España deberá reducir un 26% sus emisiones de CO2 respecto a sus niveles de 2005 para 2030, en virtud del acuerdo alcanzado, que mantiene el reparto inicialmente propuesto por la Comisión Europea, según ha confirmado la institución y fuentes europeas.
Doce países tendrán que hacer un mayor esfuerzo que España. Se trata de Luxemburgo y Suecia, los únicos a los que les ha exigido reducir un 40% sus emisiones; Dinamarca y Finlandia deberán recortarlas un 39%; Alemania, un 38%; Francia y Reino Unido, un 37% cada uno; Países Bajos y Austria deberán recortarlas un 36%; Bélgica, un 35%; Italia, un 33% e Irlanda, un 30%.
Los objetivos nacionales se han fijado en función sobre todo del Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, a fin de garantizar una distribución justa de los esfuerzos para reducir las emisiones difusas, responsables del cerca del 60% de las emisiones totales en la UE en 2014.
Además, los países deberán ir reduciendo las emisiones de forma constante, en base a objetivos anuales y serán sometidos a dos evaluaciones de control, entre 2021 y 2030.
El acuerdo, que todavía debe ser confirmado formalmente por el Consejo y la Eurocámara y pretende contribuir al objetivo mas amplio que se ha marcado la UE de reducir un 40% sus emisiones en 2030-- contempla el mantenimiento de los mecanismos de flexibilidad actuales para ayudar a cumplir sus límites anuales a los Estados miembro, que podrán seguir por ejemplo prestando, transferir o acumular sus permisos de emisión anuales entre países, de un año para otro, durante el periodo 2021-2030.
Pero, además, se introducen otras dos flexibilidades, tal y como pactaron los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintiocho.
Los países que no han recibido una asignación de permisos de emisión gratuitos para las instalaciones industriales en 2013 en virtud del régimen de comercio de emisiones podrán beneficiarse de ellos para cubrir las emisiones difusas, así como aquellos países con metas superiores a la media. España no podrá beneficiarse de esta medida de flexibilidad.
Malta y Letonia, fundamentalmente, por sus circunstancias excepcionales, tendrán una asignación adicional de dos millones de toneladas de C02, en 2021.
La otra vía de flexibilidad propuesta permitirá a los países acreditar un volumen "limitado" por ciertas categorías de usos o cambios de uso de la tierra y la gestión forestal con el objetivo de apoyar al sector agrícola, que es el que más dificultades tiene de reducir sus emisiones. En este caso, España tendrá una flexibilidad máxima anual del 1,3% respecto a su porcentaje de emisiones en 2005, según consta en la propuesta de la Comisión.
Asimismo, se prevé una reserva de seguridad de 105 millones de toneladas de CO2 a partir de 2032, para ayudar a los países menos ricos en dificultad para cumplir sus metas, aunque sólo se podrá recurrir a ella bajo estrictas condiciones como que la UE cumpla su objetivo en 2030 y que los países recurran antes a los otros mecanismos de flexibilidad disponibles.
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