En la denuncia, interpuesta ante los juzgados de Valverde del Camino (Huelva) y a la que ha tenido acceso Efe, se hace constar que estas nubes, registradas durante la primavera y el verano del 2016, provocaron "grandes molestias" a los ciudadanos de La Dehesa, en Minas de Riotinto, y Nerva que llegaron incluso, algunos, a formular denuncias ante la Guardia Civil y la Policía Local.
El fiscal dirige su denuncia no sólo contra la compañía, también contra su director facultativo y contra aquellas otras personas físicas o jurídicas cuya participación en los hechos denunciados resulte de la investigación.
La actividad de esta mina está sujeta a la Autorización Ambiental Unificada (AAU), otorgada por la Consejería de Medio Ambiente en marzo del 2014, así como a la resolución de reinicio de trabajos y concesión minera en enero del 2015, de la Consejería de Empleo.
El Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Toxicología (INT) de Sevilla, analizando la documentación de la empresa, determinó la superación de los niveles de emisiones de partículas sedimentables (PSD) en abril y mayo del 2016 y en partículas en suspensión (PST) en julio y agosto.
Sobre la calidad del aire, se indica la superación de los límites en partículas en febrero, marzo, junio, julio, septiembre y octubre del 2016, además los valores medios de cobre, zinc y arsénico, hasta diez veces en relación a otras poblaciones.
Por otra parte, agentes de Medio Ambiente constataron 'in situ' dicha situación los días 1, 8 y 9 de agosto del 2016 y en concreto cómo no se regaba ni humedecía la zona de estériles.
Esta realidad fue objeto de la apertura de un expediente sancionador por parte de la Junta de Andalucía, con una propuesta de multa de 105.000 euros.
Desde la Fiscalía consideran que ha habido una "insuficiente o defectuosa ejecución" de las medidas establecidas en la AAU que provocó, al menos durante esos días, las citadas nubes de polvo y por ello solicita la práctica de diligencias como la declaración de los denunciados en calidad de investigados por los hechos y delito reseñados.
Asimismo, ha informado de la incoación de la causa penal a la Administración para que suspendan el expediente y le pide que le informe de su estado actual y le remita nuevos informes técnicos en relación con las mediciones realizadas desde marzo del 2017.
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