A pocos meses del fin del plazo, indica Ruano, «no tenemos noticias del plan nacional de acción», más allá de informaciones oficiosas sobre la redacción por parte del Ministerio de Fomento de un documento básico que completará el CTE y de materiales informativos sobre los mapas de riesgo elaborados por el Consejo de Seguridad Nuclear.
«No creo que la Administración tenga que subvencionar las actuaciones para reducir los niveles de radón en viviendas particulares, pero sí mejorar el conocimiento sobre las concentraciones de radón en beneficio de sus administrados», apunta el profesor de Epidemiología y Salud Pública de la USC. Ruano repasa los mecanismos de acción puestos en marcha por otros países, identificando posibles estrategias en mano de las administraciones que no requieren dinero público. «En Reino Unido, por ejemplo, hay empresas que miden radón. Es un dato privado, que remiten al particular interesado, pero en algunos estados las compañías tienen la obligación de comunicar de forma anonimizada que en ese código postal han hecho una medición que ha dado tanto, porque esto ayuda a nutrir los mapas y a orientar las acciones», ejemplifica. En Irlanda, prosigue, cualquier usuario puede introducir su dirección en una página web específica para conocer la probabilidad de concentraciones inseguras de radón en su área. En el caso de Estados Unidos, añade, el nivel de radón de una vivienda es uno de los factores que intervienen en la fijación de precios de venta.
A la espera del plan de acción estatal, Ruano subraya la colaboración de la Administración gallega. El convenio con Sanidade para ampliar las mediciones, apunta, supone un paso adelante: «Las 3.400 mediciones disponibles hasta la fecha son fruto de proyectos competitivos: quiere decir que hemos tenido que competir con otros investigadores para tener dinero para poder medir radón. Y nos cuesta mucho», declara.
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