En una carta abierta, más de 260 investigadores y técnicos del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), así como de otros organismos públicos de investigación (OPI), denuncian que las limitaciones al gasto impuestas por el Gobierno y el nuevo régimen de inspección fiscal previa que se instauró en 2014 están poniendo a estos organismos “al borde del colapso”.
“Los centros de investigación no pueden estar regidos por las mismas normas legales que cualquier departamento ministerial”, resume Julio Cárabe, investigador del Ciemat y primer firmante de la carta, que denuncia que esta misma situación también afecta a otros organismos públicos de investigación (OPI) que dependen del Ministerio de Economía.
La protesta de estos investigadores se suma a la de más de 300 científicos y técnicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO), que la semana pasada denunciaron que el centro sufre una creciente “parálisis”. Los responsables de la Plataforma Solar de Almería, el mayor centro de investigación de energía solar de concentración de Europa, dependiente del Ciemat, también han denunciado repetidamente que el centro corre peligro de perder cientos de miles de euros en financiación y tiene en el paro a 15 investigadores, algunos de ellos doctores con años de experiencia. Los últimos en sumarse a las advertencias han sido los 40 centros y unidades universitarias Severo Ochoa y María de Maeztu, que gozan del distintivo de máxima calidad por su competitividad científica. Sus responsables han alertado de que una nueva normativa, en este caso la ley de contratación pública, puede generar tantos trámites burocráticos que estos prestigiosos centros de I+D+i no tendrán suficiente personal para gestionarlos.
La partida presupuestaria para el Ciemat ha caído un 30% desde 2010, denuncian los firmantes del documento publicado hoy por El País. A esta falta de presupuesto se suman las limitaciones de gasto al 50% hasta que se aprueben los presupuestos para 2018 y una “precariedad creciente” de parte de la plantilla, que en 2016 tenía 1.367 empleados. “Alrededor del 20% del personal del Ciemat está en situación precaria, con contratos laborales temporales durante tantos años que la situación se ha convertido en crónica, amenazando de forma inminente con una letal brecha generacional”, denuncian los firmantes. “Muchas líneas de investigación pueden desaparecer si los investigadores que las dirigen se jubilan sin que los que tienen unos años menos hayan siquiera consolidado sus puestos de trabajo”, añade el texto, al que también se han sumado científicos como Carlos Alejaldre, ex director general adjunto del reactor de fusión ITER y Emilio Muñoz, expresidente del CSIC, entre otros.
Lo más problemático, explican los firmantes, son las trabas burocráticas que hacen que ni siquiera se puedan gastar fondos que ya existen. En 2014 el Gobierno impuso a los organismos públicos un nuevo régimen fiscal de intervención previa que supuso la llegada de un inspector de Hacienda a cada OPI. Esta medida ha dejado a cada centro de investigación a merced de la interpretación de la ley que haga cada intervención y, en general, ha sumado meses de retraso a los procesos administrativos para comprar equipamiento y realizar contratos a investigadores, entre ellos jóvenes que llegan a pasar más de un año en el paro esperando a que se formalice su situación.
Estas “nuevas normas administrativas puede que sirvan para otros tipos de centros públicos, pero, en su conjunto, son letales para un centro de investigación dinámico y en constante interacción con la industria y con instituciones”, denuncian los firmantes. “Con voluntad política, sería posible aplicar soluciones eficaces inmediatas, como se ha hecho en etapas anteriores con independencia del signo político del Gobierno. Nos consta que estas soluciones cuentan con la comprensión de una amplia mayoría dentro del Congreso de los Diputados. Basta con que se tome conciencia política del enorme perjuicio que la situación actual está causando a un sector de importancia estratégica para entender la urgencia de poner en marcha unas pocas medidas normativas que pueden resolver estos gravísimos problemas. Y ello sin ningún coste presupuestario, es decir, manteniendo la estrategia actual de ajuste presupuestario. Excluir a los OPI del requerimiento de Intervención Previa, por ejemplo, sería una medida de efectos inmediatos y coste cero que podría, en combinación con algunas otras, salvar in extremis al Ciemat y a otros centros de I+D de un colapso inminente”, resaltan.
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