Se trata, según señaló la compañía, de una decisión “mediante la que se ratifica” la idea de reducir las emisiones de CO2 en un 50 por ciento en el año 2030 respecto a los niveles de 2007 y de ser neutra en carbono en 2050. La petición de la autorización para su clausura se realizará ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para ambas plantas, que suman una potencia de 874 megavatios.
La Sama-Velilla era un proyecto de Red Eléctrica de España que preveía construir una línea de alta tensión entre los municipios de Langreo (Asturias) y Velilla del Río Carrión (Palencia) atravesando la Cordillera Cantábrica plantea un doble circuito de 400 kilovatios que conectaría las centrales térmicas de Lada y Velilla, discurriendo durante 124 kilómetros por un total de 19 municipios.
El anteproyecto que en su día presentó el Ministerio de Industria y Energía por mediación de las direcciones provinciales de Industria de Asturias, León y Palencia, en agosto de 1984, recibió una fuerte contestación social que durante años desoyó REE que llegó a fijar su finalización en el año 2011.
Durante años, REE defendió la necesidad de la Sama-Velilla y recordó que Castilla y León no van a ser las únicas beneficiadas" por este tendido eléctrico, sino que a Galicia también le interesa la línea eléctrica porque si no su capacidad de evacuación por la cornisa se puede ver frenada.
En los últimos años, el ente energético había remarcado que la Sama-Velilla ya no era una prioridad en un contexto de recortes presupuestarios mientras que el gobierno de Asturias llevaba el proyecto a primera línea a pesar de contar con más de 27.000 alegaciones por parte de las zonas afectadas.
Un proyecto que ahora, Iberdrola entierra con la decisión del cierre de estas dos instalaciones térmicas.
Compromiso con las térmicas
En el caso concreto de las centrales de Lada y Velilla, Iberdrola señaló que su cierre no afectará al compromiso de la compañía con el empleo, ya que recolocará al 100 por 100 de la plantilla (90 empleados en Lada y 80 en Velilla).
Así será tanto en las labores de desmantelamiento de ambas plantas, que se extenderán durante cuatro años desde la fecha de aprobación de cierre por parte del Ministerio de Energía y supondrán una inversión cercana a los 35 millones de euros, como en otras instalaciones de la empresa. Las zonas ocupadas por Lada y Velilla serán a su vez objeto de una restauración paisajística.
De esta forma la compañía eléctrica ha decidido completar el proceso de cierre de todas sus centrales de carbón en el mundo, fuente de energía que, recordó, representa en la actualidad sólo el 1,8 por ciento de la capacidad total del grupo, que asciende a 48.062 megavatios (MW), y el 1,5 por ciento de la producción eléctrica en los nueve primeros meses del año en curso (1.596 sobre 102.494 gigavatios).
En contraste, subrayó, que “como reflejo de su apuesta por las energías limpias y la sostenibilidad energética”, Iberdrola ya cuenta con 28.778 MW de capacidad operativa a través de fuentes renovables de producción de energía, fundamentalmente eólica, tanto terrestre como marina (15.902 MW) e hidroeléctrica (12.756 MW).
Tras el cierre de las últimas plantas de carbón operativas la empresa añadió que “no incidirá en la seguridad del suministro eléctrico”, el porcentaje de la capacidad de producción de electricidad libre de emisiones del grupo quedará en el 68 por ciento, elevándose en España hasta el 76 por ciento”.
Baleares: Es Murterar
"El Govern balear pone en peligro el futuro de más de 500 familias". Así rezaba la pancarta que unos 200 trabajadores concentrados fuera de la central de Es Murterar, ayer por la tarde, sostenían de forma silenciosa para protestar contra el Pacte por su intención de cerrar la mitad de la planta antes del año 2020. Los sindicatos exigen una negociación para planificar el futuro de la fábrica de forma conjunta. Además, avisaron de que seguirán los paros si el Ejecutivo de Armengol no cambia de opinión.
Las graves consecuencias laborales ya las resumían en su pancarta: 500 empleos afectados, que evidentemente no tienen un fácil reciclaje profesional. Acusan al Govern de que si no tuviera tanta prisa, podrían intentar recolocarse.
Cabe recordar que la decisión final la tomará el Ministerio de Industria y Energía, pero la solicitud inicial proviene del Pacte. Si bien los trabajadores de Es Murterar asumen que la central térmica deberá cerrar, por los acuerdos de París, antes del año 2050, consideran que es una temeridad energética y laboral cerrar ya la mitad de sus generadores.
La decisión de Es Murterar, así como la reconversión de la central de Mahón, son medidas incluidas en el Plan de Transición Energética de Baleares, cuyo objetivo es la reducción de las emisiones de CO2 hasta alcanzar las emisiones cero en 2050. Es decir, se trata de ir hacia las energías renovables.
Sin embargo, los trabajadores acusan al Govern de «tirar la piedra y esconder la mano», ya que la Conselleria de Indusria inicia el proceso, pero como la última palabra la tiene el Ministerio de Industria, luego dará la culpa a Madrid de la pérdida de 500 puestos de trabajo, cuando realmente la ha creado, insisten, paradójicamente un gobierno de izquierdas.
Cierre progresivo
De hecho, ayer mismo, durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, su portavoz, Pilar Costa, en respuesta a una pregunta sobre las protestas de los trabajadores de la instalación, matizó que el cierre de la central de carbón de Es Murterar «no es una cosa de un día para otro» sino que se han iniciado las negociaciones con el Gobierno del Estado para el cierre progresivo.
Así, la hoja de ruta seguirá el próximo lunes, día en que el conseller balear de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, se desplazará a Madrid para reunirse con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, para conocer la respuesta del Ministerio a su propuesta.
Pons mantendrá dos reuniones con el secretario de Energía y en la segunda reunión, el conseller estará acompañado por representantes del sector de energías renovables de Baleares y productores con proyectos en las Islas.
La "guerra" del carbón
El debate sobre el final de las térmicas de carbón en España ha estallado. Y con virulencia. La empresa Iberdrola ha solicitado al Ministerio de Energía autorización para cerrar sus centrales térmicas de Lada, en Asturias, y Velilla, en Palencia, dentro del proceso de clausura de todas sus centrales del carbón en el mundo. El Gobierno dice que estudiará su propuesta; los ecologistas la saludan efusivamente diciendo que “este es el camino” para mitigar el cambio climático, y el PSOE en Castilla y León –ajeno a las promesas para reducir las emisiones de gases invernadero– lo rechaza.
La responsable del programa Clima y Energía de WWF España, Mar Asunción, valoró como “muy positivo que una eléctrica asuma ese compromiso”. Esta organización lleva pidiendo “desde hace tiempo” un calendario para el cierre de las centrales de carbón, algo que el Gobierno “no ha hecho”. El director de Ecodes, Víctor Viñuales, calificó de “fenomenal” la decisión de la compañía energética y destacó que “ese es el camino desde el punto de vista del cambio climático”. Viñuales, que animó a otras compañías a seguir el paso dado por Iberdrola, aseguró que con su decisión la compañía demuestra que “va por delante” del resto. Para el responsable de Ecodes, cambiar el ‘mix’ energético por una apuesta renovable es “bueno para la atmósfera y también para la salud”.
El Gobierno se lo estudia
El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha afirmado que “está estudiando” las solicitudes de cierre presentadas por Iberdrola y ha reiterado que su “voluntad” es la de aprobar una normativa para regular el cierre de las centrales de generación eléctrica. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, que ha buscado los apoyos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos para regular este cierre de centrales a través de una ley, aunque sin éxito, ha reiterado en varias ocasiones que esta decisión no puede depender únicamente de las empresas porque influye en la configuración del ‘mix’ energético, un tema que debe ser competencia del Parlamento y el Gobierno.
Los sindicatos UGT y CCOO han culpado tanto al Gobierno central como a sus políticas energéticas del cierre de la térmica de la localidad palentina de Velilla del Río Carrión.
Los sindicatos, en contra
El representante de la UGT en la zona, Carlos Mesa, ha apuntado que el cierre afecta alrededor de 150 personas, entre puestos directos y subcontratas, y que es la “gota que colma el vaso” para la comarca de Guardo, que ha perdido durante los últimos años más de 1.400 habitantes. Los sindicatos UGT y CCOO consideran que el cierre sería “un mazazo” para el poco empleo que queda en esta comarca del norte de Palencia y exigen a las administraciones y a Iberdrola un plan de reindustrialización antes del cierre.
Mesa dijo que esta noticia no es una sorpresa a la vista de las “desavenencias” entre las eléctricas y el Gobierno, que este año no ha publicado ningún decreto obligando a las centrales térmicas a comprar carbón autóctono.
Los socialistas, disgustados
El líder del PSCyL, Luis Tudanca, ha “exigido” al Gobierno que publique ya el decreto que impida el cierre de las térmicas que queman carbón nacional. El también portavoz del PSOE en las Cortes autonómicas ha lamentado, a través de un comunicado, el anuncio de Iberdrola de solicitar el cierre de sus centrales “que pone en peligro cientos de empleos y el futuro de las cuencas mineras”. Para Tudanca, esa decisión está motivada por la “incapacidad” del Gobierno de España de sacar adelante el decreto para impedir el cierre de las centrales térmicas, comprometido por el Ejecutivo hace un año, tras siete de años de “inacción” para defender el sector del carbón.
Otras voces, el IIDMA
Mientras tanto, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) pide al Gobierno de España que establezca como objetivo climático clave el abandono del carbón, para alinearse de esta manera con las prioridades de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas que está teniendo lugar estos días en Bonn.
“En España, los niveles de emisión de CO2 se han disparado desde 2011, siguiendo una tendencia contraria a la del resto de países de su entorno, en gran medida debido a la protección y ayudas otorgadas a las centrales térmicas de carbón, que han supuesto entre 2011 y 2017 un 51% del total de emisiones de CO2 del sector eléctrico, una de las principales causas del cambio climático”, señala Ana Barreira, directora de IIDMA.
“A pesar de todo, el Gobierno anunció recientemente la preparación de un real decreto para evitar el cierre de centrales térmicas, y mantiene un Plan Nacional Transitorio aprobado en 2016 que permite a estas centrales emitir contaminantes muy perjudiciales para la salud por encima de los límites establecidos por la Unión Europea”, añade.
Reducir las emisiones
“España debe seguir el ejemplo de países de su entorno y luchar contra el cambio climático decididamente, reduciendo sus emisiones de CO2 de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”, afirma Ana Barreira, directora de IIDMA, “Las centrales térmicas son uno de los principales focos de CO2.
En la conferencia de Bonn, uno de los debates prioritarios está siendo la necesidad de descarbonizar el modelo energético y la adopción de un modelo basado en energías renovables para lograr cumplir con las obligaciones del Acuerdo de París.
El Plan Nacional Transitorio para grandes instalaciones de combustión permite a los gobiernos eximir a algunas instalaciones de combustión de los valores límites de emisión vigentes, de forma excepcional, entre enero de 2016 y junio de 2020.
Dos semanas después de que el Consejo de Ministros enviara el Acuerdo de París a las Cortes Generales para su ratificación, el referido plan fue aprobado por ese Consejo el 25 de noviembre de 2016. “Las plantas han estado operando bajo los límites menos restrictivos del citado Plan desde enero de 2016, 10 meses antes de su aprobación por el Consejo de Ministros”, añade.
“A pesar de que la ley exige realizar una evaluación ambiental estratégica en estos casos, el Gobierno no lo ha hecho, por lo que el Plan contraviene nuestro ordenamiento jurídico. El Plan Nacional Transitorio incluye 29 plantas de combustión, de las cuales 9 están operando a una distancia no mayor de 5 kilómetros de lugares protegidos dentro de la Red Natura 2000. Dentro de las 29 plantas incluidas, 21 son centrales térmicas de carbón, que están emitiendo actualmente altos niveles de NOx, SO2 y partículas a la atmósfera, algo que no podrían hacer fuera de la excepción del PNT. Además, durante la elaboración del PNT no se cumplió con la exigencia de participación pública”, por lo IIDMA denuncia que ha faltado transparencia en el proceso y que no cumple con los requisitos del Convenio de Aarhus, del que España es parte.
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