La Unión Europea (UE) prohíbe el uso de dispositivos que falseen las emisiones de óxidos nitrosos (NOx) en las pruebas de laboratorio, de forma que estas sean más elevadas durante la conducción real. Para la Comisión Europea, el empleo de este tipo de software solo es justificable si es necesario para proteger el motor durante las pruebas o para que el vehículo pueda ser operado con seguridad.
Tras el escándalo por el trucaje de emisiones que afectó a vehículos diesel del grupo Volkswagen en 2015, Bruselas pidió a los Estados miembros que llevaran a cabo las investigaciones necesarias para determinar si dispositivos similares habían sido empleados en coches a la venta en el mercado único.
A través del procedimiento de infracción iniciado este miércoles, la CE pide a Italia aclarar por qué Fiat Chrysler no ha justificado de forma suficiente "la necesidad técnica" -y, por tanto, la legalidad- de este tipo de dispositivos en sus pruebas de laboratorio. El Ejecutivo comunitario quiere determinar, además, si Italia no cumplió con su obligación de adoptar medidas correctivas e imponer sanciones a la compañía.
Según la legislación europea, los países son responsables de comprobar que un modelo de coche cumple con todos los estándares comunitarios antes de ponerlos a la venta en el mercado único. "Cuando una empresa incumple los requisitos legales, las autoridades nacionales deben emprender acciones correctivas y aplicar sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas", ha recordado Bruselas.
La comisaria europea de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Bienkowska, ha alertado de que las empresas automovilísticas han tratado "de forma laxa" las pruebas de emisión de gases y ha asegurado que los escándalos recientes "han demostrado que la responsabilidad de hacer cumplir la ley (...) no puede recaer únicamente en los Estados miembros". Italia dispone ahora de dos meses para responder a las cuestiones planteadas por la CE.
El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo comunitario abrió expediente a España y otros seis países de la UE -entre ellos Alemania y Reino Unido- por no haber sancionado a Volkswagen por el fraude en las emisiones de los vehículos diesel como establece la normativa comunitaria sobre la homologación de vehículos, después de que se detectara en septiembre de 2015 que el fabricante utilizaba un software ilegal para superar los test de emisiones.
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