En el primero de los dos dictámenes motivados, el segundo paso del procedimiento de infración de la CE, el Ejecutivo comunitario solicita a España la "transposición correcta de los requisitos sobre contadores individuales en edificios de pisos, establecidos en la Directiva sobre eficiencia energética".
Dicha directiva exige la instalación de contadores de calefacción y de agua caliente en todos los edificios de pisos existentes -en aquellos casos en que sea rentable y técnicamente factible- mientras que las medidas de transposición nacionales establecen esta obligación solamente para quellos construidos después de 2007.
En octubre de 2017, Bruselas remitió a las autoridades españolas una carta de emplazamiento y ahora la Comisión avanza hacia la siguiente fase del procedimiento de infracción.
"Las autoridades españolas disponen de dos meses para subsanar las deficiencias señaladas en el dictamen motivado; de lo contrario, la Comisión puede llevarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", indicó la CE.
En cuanto al segundo punto, relativo a la calidad del combustible, la CE remitió un dictamen motivado a España y otros nueve Estados miembros (Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Finlandia, Grecia, Letonia, Rumanía y el Reino Unido) por no incorporar la normativa de la Unión Europea (UE) sobre la calidad de la gasolina y el gasóleo a su ordenamiento jurídico.
Las reglas europeas establecen normas para calcular y notificar las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y de otros tipos de energía procedentes de fuentes no biológicas.
Dicha regulación tiene por objetivo "obtener información con un nivel suficiente de exactitud, de forma que la Comisión pueda evaluar el comportamiento de los suministradores de combustible a la hora de cumplir sus obligaciones a tenor de la Directiva sobre la calidad del combustible", señaló el Ejecutivo comunitario.
Esa Directiva aspira a conseguir una reducción del 6 %, como mínimo, de la intensidad en gases de efecto invernadero del combustible y la energía suministrados de aquí a 2020, agregó el Ejecutivo comunitario.
Los Estados miembros tenían hasta el 21 de abril de 2017 para incorporar a sus legislaciones nacionales las normas de la UE para el cálculo y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Tras una carta de emplazamiento enviada a los citados países en mayo de 2017, la CE les da ahora dos meses para reaccionar, so pena de llevarles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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