Según informa EL MUNDO, esta ofensiva judicial afectaría también a la Policía Autonómica, quien, según explican los vecinos, debería de actuar para impedir que se siga ejerciendo la actividad.
El paso previo a tomar estas medidas ha sido la denuncia ante propia la Policía Autonómica, que se cursó el pasado 9 de enero. Allí el abogado de la Plataforma relataba la cronología de los hechos y exigía «apercibir por escrito a la APA de las consecuencias penales que conlleva la desobediencia de la resolución» del Consell, así como «que se proceda por parte de la Fuerza Pública a hacer cumplir la resolución citada».
«Todo ello se solicita, apercibiendo a los responsables de la Policía Autonómica de las consecuencias jurídicas que conllevaría no proceder de inmediato a notificar a la APA las consecuencias penales de su desobediencia», continúa el escrito.
Hasta ahora el Puerto ha hecho oídos sordos a la orden de paralizar la carga y descarga de graneles. En su resolución, el director general del Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer, imponía a la APA la suspensión cautelar de esta actividad al haber detectado que estaba superando los límites exigibles de contaminación y, además, no se habían puesto en marcha las medidas correctoras necesarias para impedir que las partículas llegasen a la ciudad. Más concretamente, que las pantallas móviles protectoras no superaban el tamaño de los acopios de material, cuando tendrían que ser un 10% más altas. Mientras esto no se solucione Medio Ambiente no quiere que la actividad siga.
En el Puerto sostienen que, según los estudios topográficos, las pantallas ya están correctamente situadas. También han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) la suspensión cautelar, aunque, según advirtieron fuentes jurídicas, el mero recurso no paraliza la orden hasta que no haya una resolución que la anule y permita a las empresas portuarias continuar.
Así sucedió, por ejemplo, cuando el exedil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, decretó la suspensión cautelar de los graneles, a pesar de que tampoco se detuvo en ningún momento la carga y descarga mientras el juez resolvía. Asimismo, en la APA aseguraron que a día de hoy un juez está autorizando la entrada de cada barco al Puerto, aunque solo consta que lo hayan hecho para un par de fines de semana.
La Plataforma también se ha puesto en contacto con el director territorial de Presidencia, Esteban Vallejo, para denunciar que han recurrido en múltiples ocasiones a la Policía Autonómica para paralizar los graneles «pero esto no se ha producido, habiéndose incurrido en una clara desobediencia». A continuación insiste: «A pesar de esta resolución de la Conselleria de Medio Ambiente y de las denuncias vecinales, la Policía Autonómica no ha procedido a paralizar la actividad en los muelles 11, 13 y 17, y a pesar de las mencionadas denuncias no consta que se haya requerido a la APA la paralización de las actividades con el apercibimiento legal».
Por todo ello solicitan la apertura «del atestado correspondiente», se «aperciba por escrito al Puerto» y «se proceda a cumpir con la resolución». «De lo contrario se exigirán responsabilidades jurídicas a la Policía y a los responsables políticos», concluye.
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