Categories: Noticias Ambientales
      Date: feb  7, 2018
     Title: España: La contaminación del aire se convierte en arma política arrojadiza entre el Gobierno y los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona

Madrid y Barcelona exigen al Gobierno "lealtad" y acabar con las ayudas a los coches diésel. Tejerina acusa a Madrid de ocultar al Gobierno el veto a los coches viejos en episodios de alta contaminación y dice que el Gobierno no remitirá a la UE nuevas medidas para evitar la denuncia por contaminación atmosférica.



Los ayuntamientos de Madrid y Barcelona han contestado este miércoles a la ministra de Medio Ambiente, Agricultura, Alimentación y Pesca, Isabel García Tejerina, que culpó a estas ciudades de ser las únicas responsables de incumplir con Bruselas en materia medioambiental. Las responsables de Medio ambiente de ambas ciudades, Inés Sabanés y Janet Sanz, han exigido que el Gobierno de Mariano Rajoy comience a implementar medidas atendiendo a sus competencias para luchar contra la contaminación que causa en España 24.000 muertes prematuras al año.

"Le cuesta pactar y enfrentarse a la industria automovilística", ha espetado Sabanés contra la ministra Tejerina. Además, la edil ha recortado que "hay cuestiones que las ciudades no podemos resolver" y ha reclamado junto con su homóloga de Barcelona medidas concretas a favor de los coches menos contaminantes o más inversión al transporte público e infraestructuras en este sentido. Este mismo miércoles en la sesión de Control del Congreso de los Diputados la ministra ha cargado contra las alcaldías de Manuela Carmena y Ada Colau y les ha culpado de la mala calidad del aire de las ciudades.

"El control de calidad del aire corresponde a los ayuntamientos. Aún así, el Gobierno está aportando soluciones para reducir la contaminación de suelo, agua y aire todo lo posible, supliendo la carencia y dejadez de otras administraciones responsables", ha declarado Tejerina en la sesión de control. "Duelen las declaraciones altisonantes en estos momentos donde nos jugamos los compromisos con Europa", ha lamentado la edil de Ahora Madrid.

Las concejalas han exigido "lealtad" al Estado frente a la "oposición" que está haciendo en materia medioambiental. Como han explicado tanto Sabanés como Sanz, el Gobierno de Rajoy tiene competencias para "unirse en la lucha contra la contaminación". Entre ellas, la revisión del impuesto especial sobre carburantes eliminando las ventajas fiscales que favorezcan la compra de vehículos diésel o el incremento de la financiación del transporte público de proximidad "alcanzando como mínimo los niveles de 2010".

"La contaminación es una cuestión de Estado", ha asegurado la delegada de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona que se ha mostrado sorprendida de no estar invitada a la reunión que el Ministerio de Tejerina ha convocado para el próximo 22 de febrero y a la que sí acudirá Inés Sabanés por el Ayuntamiento de Madrid y a la que también está invitada la Generalitat de Catalunya.

Las ediles han tildado a la ministra Tejerina de "incompetente" por haber culpado a las ciudades de ser las responsables de la contaminación. "Primero rigor y luego prudencia, la que no se ha enterado de sus propias competencias es la ministra", ha espetado Sabanés. La edil de Barcelona, además, la ha acusado de no querer "sumar" y le ha emplazado a entregarle "todas las competencias" en materia medioambiental "si no quiere enfrentarse a ciertos lobbys".

Inés Sabanés ha recordado que los expedientes sancionadores de Bruselas contra España por incumplir las medias ambientales se abrieron durante el periodo de 2010-2015 y entonces en la capital gobernaba el PP. La media de todas las estaciones medidoras de España no llega al umbral máximo general de 40 microgramos de NO2 anuales, pero las de Madrid y dos de Barcelona, sí. Y empezaron a rebasar el límite nada más entrar en vigor la obligación, en 2010, con, por ejemplo, Ana Botella (PP) como alcaldesa de Madrid. Botella solicitó una prórroga y remitió un plan de choque considerado inválido por la Comisión Europea.

El Ministerio critica que se reunió con el Ayuntamiento de Madrid y éste no le explicó las medidas para endurecer el protocolo que anunció siete días después

La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha reconocido que les sorprendió «mucho» que el Ayuntamiento de Madrid no les informara de sus nuevas medidas contra la polución -como la de prohibir circular a los vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y a los diésel antes de 2006 en los episodios de alta contaminación- para que pudieran defender esa actuación ante Bruselas. La ministra, que hizo estas declaraciones en una entrevista en TVE, criticó que la cuestión «no es lo que cuento a la prensa sino cómo cuido la salud de los ciudadanos».

Sus quejas vienen porque siete días antes de ir a Bruselas se reunió con algunas CCAA y con el Ayuntamiento de Madrid, precisamente, para ver qué medidas estaban adoptando en este ámbito. El Ministerio explica a EL MUNDO que el pasado día 23 abordó con las comunidades de Andalucía, Asturias y Cataluña y con el Ayuntamiento de Madrid el cumplimiento de los objetivos en materia de calidad del aire establecidos por las legislaciones europea y española.

La finalidad, indican, era «analizar las medidas puestas en marcha por cada una de dichas administraciones de cara a la reunión del día 30 convocada por el comisario europeo de Pesca y Medio Ambiente, Karmenu Vella, a raíz de los dictámenes que recogen el incumplimiento de los límites de la Directiva de Calidad del Aire relativos al dióxido de nitrógeno (NO2) y Material Particulado (PM10) en nueve países europeos, entre ellos España.

«En ese encuentro, donde se pretendía conocer de primera mano las medidas adoptadas en cada ámbito territorial, el Ayuntamiento no comunicó su intención de revisar el protocolo incorporando nuevas medidas de circulación en el centro de la ciudad, lo que trasladó a los medios de comunicación el mismo día 30 en que una delegación del Ministerio informaba al comisario en Bruselas», lamentan en el equipo de Tejerina.

El Consistorio dice que "aún no hay borrador"

En el Consistorio admiten la reunión del día 23, pero aclaran que «se habló de las medidas que el Estado iba a presentar y no al revés». Desde el área municipal de Movilidad y Medio Ambiente manifiestan a este medio que tanto «la Unión Europea como el Ministerio tenían conocimiento de que el Ayuntamiento estaba revisando el protocolo» y añaden que, «en cualquier caso, lo que se ha presentado es la línea de trabajo que se va a seguir para la modificación del protocolo», pero insisten en que -a pesar de haber anunciado medidas muy concretas- no era el borrador definitivo, «en el que aún estamos trabajando y que seguirá un primer proceso de análisis en la Comisión de Calidad del Aire y luego un periodo de consultas y de información pública, previo a su aprobación».

Por otro lado, el equipo de la alcaldesa, Manuela Carmena, denuncia que «la ministra Tejerina nunca ha accedido a reunirse con el Ayuntamiento de Madrid para hablar de la calidad del aire» y que, de hecho, «el Ayuntamiento comenzó hace meses una ronda de reuniones para pedir la colaboración del Gobierno central en esta materia y en primer lugar pidió una reunión con Tejerina, pero fue la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, quien recibió a Inés Sabanés».

Desde la concejalía de Movilidad y Medio Ambiente consideran que en esa reunión, «el Ministerio mostró poca voluntad de colaboración y dijo que no tenía competencias en el tema. Sin embargo, es la propia Comisión Europea la que reclama medidas directamente al Estado porque la realidad es que sí tiene competencias varias que afectan a la calidad del aire».

Lo que no oculta este cruce de declaraciones es que la Comisión Europea ha vuelto a tirar de las orejas a España por incumplir los niveles de contaminantes atmosféricos.

El Gobierno no remitirá a la UE nuevas medidas para evitar la denuncia por contaminación atmosférica

El Gobierno no tiene intención de comunicar a la UE medidas adicionales para tratar de evitar que la Comisión Europea denuncie a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por vulnerar los límites máximos comunitarios de contaminación atmosférica.

El comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, reunió el pasado 30 de enero en Bruselas a los nueve países infractores, entre ellos España, para darles un ultimátum: o le presentaban medidas efectivas para revertir sus incumplimientos –para lo que tenían como fecha tope el próximo viernes, 9 de febrero-, o la Comisión, que tiene abiertos contra ellos expedientes sancionadores desde hace años, los denunciaría y solicitaría que sean multados.

En el caso de España tienen abiertos siete expedientes, pero los incumplimientos fundamentales se dan en Madrid y el área metropolitana de Barcelona, donde se superan las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2), procedente de la quema de carburantes de los vehículos, y en el caso catalán también se excede en la emisión de partículas PM10, generadas por la industria y las eléctricas. Hay otros casos menores en Andalucía y Asturias.

La ministra de Medio Ambiente explicó este miércoles en el pleno del Congreso que España ya comunicó a Vella en la reunión del 30 de enero qué medidas se van a tomar para tratar de cumplir con los límites de contaminación, pero no indicó que vaya a utilizar el plazo adicional de esta semana para añadir nuevas acciones que minimicen la posibilidad de la denuncia.

García Tejerina señaló que, en enero, se le informó de las acciones de mejora que van a emprender los ayuntamientos y las comunidades autónomas, "que son los competentes para garantizar la calidad del aire", y de las medidas de apoyo que lanzará el Ejecutivo, contenidas en el Plan Aire II, aprobado en diciembre y que entre otras previsiones invertirá 276 millones en ayudas para la adquisición de vehículos limpios.

La titular de Medio Ambiente, no obstante, dejó muy claro que la responsabilidad de evitar las sanciones comunitarias es de los gobiernos municipales de Madrid y Barcelona, en manos de Podemos y sus confluencias, que son los competentes, "los principales focos de incumplimiento" y quienes tiene que tomar las medidas decisivas. El Gobierno, añadió, solo aporta soluciones adicionales "para suplir las carencias y dejadez de las administraciones responsables". Aún así, recordó que han gastado 1.200 millones en ayudas para adquisición de coches menos contaminantes y 2.000 millones en la eficacia energética de edificaciones.

García Tejerina demandó a las alcaldesas de ambas ciudades que "no se pongan de perfil", que "cumplan con sus obligaciones", y que "asuman y gestionen sus competencias", porque, aseguró, "está en sus manos arreglar el problema".

La diputada de Unidos Podemos Lucia Martín, que fue quien interpeló por esta asunto a la ministra en el pleno, recordó a García Tejerina que la UE a quien "ha llamado la atención y ha exigido acciones concretas para reducir la contaminación" es al Gobierno de España, que cree que oculta "su nefasta gestión" descargando ataques políticos en "los ayuntamientos del cambio", quienes, aseguró, a diferencia de sus predecesores, han tomado un amplio paquete de medidas para mejorar la calidad del aire.

Martín contestó a la ministra que si quiere que Madrid y Barcelona contaminen menos el Gobierno tendrá que cumplir con su parte. Entre las acciones que demandó están la mejora de la inversión en las infraestructuras de transporte público de estas metrópolis, que posibilitaría la bajada de tarifas y la minimización del uso del vehículo privado, y, sobre todo, algo que la UE le reclama desde hace años, la elevación de los impuestos a la adquisición de vehículos diésel, los que más NO2 arrojan a la atmósfera, que en España siguen privilegiados frente a los de gasolina, que son menos contaminantes.

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