La institución que preside Josep Andreu se muestra «prudente en el momento de hacer una valoración, ya que aún no se conocen los detalles de las condiciones en las que se aplicará la nueva tasa ni las consecuencias que podrá tener sobre la competitividad del puerto». Pese a ello, el enclave tarraconense afirma en un comunicado que es partidario de tomar medidas que «premien las buenas prácticas» en lugar de «gravar aún más la actividad portuaria».
Esta nueva tasa se pone encima de la mesa a partir de la Llei sobre el Canvi Climàtic, que aprobará este jueves el Parlament de Catalunya. El texto incluye dos disposiciones adicionales que deberán desarrollarse a partir del año que viene. Una hace referencia a un tributo que grava las actividades económicas contaminantes, mientras que el otro va dirigido a los grandes barcos, los que deberán pagar un impuesto de alrededor de 1.000 euros por cada tonelada de óxido de nitrógeno que emita en las maniobras de atraque y durante su estancia en el muelle.
"Los impactos negativos de una actividad deben gravarse"
Los diferentes grupos parlamentarios mantienen una opinión similar en el fondo. Sin embargo, discrepan en la forma. De hecho, la creación de este nuevo gravamen forma parte de las exigencias de la CUP a Junts pel Sí para sacar adelante los presupuestos de este año.
Desde Junts pel Sí, Ferran Civit, defiende que «no se trata de un escenario cerrado, ya que la Llei de Canvi Climàtic lo que hace es incluir dos disposiciones adicionales que ahora deberán desarrollarse desde el Parlament». Será en esta tramitación cuando se determinará quién deberá pagar este tributo y cómo va a hacerse. «Ahora mismo estamos en el inicio y no hay ningún escenario cerrado, pero debemos empezar a tener en cuenta que los impactos negativos de una actividad deben gravarse, y que se puede seguir siendo competitivo sin contaminar», defiende el diputado de L’Espluga de Francolí.
Además el Govern asegura que el dinero que recaudará la administración autonómica debe servir para implementar mejoras para impulsar la «transición energética».
Un sistema conjunto
Por parte de Catalunya sí que es pot (CSQP), la ponente ha sido la diputada de Cambrils, Hortènsia Grau. «Compartimos la forma, pero no que se tire adelante así», defiende. Pide que la Generalitat aborde en su conjunto la fiscalidad ambiental. Debemos tener un gran proyecto de ley de actividades económicas que generen gases de efecto invernadero», dice Grau.
El nuevo impuesto deberá entrar en 2019
Primero fue el de vehículos contaminantes, y ahora estos dos. «Es que puede ser que al final tengas dos o tres tributos sobre un mismo sujeto o que acaben pagando las pymes más que las grandes empresas», sigue explicando la diputada ecosocialista.
La posición que defiende CQSP es la propuso en sus enmiendas el Partit Socialista de Catalunya (PSC). Desde la formación socialista ha intervenido en el proceso el diputado Jordi Terrades. «Si no hacemos una ley que lo contemple todo, será difícil poder atar todos los cabos», defiende.
Terrades considera que «son los expertos en cambio climático los que deberán hacer propuestas en cuanto a la reducción de emisiones, y, en función de la ley de fiscalidad, que pueda haber unas penalizaciones o unos beneficios».
El proyecto de ley indica que el nuevo impuesto deberá entrar en 2019.
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