares más allá de los 40 años de funcionamiento, para evitar –dicen– el incremento de las emisiones de CO2 y evitar un encarecimiento de costos del mercado eléctrico un 20%.
Igualmente plantean elevar hasta el 29,7% la participación de las renovables en el conjunto de energía final (por encima del 18% actual, pero lejos del 35% que propone el parlamento europeo). Una medida llamativa es la propuesta para sacar de la tarifa eléctrica los extracostes derivados del apoyo a las fuentes renovables para que estos sean asumidos con los Presupuestos Generales del Estado (aunque matizan que si esto no es posible, “por las restricciones de la Hacienda Pública”, los citados costes se reparte entre todas las energías finales).
Rechazo socialista
Hugo Morán, secretario de Transición Energética en la Ejecutiva del PSOE, expresó su rechazo a las conclusiones del informe. “Hay cuestiones “inaceptables”. En primer ,“no se plantea una reforma en profundidad del mercado eléctrico para modificar el sistema de fijación de los precios”, que es el verdadero quid de la cuestión.
Los socialistan opinan que el sistema actual de establecimiento de precios de la electricidad es inadecuado pues no permite visualizar que las energías renovables abaratan el precio de la luz.
El PSOE además rechaza la prórroga de la vida a la nucleares; y en su 39º congreso federal aprobó cerrarlas a cumplir 40 años de vida.
“Tampoco estamos de acuerdo en que no sea posible alcanzar en 2030 el 35% de renovables, como estamos defendiendo en el parlamento europeo”, añadió Hugo Moran.
Las valoraciones de Teresa Ribera
En relación a las propuestas de estos expertos, Teresa Ribera señala que tienen la virtud de “reactivar el debate” sobre las medidas que deben abordarse para llevar a cabo una transición energética, lo cual permitirá “discutir y contrastar las valoraciones técnicas”.
Sin embargo, critica que las proyecciones sobre la evolución de la demanda de energía siguen una línea tendencial (“no sufren cambios”), sin que se propongan las modificaciones regulatorias necesarias que deben acompañar las medidas; por ejemplo, el sistema de fijación de precios de la electricidad.
Igualmente, estima que “no es coherente” la propuesta que plantea que los sobrecostes que graban el recibo de la luz (deuda acumulada por el déficit de la tarifa o las antiguas primas a la renovables) se transfieran a los presupuestos generales del Estados, “pues esta opción debe estar acompañada de medidas de compensación y solidaridad” y, sobre todo, cuando, además, no se toca el actual “status quo” de las empresas energética, que siguen teniendo “ beneficios extraordinarios” (winfall profit).
Ribera apoya la idea de un incremento de la imposición fiscal sobre los vehículos diésel, pero echa en falta enfoques más amplios para modificar la fiscalidad ambiental globalmente: dar señales al mercado en la dirección correcta, medidas que incentiven inversiones limpias, u otras que las discriminen en función del uso intensivo en CO2; o que se exijan informes de transparencia sobre los impactos climáticos de determinadas inversiones empresariales...
Debate nuclear
Esta experta ve insuficiente el análisis sobre la energía nuclear, pues “no se hace una evaluación de los costes escandalosos” que tendrá cuando se traspase el período de sus 40 años de vida, incluido el desconocimiento de los incrementos de los gastos de gestión de sus residuos de larga actividad. También pide una implicación del ministro Cristóbal Montoro, para que la financiación autonómica y local incorpore todas estas nuevas consideraciones.
Su argumento es que “llevamos 25 años subvencionando las hipotecas de las viviendas”, y en realidad sería necesario dar un apoyo a la rehabilitación del parque de viviendas o a la innovación”. “Montoro no puede quedarse a la sombra”, sostiene. Teresa Ribera sostiene que la ministra Isabel Garcia Tejerina tampoco se ha mostrado muy activa en los campos en que hay una incidencia sobre el cambio climático (aguas, costas o biodiversidad).
¿Y el impuesto al sol?
Jordi Ortega, premio extraordinario con una tesis sobre transición energética y cambio climático por la Universidad Carlos III, discrepa con la idea de que el cierre de las centrales nucleares incrementaría el precio de la electricidad en un 20%. Y cita como ejemplo lo ocurrido los últimos año en Alemania. Además -dice- “la Comisión Europea consideraría un escándalo que se quiera convertir a España en exportador neto de electricidad a Francia al llevar parte de sus costes a los presupuestos, esto es, vendiendo electricidad con ayudas de estado o subvenciones”, expone. Añade que tampoco ve en el informe una verdadera apuesta para suprimir el impuesto al sol que penaliza ahora la producción del autoconsumo con energía fotovoltaica con una potencia de más de 10 kW.
Los trámites, explicados por el Ministerio de Medio Ambiente
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente defiende su acción en la elaboración de esta ley. Esgrime que el trabajo interno se inició el 7 de abril, con la constitución de un grupo de trabajo interministerial que integra los esfuerzos de todos los departamentos y asegura la coherencia de las actuaciones. En mayo del año pasado, se organizaron unas jornadas de alto nivel, que contaron con la participación de más de 400 expertos. “Las conclusiones de esa jornada sirvieron de base para lanzar un proceso de consulta pública en el mes de julio, que estuvo abierto durante casi tres meses, hasta el 10 de octubre”, indica la Oficina Española de Cambio Climático.
En el transcurso de esta consulta se recibieron más de 350 aportaciones de todos los sectores sociales. “Tras este proceso, se ha procedido al análisis de las aportaciones recibidas, se han identificado las grandes cuestiones que debe abordar la Ley y las distintas decisiones que es necesario adoptar en cada uno de los ámbitos”, se añade. “Próximamente contaremos con un primer borrador interno de anteproyecto de ley para poderlo presentar al grupo de trabajo interministerial y negociarlo con los partidos políticos”, abunda. A partir de entonces, las negociaciones políticas “llevarán el tiempo necesario para conseguir el mayor consenso que es el objetivo del gobierno con esta Ley!” Además, se deberán realizar los trámites preceptivos en la tramitación de una Ley previos a su remisión al Congreso de los Diputados, como el trámite de audiencia e información pública del texto y el Dictamen del Consejo de Estado.
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