La última en levantar la voz fue Fertiberia. La normativa en materia medio ambiental «nos tiene con la soga al cuello, y cada vez aprieta más», manifestó el director de la planta de Trasona, Jesús Alberto González, en los cursos de La Granda. Sus palabras transmiten el sentir mayoritario en la gran industria avilesina, agudizado tras la reciente aprobación de la revisión del Plan de Calidad del Aire, una serie de medidas dirigidas a reducir las emisiones contaminantes que una vez más carga sobre las empresas la práctica totalidad de la factura. En el caso de Avilés, 13,7 millones a desembolsar en tres años. «Quien contamina paga», manifestó el nuevo consejero del área, Fernando Lastra.
El plan señala que una parte significativa de las emisiones contaminantes proceden del tráfico, el principal foco en algunas zonas de la ciudad, como Llano Ponte. También hace hincapié en que únicamente dos de las estaciones de medición de la contaminación superaron el año pasado los topes legales y en un único agente, las partículas PM10, las de polvo, cenizas y hollín con un diámetro de hasta diez micrómetros. Son la de El Matadero, cuyos registros el mismo plan pone en cuestión en base a su ubicación –en la estación de Inspección Técnica de Vehículos, en el corazón industrial de San Juan de Nieva y a la misma entrada del puerto,– y la de las balsas de Asturiana de Zinc.
Las empresas esgrimen que si la lectura global de los datos de las estaciones constata que, salvo excepciones, las emisiones están dentro de los márgenes legales es gracias a las millonarias inversiones que realizan desde hace años, a la vez que observan exceso de celo en las inspecciones del Principado. En este sentido, la ahora ex consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, manifestó recientemente que desde 2015 se han abierto veinte expedientes a ArcelorMittal, cinco de ellos en los primeros cuatro meses de este año.
Las empresas «tienen que ser sostenibles y sostenidas» y si se rompe ese equilibrio, «nos quedará otra que hacer las maletas», añadió el director de Fertiberia, una de las señaladas en el Plan de Calidad del Aire. Además de imponer una serie de medidas encaminadas a reducir la difusión de partículas en suspensión, contempla revisar el próximo año su autorización ambiental integrada, en la que entre otros aspectos se establece el tope de emisiones contaminantes. También se revisarán las de otras empresas, casos de Asturiana de Zinc, Alcoa, Saint-Gobain Cristalería o ArcelorMittal.
Prealerta
La presión sobre la gran industria adquirió un nuevo tinte en 2015 a raíz de la primera de las dos situaciones de prealerta por contaminación decretadas en Avilés. Meses después, Belén Fernández anunciaba sanciones a varios operadores del puerto de Avilés por «prácticas inadecuadas o deficientes en la gestión de graneles», que días más tarde advertían que la presión de Medio Ambiente comenzaba a hacer mella en los tráficos del puerto, cuya actividad se señala como uno de los principales focos de partículas, y cifraba 79 el número de inspecciones realizadas en 2016, con once expedientes abiertos.
Los cinco entonces resueltos sumaron multas por importe de 260.000 euros. Las cifras contrastan con la de años anteriores. En 2015 habían sido veinte inspecciones de las que salieron ocho expedientes de los que cuatro aún permanecen abiertos, y 50.000 euros en sanciones. Mientras, en 2014 tan solo se llevaron a cabo cinco controles.
El escape de gases tóxicos de baterías de cok de Arcelor, a finales de abril, supuso una nueva vuelta de tuerca. El Principado las calificó de «emisiones no autorizadas que incumplen la autorización integral ambiental» y censuró la gestión del accidente, extremo que la multinacional rechazó tajantemente. Además de defender que actuó con la máxima diligencia posible, haciendo hincapié en que el escape se selló en quince minutos, calificó de contraproducente el cierre temporal de una parte de la instalación decretado por el Principado.
Tal decisión, indicó, dañaba las baterías, en la que la empresa ha invertido en los últimos años importantes cantidades para mantenerlas activas y reducir sus emisiones pese a que está previsto que cesen actividad en 2019. A partir de entonces la producción de cok se centrará en Gijón y Avilés se verá libre de un importante foco de contaminación.
Esfuerzo inversor
El propio comité de empresa subrayó el «esfuerzo inversor de la compañía» para mejorar las condiciones medioambientales y de seguridad en el trabajo. «Se dicen muchas cosas sobre la contaminación de baterías, pero todos somos conscientes de la reducción de la polución de Avilés», recuerda el comité.
Otra cosa es que aún quede un trecho por recorrer, como advierten una y otra vez los ecologistas. Queda por conocer la posible sanción a imponer a Arcelor, entre 200.000 y dos millones de euros, y los resultados de las diligencias incoadas por Fiscalía
El esfuerzo inversor de la gran industria de la comarca para reducir las emisiones contaminantes también fue reivindicado en unas jornadas sobre el asunto organizadas por la Cámara de Comercio. La normativa asturiana «es una de las más restrictivas del mundo y nosotros la cumplimos porque nos afecta. La Unión Europea fija unos plazos de cuatro años para alcanzar determinados índices y aquí se quieren alcanzar en seis meses», dijo Ana Santos, coordinadora de Seguridad y Medio Ambiente en Asturiana de Zinc, palabras a la postre avaladas por Belén Fernández. Asturias «es pionera» a la hora de adoptar medidas contra la contaminación. «Vamos por delante», manifestó el pasado mes de enero.
Asturiana de Zinc es otra de las empresas sobre las que se pone el foco. De los 13,7 millones en inversiones que recoge el Plan de Calidad del Aire 10,7 corresponden a la nueva nave de acopio de blenda que va a construir en el puerto avilesino. Asociada a un sistema de cintas que transportan directamente el mineral desde las bodegas del buque hasta la factoría, se suma a la inaugurada hace escasamente dos años, de idénticas características y coste similar, igualmente asumido en su totalidad por la multinacional.
«Alarmismo innecesario»
La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) también está preocupada por el asunto. Así, recientemente solicitó que se «eviten alarmismos innecesarios» y resaltó las «importantes inversiones» realizadas por las compañías. Entre ellas, la de Arcelor para instalar los sistemas necesarios para conectar su red de aguas residuales al colector construido al efecto, que sigue sin funcionar ante la falta de entendimiento entre Principado y Ministerio a la hora de definir su explotación. En este sentido, Arcelor ha advertido recientemente que el paso del tiempo y la inactividad dañan la instalación y que de cara a su puesta en marcha.
Los ecologistas por su parte, mantienen el pulso. Sostienen que la comarca de Avilés «es una de las más contaminadas de España», y atribuyen los registros de las estaciones medidoras que están «escondidas» y a que no registran los valores de todos los agentes contaminantes. Como ejemplo señalan a la de Salinas, «trasladada a Coto Carcedo, en la otro punta del concejo y sin sensor de azufre, principal agente contaminante en la zona». Las críticas a su gestión llegadas desde distintos ángulos llevaron a Belén Fernández a presentar a finales de junio su dimisión. Su sustituto, Fernando Lastra, daba poco a conocer poco después de su nombramiento el nuevo Plan de Calidad del Aire.
Las referidas revisiones de las autorizaciones ambientales integradas a negociar a partir del próximo año forman parte de un paquete de medidas en el que figuran desde instalar sistemas de protección de acopios de graneles y cámaras de vigilancia en el puerto y Arcelor a desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que informe de los niveles de contaminación y de hipotéticas situaciones de alerta o pre- alerta o desarrollar los planes de movilidad de Avilés y del centro de Asturias, aún sin definir.
Inversiones por valor de 1,7 millones de euros en el puerto
El Plan de Calidad del Aire señala al puerto como un foco emisor de partículas y le impone inversiones por valor de 1,7 millones de euros para reducirlas. Los esfuerzos principales se orientarán a ampliar y reubicar los apantallamientos en los muelles de Raíces y a reforzar los riegos de viales y acopio. En este sentido, a día de hoy están en servicio diecisiete cañones nebulizadores o de riego. La inversión anual del puerto en material medio ambiental supera con creces el medio millón de euros y están recogidas en un plan quinquenal (2014-2018) en base a un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de los Materiales (ITMA). En sus dos primeros destinó a tal fin 1,68 millones de euros. A modo de comparación, entre 2000 y 2013 se invirtieron en este campo 1,76 millones. Al margen de la Autoridad Portuaria, los operadores también han realizado importantes inversiones para reducir el impacto ambiental que genera su actividad, especialmente García Munté Energía.
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